La familia de Gustavo Penadés, imputado por varios delitos sexuales, criticó que la audiencia de control del jueves se hiciera en privado. "Cuando la verdad incomoda, siempre queda la tranquilidad de hacer las cosas en privado", escribió la familia del exsenador del Partido Nacional en un comunicado.
"Lamentablemente, se tomó la decisión de hacerlas en privado. Una decisión que desató que la audiencia se diera incluso en peores condiciones, pero esta vez sin los ojos de la población sobre ellos", agregaron los Penadés.
La quinta audiencia del control de acusación volvió a poner en evidencia el clima de desgaste, rispidez y reproches entre las partes. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en el reclamo de la defensa de Penadés para "purificar" el proceso y lograr el sobreseimiento de las imputaciones referidas a Javier Viana —una de las víctimas del caso que vive en España—, argumentando que las acusaciones en su contra están prescritas o caducaron en su posibilidad de ser denunciadas y que existe una "orfandad probatoria notoria".
El debate derivó en un durísimo cruce verbal entre la jueza de garantías del caso Marcela Vargas y los abogados defensores de Penadés, en el que la magistrada llegó a calificar la dinámica de la audiencia como un "conventillo" y les dijo a los abogados Homero Guerrero y Laura Robatto que "en vez de" plantear "un debate jurídico, hacen una performatividad en el ámbito público".
La familia del imputado defendió a sus abogados. "Se acusa a nuestra defensa de subir el tono. Lo que no entienden es que el tono ya no alcanza. Nuestra voz está quedando debajo de alguna mano que está haciendo que el proceso se desarrolle de esta manera, sin consecuencias para nadie", escribieron en el comunicado.
"Una mano (o un oído) que escucha las declaraciones inverosímiles de Viana, quien cambió su relato más de tres veces; que nombró cosas que no existían al momento de los supuestos hechos (celulares con cámara, Viagra, un edificio) y luego modificó su declaración para hacerla encajar con la realidad", añadió la familia.
"Queremos audiencias públicas, aún sabiendo que los relatos de los denunciantes son fuertes y chocantes (y que pueden ser utilizados para manipular la opinión pública), porque aun siendo así, no tenemos dudas de que esos hechos jamás ocurrieron. No por ser familiares de Gustavo, sino por la seguidilla de inverosimilitudes que presenta cada uno de esos relatos. El mundo tiene que saber lo que está pasando", sentenció el comunicado.
En la audiencia de este jueves, la defensa planteó que los hechos denunciados por Viana habrían ocurrido originalmente en 1999, cuando el denunciante tenía entre 22 y 23 años (y no era menor de edad), por lo que las acciones penales estarían extintas por caducidad de la instancia o prescripción, a más tardar en 2014.
Al momento de resolver, la jueza Vargas desestimó el planteo de la defensa. Explicó que no resulta viable aislar la figura o la declaración de una víctima puntual dentro de una causa que abarca una presunta dinámica sistemática y compleja. "No puedo agarrar una tijera y cortar a Viana y analizarlo. Esto hace que esto sea diferente a un hurto o una estafa. Supone otro tipo de análisis que las normas internacionales imponen que los jueces practiquemos", argumentó Vargas.
La jueza recalcó que en la etapa procesal actual no se evalúa la prueba plena sino la verosimilitud de los elementos presentados. Agregó que la supuesta falta de denuncia oportuna por parte de las víctimas debe analizarse bajo los estándares internacionales de derechos humanos en delitos de naturaleza sexual, considerando las situaciones de "asimetría de poder" y el temor que el acusado ejercía dada su relevancia política como legislador.
Tras el rechazo de la jueza al planteo, la defensa interpuso el recurso de apelación oralmente.
