10 de noviembre 2024
16 de septiembre 2024 - 17:07hs

El Gobierno anunció este lunes la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), un trámite que hasta ahora era obligatorio para los camioneros de cargas en todo el país. La medida, presentada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, apunta a reducir la burocracia y los costos para los transportistas y las empresas de camiones, en línea con las políticas del Gobierno para agilizar los procedimientos administrativos.

La eliminación del LINTI impactará particularmente en los transportistas de cargas livianas y los pequeños contratistas, quienes ya no deberán tramitar una licencia adicional a la de conducir. La medida entra en vigencia dentro de 60 días y exime a los camioneros de realizar los exámenes de idoneidad y revisiones médicas anuales, que hasta ahora eran requeridos para obtener la licencia. El trámite del LINTI había sido apodado el “registro Moyano” debido a que, en sus inicios, las revisiones de salud se realizaban en clínicas vinculadas al sindicato de camioneros.

Este cambio ha sido recibido con opiniones divididas. Por un lado, las automotrices celebran la medida, ya que proyectan un aumento en las ventas de utilitarios y camionetas, vehículos que muchas veces eran conducidos por personas obligadas a obtener la LINTI, aunque no se dedicaran profesionalmente al transporte de cargas. Sin embargo, desde Fadeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas), han expresado su desacuerdo, argumentando que la eliminación de la licencia afectará negativamente la seguridad vial y la capacitación de los conductores.

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Roberto Rivero, director ejecutivo de Fadeeac, criticó duramente la medida: “El truchaje está de fiesta. Ahora, en la Argentina con sólo tramitar el registro de camionero en un municipio ya estás autorizado, sin necesidad de pasar por un curso como en España o Francia. Esto es una bomba para la seguridad vial”, afirmó el dirigente.

El LINTI representaba un costo anual de alrededor de $33.000 por la revisión psicofísica, y cerca de $96.000 por el examen de idoneidad para los choferes, lo que supone una pérdida significativa de ingresos para Fadeeac, que administraba estos exámenes a través de sus centros de capacitación.

Simplificación de trámites y eliminación de costos para transportistas

Además de la eliminación del LINTI, el Gobierno presentó otras medidas orientadas a desregular y simplificar el transporte de cargas en todo el país. Una de las modificaciones más significativas es la virtual eliminación del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), un trámite que hasta ahora era obligatorio para todo transporte que superara los 700 kilos de carga. Con el decreto 832/2024, se eleva este límite a 3500 kilos, eximiendo a una gran parte de transportistas de la necesidad de inscribirse en el RUTA.

El ministro Sturzenegger señaló que el RUTA, que se había implementado en 2003, era un trámite “absurdo y caro, que generaba costos innecesarios para los transportistas”. A partir de ahora, el registro será completamente digital, gratuito y no requerirá presencialidad para su tramitación. Según el funcionario, esto permitirá a los transportistas ahorrar dinero y evitar la pérdida de días laborales por trámites burocráticos. “Era un trámite puramente con fines estadísticos que ahora queda virtualmente eliminado”, declaró Sturzenegger.

El decreto también establece que el Estado deberá garantizar que ninguna disposición a nivel nacional, provincial o municipal interfiera o dificulte los servicios de transporte automotor de cargas interjurisdiccional. A partir de este cambio, los transportistas deberán cumplir solo con los requisitos mínimos de documentación, como la constancia de revisión técnica obligatoria, la licencia de conducir vigente y los seguros obligatorios.

Desde el sector automotor, las empresas y contratistas que utilizan vehículos livianos han aplaudido esta medida. Hasta ahora, los propietarios de vehículos que superaban los 700 kilos de capacidad de carga, como pick-ups y utilitarios, estaban obligados a tramitar el RUTA, aunque no se dedicaran al transporte profesional. Con la elevación de ese límite a 3500 kilos, miles de pequeños transportistas quedan liberados de esta obligación.

Desregulación del transporte y nuevas modalidades para el AMBA

El decreto 832/2024 no solo afecta al transporte de cargas, sino también a los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Gobierno anunció la desregulación de los servicios de oferta libre, que incluye a combis y minibuses, permitiendo a las empresas determinar la cantidad de servicios, recorridos y tarifas. Según explicó la Secretaría de Transporte, esta medida busca aumentar la oferta y la flexibilidad para los pasajeros, al tiempo que simplifica los trámites para las empresas.

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Federico Sturzenegger expresó que esta nueva modalidad responde a las necesidades cambiantes de los usuarios y que el Gobierno pretende eliminar las restricciones que impiden la libre competencia en el transporte. “El transporte se modifica de la mano de nuevas modalidades de prestación y necesidades de los usuarios. ¿Por qué el vehículo debería tener un tamaño fijado por un burócrata? ¿Por qué debería tener una regularidad si el cliente busca flexibilidad?”, señaló el ministro a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Con esta medida, las empresas de transporte podrán fijar sus propias tarifas y determinar sus rutas, siempre y cuando cumplan con los estándares mínimos de seguridad establecidos por la ley. Esto incluye la presentación de la documentación correspondiente a los seguros y las habilitaciones técnicas de los vehículos. A diferencia de los servicios públicos, que deben garantizar continuidad y regularidad en sus prestaciones, los servicios de oferta libre operarán bajo las condiciones del mercado, según la demanda y la oferta de cada empresa.

El decreto también establece las diferencias entre los servicios públicos y los de oferta libre. Los primeros deben garantizar el acceso igualitario a todos los usuarios bajo condiciones uniformes, mientras que los segundos son actividades comerciales que se desarrollan a riesgo del transportista o la empresa. Esta diferenciación permitirá que las empresas de transporte privado tengan mayor autonomía en sus operaciones.

La desregulación también afecta a los servicios urbanos y suburbanos en el AMBA. El decreto especifica que las empresas que presten estos servicios y cuyos recorridos se realicen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán continuar operando bajo los permisos actuales hasta que la Ciudad defina su propio marco regulatorio para el sector. La Secretaría de Transporte, como Autoridad de Aplicación, será la encargada de garantizar que los trámites para la inscripción en el Registro Nacional del Transporte sean lo más simples posible, reduciendo al mínimo las exigencias administrativas.

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