El Gobierno nacional formalizó este viernes, a través del Boletín Oficial, los incrementos en las tarifas de los servicios de gas natural y electricidad. Estos tendrán una suba promedio del 4% para las facturas que reciben hogares, comercios e industrias y comenzarán a regir a partir del 1° de septiembre. Esta medida busca evitar que la inflación y la devaluación erosionen las actualizaciones tarifarias implementadas en la primera mitad del año, las cuales han permitido reducir significativamente el gasto en subsidios energéticos. Con las nuevas subas, los usuarios de ingresos altos, las industrias y los comercios deberán asumir un porcentaje mayor del costo real de la energía, acercando así los precios que pagan al costo efectivo de producción y distribución.
Los usuarios residenciales han sido segmentados en tres categorías según sus niveles de ingresos, de acuerdo con la política de subsidios vigente desde 2022. Estos grupos son: Altos ingresos (Nivel 1, N1), Ingresos medios (Nivel 3, N3) e Ingresos bajos (Nivel 2, N2). A partir de septiembre, las nuevas tarifas reflejarán un ajuste que variará según la categoría del usuario.
Los hogares de ingresos altos (N1), junto con las industrias y los comercios, pasarán a pagar el 72% del costo del gas y el 90,5% del costo de la electricidad. Los hogares de ingresos medios (N3) cubrirán el 32% del valor del gas y el 40% de la electricidad, mientras que los usuarios de bajos ingresos (N2) abonarán el 26% y el 25%, respectivamente. En los casos de N2 y N3, cualquier consumo que exceda un bloque determinado será facturado al mismo costo que paga un usuario N1.
En relación con la electricidad, el nuevo precio de referencia para los usuarios N1, las industrias y los comercios subirá de $58.596 el MWh a $61.526, lo que representa un aumento del 5%. Sin embargo, la Secretaría de Energía aclaró que el costo real de la generación eléctrica, sin subsidios, sería de $68.016 el MWh. Para los usuarios de bajos ingresos (N2), se mantendrá una bonificación del 72% sobre el precio de referencia, lo que se traduce en un costo de $17.227 el MWh para un consumo de hasta 350 kWh mensuales. Los usuarios de ingresos medios (N3) recibirán una bonificación del 56%, pagando $27.071 el MWh por un consumo de hasta 250 kWh mensuales. En ambos casos, cualquier consumo que exceda estos límites será facturado al costo de un usuario N1, es decir, al 90,5% del costo real de la generación eléctrica.
El Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo ha señalado que la política de ajuste en las tarifas de servicios públicos es parte de una estrategia más amplia para ordenar los precios relativos y avanzar en la reducción de subsidios, en línea con la desaceleración de la inflación. "A los fines de garantizar un suministro de gas sostenible y equitativo para todos los usuarios, evitar el desabastecimiento y asegurar la viabilidad económica del sector energético, el Gobierno Nacional fijó los nuevos valores de producción de gas que se trasladarán a los usuarios", explicó la Secretaría de Energía en un comunicado oficial.
En este sentido, la estrategia del Gobierno incluye un monitoreo constante de la inflación. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación de julio se situó en el 4%, un nivel que el Ministerio de Economía espera que continúe bajando, especialmente tras la reciente reducción del impuesto PAIS en septiembre. "La reducción del impuesto PAIS en septiembre permitirá que la inflación baje otro escalón", sostuvo un alto funcionario del Ministerio.
A nivel nacional, el aumento promedio en las facturas de gas y electricidad será del 4%, aunque se espera que este incremento sea compensado parcialmente por la disminución en el consumo de energía durante la primavera, debido a las temperaturas más altas. No obstante, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los usuarios también enfrentarán subas en otros servicios esenciales, como el agua potable y el saneamiento, donde las tarifas de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) se incrementarán en un 4,48%. Además, el costo de los combustibles aumentará un 3% promedio en todo el país debido a un nuevo diferimiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL).
El aumento en las tarifas también tiene un impacto directo en las finanzas públicas. Según un informe reciente del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Conicet, los subsidios al sector energético experimentaron un aumento nominal del 129% en los primeros siete meses del año, lo que implica una reducción del 40% en términos reales. El Estado transfirió $3,8 billones al sector energético hasta julio, con Cammesa recibiendo $2,2 billones y Enarsa, $1,5 billones, mientras que el resto se destinó al programa de incentivos Plan Gas.
Comparación con costos internacionales
En cuanto al costo del gas en la Argentina, se estima que el precio promedio es de US$4,77 por millón de BTU (unidad térmica británica utilizada en el sector). Este valor se desglosa en un promedio de US$3,50 por millón de BTU para la producción local, que cubre el 90% del consumo anual, y un costo promedio de US$15,50 por millón de BTU para las importaciones de gas natural licuado (GNL) y gas proveniente de Bolivia. Para los usuarios N1, el precio promedio del gas será de US$3,45 por millón de BTU, lo que representa un aumento de 15 centavos de dólar respecto al valor previo. Esta diferencia, aunque aparentemente pequeña, permitirá al Ministerio de Economía acercar el precio que pagan los usuarios al costo real del gas, reduciendo la carga de los subsidios.
Los usuarios N2 y N3 seguirán recibiendo bonificaciones significativas. Los N2 pagarán US$1,24 por un bloque de consumo subsidiado (antes US$1,19) y US$3,45 por el consumo excedente. Los N3 pagarán US$1,55 por el consumo base (antes US$1,48) y también US$3,45 por el excedente. Esto significa que los N2 cubrirán el 36% del valor de referencia del gas en su bloque subsidiado, mientras que los N3 cubrirán el 45%, lo que se traduce en bonificaciones del 64% y 55%, respectivamente.
A pesar de estos aumentos, todos los usuarios residenciales, tanto hogares como industrias, continuarán recibiendo subsidios, ya que el precio real de producir e importar gas durante todo el año es significativamente mayor. En términos simples, mientras que los N1 pagarán el 72% del valor del gas, los N2 pagarán el 26% y los N3, el 32%, con el Tesoro Nacional cubriendo el resto del costo.
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De cara al futuro, el Gobierno espera que la reducción de las importaciones de gas, en particular las de Bolivia, contribuya a una disminución del precio promedio del gas en el país. Gustavo Lopetegui, ex secretario de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri, explicó que "en 2025, con la reducción de importaciones a la mitad (nada de Bolivia y se mantiene el nivel importado de GNL de este año), ese precio promedio bajará a US$4,1 el millón de BTU, un 14% menos que este año". Esta expectativa se basa en un mayor autoabastecimiento y en la optimización de los recursos energéticos nacionales.
Además, el Gobierno está analizando el mejor momento para ajustar aún más los subsidios, con el objetivo de que los usuarios cubran el 100% del costo real de la energía. Este ajuste dependerá de la situación social y de la evolución de la inflación, que el Gobierno busca continuar desacelerando.
En resumen, la oficialización de estos aumentos en las tarifas de gas y electricidad forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para reducir el gasto en subsidios energéticos y avanzar hacia un esquema de precios más alineado con los costos reales de producción y distribución. Aunque los incrementos impactarán en el bolsillo de los consumidores, especialmente en el AMBA, el Ejecutivo espera que estos ajustes sean absorbidos en parte por la reducción en el consumo de energía durante los meses de primavera y verano, y por la continuidad de la desaceleración inflacionaria.
