El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó su nueva Estrategia País 2025-2028 para Argentina, un plan que contempla US$ 10.000 millones en financiamiento durante los próximos cuatro años. El organismo multilateral respaldó las reformas económicas del gobierno de Javier Milei, pero alertó sobre riesgos estructurales vinculados a la fragilidad de las reservas internacionales y la falta de mayorías legislativas para aprobar reformas clave.
La estrategia fue diseñada en conjunto con el Gobierno argentino y define tres pilares fundamentales: reformas fiscales para mejorar la sostenibilidad del gasto público, liberalización económica para desbloquear la inversión privada y programas sociales para acelerar la reducción de la pobreza.
Financiamiento público y privado
El paquete financiero se distribuye en dos grandes segmentos: US$ 7.000 millones serán canalizados directamente por el BID para respaldar iniciativas del sector público, mientras que BID Invest -el brazo del organismo orientado a empresas- movilizará US$ 3.000 millones para fortalecer la inversión privada. Este financiamiento no es de libre disponibilidad, sino que está sujeto a las aprobaciones del organismo y los desembolsos se liberan según el ritmo de ejecución de los programas.
El cronograma de desembolsos establece un mínimo de US$ 3.000 millones para 2025, US$ 2.500 millones en 2026, US$ 2.600 millones en 2027 y la misma cifra en 2028. Sin embargo, considerando los repagos de capital e intereses, el flujo neto que recibirá Argentina será de apenas US$ 700 millones en total durante los cuatro años.
Para 2025, el BID ejecutará cinco proyectos específicos por US$ 3.000 millones, de los cuales ya se desembolsó un tercio del total. El primero consiste en la reforma de subsidios al transporte puesta en marcha a principios de año para mejorar el acceso de los sectores más vulnerables. El segundo fue un desembolso de US$ 500 millones para apoyar el acuerdo con el FMI, ya concretado. Los tres restantes incluyen la reforma tributaria para mejorar la recaudación, una reforma regulatoria orientada a facilitar la operatoria empresarial y un programa para hacer más eficiente al PAMI.
En el ámbito tributario, el organismo identificó que Argentina enfrenta una elevada presión tributaria derivada de impuestos distorsivos. En las últimas dos décadas, la presión tributaria federal se incrementó del 16% al 25% del PIB, mientras que la provincial pasó del 3% al 5% del PIB. El BID asistirá a la ARCA en programas de eficiencia y simplificación administrativa para reducir la dependencia de estos tributos y eliminar exenciones que limitan la capacidad recaudadora.
En materia regulatoria, el banco apoyará reformas para modernizar el marco normativo, considerado "desactualizado", con especial énfasis en los sectores de minería y energía. En el sector eléctrico se avanzará en la focalización de subsidios y la optimización de tarifas, mientras que en infraestructura se buscará mejorar la calidad de los servicios de transporte y logística.
Por el lado de BID Invest, el financiamiento privado se orientará hacia la expansión de infraestructuras sanitarias y de salud, proyectos de conectividad física, ampliación de la matriz energética y modernización productiva en sectores estratégicos como manufactura y agronegocios. Esta división del organismo también facilitará el acceso a instrumentos de cobertura y apoyará el desarrollo del mercado de capitales local.
Para atender los déficits sociales, el banco prevé la reforma de programas de transferencias monetarias a población vulnerable, en particular a hogares con mujeres embarazadas y niños, la focalización de servicios públicos de cuidado a la primera infancia y el fortalecimiento de la atención primaria de salud.
"La Estrategia País 2025-2028 refleja nuestro compromiso de largo plazo con Argentina. Trabajaremos junto al Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para promover un crecimiento económico sostenido y resiliente liderado por el sector privado", afirmó Viviana Alva-Hart, representante del BID en Argentina.
Diagnóstico económico con luces y sombras
El BID reconoció los avances logrados en materia de consolidación fiscal, destacando que Argentina alcanzó el primer superávit fiscal tras 14 años de déficit y eliminó el déficit cuasi-fiscal del Banco Central. Estos logros permitieron reducir significativamente las tasas de inflación y anclar las expectativas inflacionarias en 23% anual para 2025.
No obstante, el organismo identificó desafíos persistentes. En el plano social, la tasa de pobreza cayó de 52,9% en el primer semestre de 2024 a 38,1% en el segundo semestre, marcando un punto de inflexión. Pero la tasa de indigencia se mantiene elevada en 18,1% y más de la mitad de los niños entre 0 y 14 años se encuentran en situación de pobreza.
La informalidad laboral alcanza el 36,1% y la tasa de población económicamente activa se sitúa en 48,8%. Además, el 23,7% de las personas con discapacidad está en riesgo de pobreza financiera, en contraste con el 15,3% de la población sin discapacidad.
En materia de competitividad, Argentina mantiene una baja tasa de innovación, ubicándose en el octavo puesto en América Latina. La cantidad de empresas exportadoras de bienes retrocedió desde 14.444 a 9.567 en los últimos 14 años, un factor particularmente negativo para la productividad y la formalización laboral.
Riesgos y advertencias del organismo
El BID identificó riesgos macroeconómicos de naturaleza fiscal, externa y política que podrían comprometer la implementación de la estrategia. "Los tiempos de reformas clave pueden extenderse por falta de mayoría en el Congreso y la potencial fatiga social ante medidas de ajuste", advirtió el organismo.
La fragilidad de la posición de liquidez externa representa otro elemento de preocupación, dado el bajo nivel inicial de reservas internacionales del Banco Central. El documento alerta sobre la vulnerabilidad frente a shocks externos que deterioren los términos de intercambio o las condiciones financieras internacionales, lo que podría impactar sobre los costos operativos y el espacio fiscal.
En el ámbito tributario, el BID señaló que Argentina enfrenta una elevada presión tributaria derivada de impuestos distorsivos. En las últimas dos décadas, la presión tributaria federal se incrementó del 16% al 25% del PIB, mientras que la provincial pasó del 3% al 5% del PIB. El organismo asistirá a la ARCA en programas de eficiencia y simplificación administrativa para reducir la dependencia de estos tributos y eliminar exenciones que limitan la capacidad recaudadora.
La estrategia también contempla reformas para modernizar el marco regulatorio, considerado "desactualizado" por el BID, con especial énfasis en los sectores de minería y energía. En el sector eléctrico se avanzará en la focalización de subsidios y la optimización de tarifas, mientras que en infraestructura se buscará mejorar la calidad de los servicios de transporte y logística.
