Las empresas argentinas enfrentaron en 2024 un panorama tributario municipal cada vez más complejo y oneroso. Un relevamiento de la Unión Industrial Argentina sobre 67 empresas radicadas en 346 municipios reveló que cada compañía pagó en promedio 7,4 tasas municipales, cifra que reflejó tanto el incremento de tributos como la variedad según provincia y municipio. El dato más alarmante fue que el 81% de estas tasas no tuvo contraprestación real, es decir, se cobraron servicios que no se prestaron o que no guardaron relación con el monto recaudado.
El estudio, presentado por el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y Carlos Abeledo, presidente del departamento de política tributaria de la entidad, mostró que el universo de las tasas municipales creció de 78 en 2023 a 84 en 2024. En algunos casos extremos, como en Aldea María Luisa (Entre Ríos), Pilar y Chascomús (Buenos Aires), las industrias enfrentaron hasta seis pagos distintos por locación.
El encuentro, que reunió a intendentes, autoridades tributarias subnacionales, referentes del sector industrial y más de 250 participantes virtuales, expuso la complejidad de un sistema que Argentina cuenta con 155 tipos diferentes de tributos distribuidos en sus tres niveles de gobierno: 45 nacionales, 25 provinciales y 85 municipales. Durante 2024 se crearon seis nuevas tasas a nivel nacional, consolidando un escenario que las empresas describieron como adverso para el desarrollo productivo.
"Las tasas municipales constituyen una carga fiscal que impacta en la competitividad de los productos argentinos y afecta especialmente a la producción formal", señaló Rappallini durante la presentación del informe. El dirigente industrial advirtió que una planta industrial no puede trasladarse por el aumento de los tributos locales, aunque sí puede influir en la elección de futuras inversiones. "La industria no tiene rueditas", graficó el empresario al referirse a la imposibilidad de las empresas de migrar constantemente entre municipios en busca de menores cargas tributarias.
La Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) ejemplificó el problema estructural. Representó uno de cada tres pagos municipales y se ubicó entre los diez tributos que más recaudaron a nivel país, con una recaudación equivalente al 0,7% del PBI. En 45 municipios de Buenos Aires, su alícuota promedio pasó de 0,79% en 2022 a 0,85% en 2024, lo que generó una doble imposición con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos al tomar la misma base imponible. La TISH tiene una recaudación similar a la de Bienes Personales o Derechos de Importación, pero a diferencia de estos, opera de manera descentralizada y con criterios dispares entre municipios.
Tasas sin servicios, un fenómeno en expansión
El análisis reveló tres problemáticas centrales que afectaron al sistema tributario municipal: la ausencia de contraprestación alcanzó al 81% de los pagos (era del 51% en 2021), la falta de proporcionalidad impactó en el 51% de los casos y la doble imposición se presentó en el 35% de los pagos. Estas dificultades se concentraron especialmente en la TISH, la Tasa de Habilitación de Actividades Económicas y la Tasa de Abasto. El aumento en la ausencia de contraprestación fue particularmente pronunciado: creció 30 puntos porcentuales en apenas tres años, lo que evidenció un deterioro acelerado en la relación entre lo que se cobra y lo que se presta.
Las diferencias regionales fueron extremas. Buenos Aires y Entre Ríos encabezaron la lista con promedios de 4,6 y 3,9 tasas por locación respectivamente, mientras que provincias como Catamarca, Chaco y Santa Cruz mostraron promedios cercanos a un pago por locación. La Pampa, Misiones y Jujuy experimentaron un aumento en la cantidad de tributos respecto a 2021, mientras que en 32 municipios la cifra alcanzó o superó los dos pagos por locación. A nivel provincial, 17 jurisdicciones superaron el 75% de pagos sin contraprestación, con Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Formosa y Jujuy presentando los mayores niveles de falta de proporcionalidad.
Las pequeñas y medianas empresas resultaron las más perjudicadas: registraron en promedio más pagos por locación (1,5 para micro y pequeñas empresas, 2 para medianas) que las grandes compañías (1,4). Esta diferencia se atribuyó a la mayor presencia de pymes en actividades con alta carga tributaria y a su menor capacidad de negociación con las autoridades municipales.
