El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la dirección de Federico Sturzenegger, comenzó a llevar el “examen de idoneidad” para los funcionarios públicos con contratos temporales. Esta iniciativa es parte de un ambicioso proyecto denominado "deep motosierra", cuyo objetivo es reorganizar la administración pública, disminuir su volumen y mejorar los niveles de eficiencia entre sus empleados.
El Gobierno determinó que 40.000 empleados de la planta transitoria, cuyos vínculos expiran el 31 de diciembre, deben someterse a una prueba de habilidades fundamentales para poder renovar sus contratos. No obstante, aprobar el examen es "necesario, pero no suficiente" para asegurar la renovación, la cual se determinará posteriormente según los “parámetros usuales”.
Esta evaluación se estructuró en tres categorías, según el tipo de funciones desempeñadas: "servicios generales", "administrativos" y "profesionales".
La evaluación se llevará a cabo en "etapas", comenzando con la primera etapa en Jurisdicciones y Entidades que operan regularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una estimación de aproximadamente 2000 exámenes diarios. Federico Sturzenegger comunicó que hasta el momento, 9.000 trabajadores realizaron el examen, logrando un 95% de tasa de aprobación en su primera tentativa.
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La evaluación de competencia fue diseñada con el propósito de garantizar que los empleados posean las habilidades adecuadas para cumplir con sus tareas. Sturzenegger destacó que esta acción tenía como objetivo crear un proceso no político, que fijara estándares claros y objetivos para la valoración de los funcionarios públicos, previniendo así contrataciones que dependieran únicamente de vínculos políticos.
Semanas antes de que comenzara el proceso, el Ministerio de Desregulación compartió en su página oficial los materiales de estudio y muestras de exámenes, lo que provocó un amplio debate en los medios. La evaluación tuvo una duración de una hora e incluyó preguntas de opción múltiple. Los exámenes se llevaron a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), situado en el centro de Buenos Aires, mediante el uso de computadoras o tablets.
Asimismo, el sistema aseguró tanto el anonimato como la transparencia en el proceso de calificación, ya que los resultados se gestionaron de manera automática. Los trabajadores contaron con la posibilidad de realizar hasta tres intentos para aprobar, siendo que una gran parte de ellos logró el objetivo en su primer intento.
La evaluación provocó una variedad de respuestas entre los funcionarios públicos. Sturzenegger destacó que muchos experimentaron nerviosismo previo a la prueba, pero sintieron una gran satisfacción al lograr aprobarla. Los sindicatos UPCN y ATE, representantes clave en el sector público, jugaron un papel activo en el proceso, ofreciendo clases de preparación y garantizando que las evaluaciones se llevaran a cabo de manera transparente.
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El Gobierno puso en relieve el papel de estos sindicatos en la optimización del proceso. A pesar de su oposición al principio, dos de los sindicatos más destacados del sector público, UPCN y ATE, se involucraron de manera activa en el proceso. Proporcionaron asistencia a los empleados mediante clases de preparación y se aseguraron de que las evaluaciones se llevaran a cabo de forma transparente y con un alto grado de profesionalismo.
Rodolfo Aguiar, líder de ATE Nacional, había comunicado recientemente que, de los 4156 empleados evaluados, 4002 lograron aprobar. “Parece que en el Estado los burros no somos los trabajadores, son los funcionarios que llegaron el 10 de diciembre del 2023. Fracasaron en este intento ilegal de seguir estigmatizando y desprestigiando el empleo público”, afirmó Aguiar a través de su cuenta en la red social X.
“Por lo tanto, debe ponerse a los trabajadores en ejercicio del derecho constitucional de estabilidad y tienen que ser incorporados en la planta permanente del Estado”, afirmó Aguiar en su publicación titulada ‘Al Gobierno le salió el tiro por la culata con los exámenes’. Asimismo, incluyó imágenes generadas por inteligencia artificial que representan al vocero Manuel Adorni, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al presidente Javier Milei, todos ellos presentándose a un examen.
“Tenemos que establecer un mecanismo que nos permita tomarle exámenes y dejar en evidencia su incapacidad de gestión, desde los directores hasta los secretarios, subsecretarios y ministros”, expresó el sindicalista.
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Este procedimiento es parte de una estrategia más amplia promovida por Sturzenegger, denominada "deep motosierra", que tiene como objetivo reformar la administración pública, disminuir su volumen y mejorar la eficiencia de sus empleados.
El lanzamiento de estos exámenes se enmarca en un panorama más amplio de reformas en el sector público, alineadas con la meta del Gobierno de disminuir el déficit fiscal y optimizar la utilización de los recursos públicos. De acuerdo con cifras oficiales, la cantidad total de empleados estatales pasó de 343.353 en noviembre a 305.688 en octubre, lo que refleja la reducción de 30.000 puestos de trabajo en lo que va del año.
El Gobierno llevó a cabo una fuerte simplificación en la cantidad de ministerios, reduciéndolos de 18 a solo 8, y suprimió un 33% de los cargos de alto nivel dentro de la administración pública. Al mismo tiempo, inició un proceso de evaluación de 300 direcciones y coordinaciones, con el objetivo de eliminar tareas que se consideraban redundantes o innecesarias.
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El proyecto "deep motosierra" abarcó también la revisión de entidades descentralizadas, tales como ARCA (anteriormente AFIP) e INDEC. La finalidad del Ejecutivo fue detectar funciones duplicadas, clausurar oficinas que se consideraran superfluas y reestructurar aquellas que pudieran ser absorbidas por la administración central.
Aparte de las evaluaciones de competencia, el Ministerio de Desregulación inició la implementación de nuevas políticas dirigidas a mejorar la gestión pública. Entre estas iniciativas se encuentra el establecimiento de un sistema de recompensas para las unidades que consigan reducir gastos del presupuesto asignado, fomentando así un uso más eficiente de los recursos públicos.
Asimismo, se consideró la opción de renegociar más de 50 convenios laborales en el sector público y ajustar las escalas salariales con el objetivo de disminuir las diferencias entre los diversos sectores del Estado.
El Gobierno llevó a cabo un estudio sobre cómo los exámenes influían en la renovación de los contratos laborales. A pesar de que obtener una aprobación era un requisito esencial, esto no aseguraba automáticamente la permanencia en el puesto, dado que cada departamento administrativo tenía la autoridad para decidir sobre la recontratación, dependiendo de su estado financiero y operativo.
