"Nuevamente confirmamos la mezquindad de muchos legisladores en esta cámara", sentenció la diputada nacionalista, Fernanda Auersperg, al terminar la votación del artículo aditivo 128 en la Rendición de Cuentas, que proponía que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) pueda destinar hasta un 30% de los cargos docentes que queden vacantes —ya sea a causa de la supresión de cursos o por la disminución en la matrícula de alumnos— para que pasen a cumplir tareas como maestros de apoyo.
Al comentario de Auersperg le siguió una respuesta enfática del diputado cabildante Álvaro Perrone: "¡Deberían haber negociado si querían sacar artículos!".
Auersperg expresó su enojo ante la negativa para aprobar este y otros artículos aditivos —propuestos por la misma legisladora junto con otros diputados de la oposición— que ponían el foco en asistencias en educación y en materia de discapacidad.
En el plenario, la diputada nacionalista criticó especialmente el rechazo a votar la hoja aditiva 130, que contemplaba reasginar una partida anual de $ 500 mil, proveniente de Rentas Generales, hacia ANEP con el objetivo de financiar la adquisición y adaptación de materiales educativos al sistema Braille y formato macrotipo (letra ampliada), orientados a estudiantes de Educación Primaria con discapacidad visual.
La diputada contó a El Observador que la decisión de no votar estas hojas aditivas es "mezquina" porque, al menos, ocho de los diez artículos propuestos no tenían ningún costo extra y eran "de sentido común". Sobre este tema, había comentado, este viernes de tarde en su cuenta de X, que "las personas con discapacidad no son prioridad para el Frente Amplio ni para Cabildo Abierto" y que "tendrán que explicar" las razones de por qué no acompañaron los artículos.
Esto se debe a que fueron los legisladores de estos dos partidos quienes no acompañaron la votación que, por ende, no alcanzó las voluntades necesarias para la aprobación.
Auersperg había señalado específicamente al partido Cabildo Abierto por haber firmado inicialmente las hojas aditivas, pero, luego, elegir no votarlos. La firma presente en los aditivos es la de Silvana Pérez Bonavita, que no estuvo presente durante la votación de estos artículos, aunque su suplente, Gastón Roel, votó de forma negativa a estos artículos.
El edil nacionalista Nicolás Botana, que colaboró en la realización de los artículos junto con Auersperg, también criticó la falta de votación de los aditivos e hizo referencia al compromiso interpartidario —firmado en 2024—en materia de discapacidad. Según aseguró Botana, "el gobierno y su bancada deben dar explicaciones".
En la madrugada de este viernes, la Cámara de Representantes terminó de votar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas correspondientes al ejercicio 2025; que ahora pasará a votarse en Cámara de Senadores. El proyecto ya había sido aprobado de forma general el pasado martes 18 de agosto: la bancada del oficialismo había contado con el apoyo de Cabildo Abierto, por lo que el proyecto se aprobó con 50 votos en 99 diputados.
Por parte de la oposición reclaman que el proyecto "no tiene rumbo y no es consistente" a nivel económico y "no deja mucha cosa" en relación a los contenidos.
El diputado nacionalista, Pablo Abdala, lo expresó así, consignado por Subrayado: "Con relación a los contenidos, resalta la creación de la asignación única para la infancia, que está bien, pero nos parece que ha sido negativo que se revisara o se modificara el tema de las condicionalidades (...). No deja mucha cosa la rendición de cuentas en términos de que vaya a cambiar la realidad de los uruguayos y la realidad del país. (...) El gobierno puede salir airoso, pero nosotros seguimos creyendo que la estrategia presupuestal es muy mala".
Desde el oficialismo remarcan que "las prioridades fundamentales" quedaron incorporadas y que esto se logró "a través del diálogo".
"Se incorporaron esas cuatro prioridades fundamentales: los recursos para el combate a la pobreza infantil, atender la situación de la seguridad, reforzar la educación pública y avanzar también en la atención de las personas en situación de calle. Logramos las mayorías a partir del diálogo (...) Lamentablemente, no todos los partidos de la oposición marcaron esa tónica del diálogo", afirmó Joaquín Garlo, diputado del Frente Amplio consignado por Subrayado (Canal 10).
De qué trataban los aditivos en materia de discapacidad
El paquete de aditivos parlamentarios rechazados en la Rendición de Cuentas comprendía diez iniciativas estructuradas en tres ejes centrales de acción.
El primer eje apuntaba al fortalecimiento del empleo público y la fiscalización del cupo laboral. El aditivo 38 endurecía las sanciones ante el incumplimiento del 4% de vacantes reservadas en el Estado, contemplando la eventual destitución de jerarcas por omisión y la intervención obligatoria de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad en el diseño de concursos.
Por su parte, el aditivo 119 proponía la creación del Sistema Institucional de Gestión para la Inclusión Laboral en la Administración Central, imponiendo la designación de un referente, la creación de un equipo técnico especializado y la elaboración de planes de accesibilidad supervisados por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC).
En esa misma línea, los aditivos 120 y 121 facultaban a la ONSC a realizar un control previo y obligatorio sobre las bases de llamados a concurso en Entes Autónomos y Servicios Descentralizados para verificar el cumplimiento de cupos y ajustes razonables.
Un segundo bloque abordaba la protección de ingresos y la continuidad educativa. El aditivo 124 fijaba la priorización estricta de estudiantes con discapacidad moderada o severa en el otorgamiento de las Becas Butiá del Ministerio de Educación y Cultura.
De forma complementaria, el aditivo 127 establecía la compatibilidad plena entre becas de estudio públicas o universitarias y pensiones de protección social, impidiendo que la beca sea descontada o considerada renta para retirar beneficios. A su vez, el sustitutivo 135 modificaba las condiciones de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia para extender su cobro a mayores de 18 años con discapacidad severa e impedir que dicha prestación interfiera con las pensiones por invalidez o no contributivas.
El último grupo englobaba recursos financieros e instrumentos de apoyo directo en salud y educación. El aditivo 125 asignaba una partida anual de $ 20.000.000 al Ministerio de Salud Pública para implementar un servicio de interpretación virtual en Lengua de Señas Uruguaya (LSU) en el Sistema Nacional Integrado de Salud. En el ámbito pedagógico, el aditivo 128 facultaba a ANEP a reasignar hasta un 30% de las vacantes docentes en primaria hacia funciones de maestros de apoyo; mientras que el aditivo 130 otorgaba $ 500 mil a la ANEP para adquirir y adaptar textos escolares al sistema Braille y formato macrotipo destinados a niños con discapacidad visual.