El sector agropecuario bajo presión
Un informe paralelo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa reveló el impacto específico sobre el sector agropecuario. La tasa vial destinada al mantenimiento de caminos rurales aumentó en promedio 40% medido en productos agrícolas, con incrementos de hasta 87% en trigo y 63% en soja en algunas zonas durante 2024. Los productores denunciaron que los municipios establecieron los valores de manera "arbitraria, sin justificación técnica ni planificación", en un contexto donde más del 60% de los caminos permanecieron en estado "regular a malo".
Los municipios con mayor presión fiscal por hectárea incluyeron a Chivilcoy, donde la tasa alcanzó los $17.321 por hectárea, equivalente a 91,2 kilogramos de trigo. Le siguieron Colón con $17.114 por hectárea, Necochea con $17.000, Mercedes con $16.500 y General Pueyrredón con $15.000. Los municipios bonaerenses recaudarán más de $165.000 millones por tasa vial en 2025, monto que permitiría comprar unas 800 motoniveladoras por año según los cálculos de Carbap, cuando algunos municipios apenas cuentan con una o dos máquinas operativas con más de 10 años de uso.
Buenos Aires cuenta con más de 120.000 kilómetros de caminos rurales de tierra, fundamentales para el transporte de granos, leche y ganado. A pesar del cobro de la tasa vial, la mayor parte de estas vías presentó deficiencias y el mantenimiento siguió sin mejoras significativas, lo que generó una desconexión evidente entre la recaudación y el destino de los fondos.
La situación se agravó con la proliferación de nuevas tasas sin contraprestación clara. En al menos 33 municipios de Buenos Aires se sumaron tributos por conceptos como seguridad rural, educación, servicios asistenciales, alumbrado, transporte e higiene a las boletas de la Tasa por Conservación y Mantenimiento de la Red Vial. Municipios como Carlos Casares y Alberti implementaron el cobro del alumbrado público como un porcentaje del consumo eléctrico, con tasas de entre el 10% y el 23%.
"En Carlos Casares, entre las tasas municipales, impuestos y percepciones de IVA e IIBB, los costos llegan al 70% de la energía consumida", alertó el informe de Carbap. La entidad denunció que los municipios establecieron los valores de manera "arbitraria, sin justificación técnica ni planificación, con diferencias de hasta ocho veces entre distintas jurisdicciones".
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La distorsión de un impuesto disfrazado
La TISH concentró las críticas por su naturaleza distorsiva. Al aplicarse como un porcentaje sobre ventas en el 73% de los municipios analizados, generó efectos similares al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y operó en cascada al ser de etapa múltiple y acumulativo. La tasa impactó en el 1,8% del precio final de los productos alimenticios y se ubicó entre los pocos tributos municipales basados en ingresos totales que existen a nivel internacional.
Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, defendió durante el encuentro el cobro de esta tasa. "La TISH tiene que tener una alícuota razonable" y "el servicio que presta la comuna no es solo la inspección", argumentó el mandatario comunal. Su posición contrastó con la de los empresarios, que reclamaron un marco fiscal más previsible.
La Tasa de Marcas y Señales, que gravó el traslado de hacienda, mostró disparidades aún mayores: mientras algunos municipios no la cobraron, en otros superó los $6.000 por animal. Florentino Ameghino encabezó la lista con $6.107 por animal, seguido por Tres Lomas ($5.418), Pehuajó ($5.146), Rauch ($4.832) y Rivadavia ($4.516). La recaudación estimada por esta tasa será de $26.776 millones en 2025.
El diagnóstico mostró un sistema tributario municipal que se alejó de su función original de financiar servicios específicos para convertirse en una fuente de ingresos generales. "Es fundamental impulsar un consenso fiscal que incluya a los tres niveles de gobierno, con una autoridad de aplicación clara y precisa", concluyó Abeledo durante la presentación del informe. Más del 60% de los caminos rurales permanecieron en estado "regular a malo" pese al fuerte incremento en la recaudación, lo que evidenció la desconexión entre los tributos cobrados y los servicios prestados.
