El estudio de abogados inglés Burford, que ganó un fallo judicial de USD 16.000 millones en el caso de la expropiación de YPF ante la corte de Nueva York, utilizó una reciente declaración del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para argumentar que YPF y el Estado Argentino son indistinguibles. Esta estrategia busca facilitar un potencial embargo sobre activos argentinos para asegurar el cobro de la sentencia.
En una declaración del 31 de julio, Kicillof afirmó que "los directivos de YPF son funcionarios de Javier Milei, tomaron decisiones por pedido de Milei". Esta frase fue pronunciada en medio de una controversia entre el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires liderada por Kicillof, la dirección de YPF bajo Horacio Marín, la petrolera malaya Petronas, y la provincia de Río Negro, en relación a la ubicación de una planta conjunta de licuefacción de GNL. La elección del puerto de Sierra Grande en Río Negro en lugar de Bahía Blanca exacerbó la disputa, deteriorando la posición defensiva de Argentina en el juicio por la renacionalización de YPF en 2012.
Kicillof acusó al presidente de presionar al directorio de YPF para que la planta se instalara en la Patagonia, privando a Buenos Aires de una inversión de más de USD 30.000 millones que, según el gobernador, ya había sido acordada por Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022 con Petronas. Esta es, al menos, la versión de Kicillof, quien responsabiliza al presidente por la pérdida de dicha inversión.
Al enterarse de la decisión final del directorio de YPF, Kicillof llamó a una conferencia de prensa donde lanzó esa frase. De nada sirvió que el directorio de la compañía aclarara que la decisión se tomó en base a un informe técnico de la consultora Arthur D. Little, que recomendaba el puerto rionegrino por sobre el bahiense. Para el gobernador bonaerense, la decisión fue estrictamente política.
El reclamo de Burford
En este contexto, el estudio de abogados inglés Burford solicitó formalmente quedarse con el 51% de las acciones de YPF, que pertenecen al Estado argentino, y embargar activos locales en el exterior. Estas medidas están avanzando en el tribunal de la jueza Loretta Preska, mientras Argentina intenta revertir la sentencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. A pesar de que las probabilidades de que Argentina pierda sus activos en la petrolera estatal son bajas, el pedido ha sido presentado formalmente.
El estudio Burford ahora espera que las declaraciones de Axel Kicillof refuercen su argumento de que YPF y el Estado argentino son lo mismo, lo que apoyaría la figura legal del “alter ego”. Además de las acciones de YPF, Burford ha señalado otros activos argentinos como posibles objetivos de embargo, entre ellos Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones; Enarsa, encargada de la importación y distribución de energía; y el Banco Nación, la principal entidad bancaria minorista de Argentina, con sucursales en Nueva York y Miami. Todas estas compañías están en la mira del gobierno de Javier Milei para una eventual privatización.
El caso se encuentra actualmente en la segunda instancia judicial de Nueva York, tras la apelación presentada por Argentina ante la Cámara de Apelaciones de esa ciudad, que decidió aceptar el reclamo. Se espera que este tribunal tome casi un año en resolver el caso. Mientras tanto, Burford busca asegurar el cobro de los más de USD 16.000 millones que la jueza Preska falló a su favor, avanzando en la identificación de activos susceptibles de embargo.
La causa tiene su origen en la decisión de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, basada en cómo el Congreso Nacional, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con Axel Kicillof como ministro de Economía, aprobó la ley que permitió al Estado tomar el control mayoritario de YPF sin respetar los derechos de los accionistas minoritarios.
