El texto también prevé sanciones específicas para los organizadores de estos cortes, haciéndolos responsables por los daños que puedan derivarse.
El proyecto presentado por Javier Milei busca intensificar las regulaciones en torno a las manifestaciones, imponiendo penas de prisión efectiva para aquellos que obstruyan el tráfico vehicular.
Asimismo, establece la obligatoriedad de notificar de manera "fehaciente" al Gobierno toda manifestación, otorgándole la facultad de oponerse por motivos de seguridad y proponer cambios en cuanto a ubicación y fecha.
Dentro de las modificaciones propuestas en el proyecto de ley enviado por el presidente Milei al Congreso, se incluyen nuevos controles y agravamientos de penas para quienes participen en cortes de calles mediante piquetes.
En este sentido, aquellos que obstaculicen el funcionamiento normal del transporte podrían enfrentar penas de hasta tres años y medio de prisión, un aumento con respecto al máximo de dos años contemplado en la legislación actual.
El texto también prevé sanciones específicas para los organizadores de estos cortes, haciéndolos responsables por los daños que puedan derivarse, incluso en el caso de aquellos que no estén presentes físicamente en la manifestación.
Un punto central en la propuesta de Milei para la reforma del Código Penal es la exigencia de notificar de manera "fehaciente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación" cualquier reunión o manifestación.
Se destaca que el ministerio tiene la facultad de oponerse a la realización fundamentándose en cuestiones de seguridad, pudiendo también proponer modificaciones en cuanto a horario, ubicación o fecha de realización. Sin embargo, no se especifica qué consecuencias podrían surgir si los manifestantes desestiman estas propuestas gubernamentales.
Incluso las manifestaciones espontáneas quedan contempladas en la ley, debiendo ser notificadas al Ministerio de Seguridad con la mayor antelación posible, actualmente a cargo de Patricia Bullrich.