El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió que a partir de julio las tarifas de luz y gas no tendrán aumentos por inflación, aunque se continuará trabajando en un nuevo mecanismo de indexación mensual en las boletas. También se diferirá, como en mayo y junio, el incremento del impuesto a los combustibles (ICL) previsto para el próximo lunes.
El Gobierno busca no arriesgar la desaceleración de la inflación, que podría haberse interrumpido en junio, y por eso avanzará en la postergación de aumentos en rubros sensibles para los consumidores. Esto implica mayor presión futura sobre los precios minoristas pero un alivio a corto plazo en el bolsillo de los ciudadanos.
En las próximas horas, el Poder Ejecutivo publicará un decreto que diferirá el incremento del ICL pautado para el próximo lunes, como sucedió en mayo y junio. Desde el primero de julio, la suba del tributo se traducirá en un aumento de solo el 1% en los precios finales de la nafta y el gasoil, mucho menos que el 18% previsto, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.
Qué conlleva la decisión de Luis Caputo
La decisión de Caputo no solo busca garantizar el camino hacia la desinflación. El superávit fiscal conseguido hasta mayo y las perspectivas favorables de una sanción en el Congreso de las normas que permitirán mayor recaudación (Ley Bases y paquete fiscal) ofrecen un respiro al Palacio de Hacienda.
En caso de demoras en los proyectos del oficialismo o un posible fracaso legislativo se compensaría con ajustes, incluyendo subas mayores en el ICL, según el compromiso del Ministerio de Economía con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De todos modos, las petroleras -YPF, Axion, Shell y Puma- podrían trasladar a los surtidores el 2% correspondiente a la devaluación mensual del peso para no quedar rezagadas frente a los precios internacionales. Desde que asumió Javier Milei, los combustibles aumentaron más del 110% en promedio, recuperando parte del congelamiento mantenido durante la gestión de Alberto Fernández.
“Las empresas colaboran con el Gobierno en aumentar lo menos posible porque la mejora en la estabilidad de la macro les sirve más que cualquier otra cosa”, explicó un funcionario que dialoga frecuentemente con las refinadoras.
Qué pasa con los servicios públicos de energía
En cuanto a los servicios públicos de energía, el incremento postergado en julio afecta a los componentes de distribución y transporte, dos de los cuatro ítems de las facturas, además del costo de generación y los impuestos en todos sus niveles. La intención de Economía era implementar un mecanismo de actualización mensual para las tarifas de distribuidoras y transportistas, evitando que se retrasen en términos reales.
La idea original era actualizar estos ítems según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec desde mayo, pero Caputo decidió no implementar ese esquema y ahora trabaja en una indexación basada en las expectativas de inflación futura, que se aplicaría en los próximos meses. Los funcionarios consultados no dieron detalles sobre cómo será esta indexación ni cuándo esperan hacerla efectiva.
En el Palacio de Hacienda saben que el recorte en subsidios aplicado por la Secretaría de Energía de Eduardo Rodríguez Chirillo en junio tendrá un impacto fuerte en las facturas, especialmente para los usuarios de ingresos medios y bajos, quienes fueron el foco de la quita. A esto se sumará un mayor consumo estacional debido a las bajas temperaturas del invierno. El resultado serán facturas más abultadas, con subas superiores al 400% en el caso de la electricidad y del 1.000% para el gas natural.
