Manuel García-Mansilla no acompañó el pedido del presidente Javier Milei de mantenerse en su cargo en la Corte Suprema, al que accedió por un nombramiento en comisión, y presentó su renuncia al máximo tribunal después de que su pliego fue rechazado el jueves por el Senado. El ahora ex magistrado contaba solo con el apoyo del Gobierno.
Durante el fin de semana se multiplicaron los mensajes dentro del Gobierno de "bancar" a García-Mansilla debido a que el rechazo de su pliego no significaba que su nombramiento fuera ilegal. Incluso estaban preparados para remarcar que la Corte durante todo el 2024 se dedicó a analizar la constitucionalidad de los nombramientos en comisión y que el resultado de eso fue haberle tomado juramento antes del inicio del periodo de sesiones ordinarias.
El malestar de Javier Milei con Manuel García-Mansilla por su renuncia a la Corte Suprema
El malestar de Milei con García-Mansilla se debe a que considera que "no salió a bancar" al espacio que lo puso en la Corte. "Ya pagamos el costo político por ponerlo por decreto, no tenía motivos para renunciar", le dijo a El Observador una fuente con acceso al despacho presidencial que remarcó que el ex cortesano ya había dado muestras de eso cuando votó en contra del nombramiento del juez federal Ariel Lijo en el máximo tribunal.
La bronca, incluso, fue mayúscula después de que desde el Gobierno intentaron hacerle saber a García-Mansilla que iban a apoyarlo para que siga como ministro de la Corte. Algunos de los adjetivos que deslizaron miembros del Gabinete hacia el ex cortesano son irreproducibles, pero dejan claro el enojo con su decisión.
García-Mansilla.webp
Crece el malestar en el Gobierno con Manuel García Mansilla por su renuncia a la Corte Suprema.
La salida de Manuel García-Mansilla dejó expuesto a Javier Milei
Sobre todo cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le dedicó buena parte de sus últimas entrevistas a remarcar el apoyo total hacia García-Mansilla y la constitucionalidad de la forma en la que fue nombrado en el cargo. "El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los Candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable. Pero el último órgano que sanciona la constitucionalidad de un acto es la Corte Suprema; y la Corte ratificó los decretos del presidente Milei designando en comisión a García-Mansilla y al juez Lijo”, manifestó el funcionario.
francos.jfif
Crece el malestar en el Gobierno con Manuel García Mansilla por su renuncia a la Corte Suprema.
Francos, incluso, le recordó al juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que se había expresado en contra del nombramiento de García-Mansilla que fue uno de los que le tomó juramento. “A veces uno hace declaraciones que no tienen fundamentación con la propia historia”, manifestó el jefe de Gabinete.
La salida de García-Mansilla, además, se da en un contexto en el que el Gobierno viene de sufrir tres derrotas al hilo. La primera en el Senado, la segunda en los Estados Unidos con la reunión trunca con Donald Trump, y la tercera con los agravantes en Argentina de la volatilidad producto de las consecuencias de los aranceles que impuso el mandatario estadounidense.
Los motivos de la renuncia de Manuel García-Mansilla
En carta de renuncia, el ex juez sostuvo que el tribunal viene funcionando desde diciembre con solo tres miembros, situación que consideró “sorprendente” y que profundizó la parálisis judicial. “A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones”, expresó.
Renuncia CSJN - MJGM (07.04.2025) (2).pdf
Además, el ahora exintegrante del tribunal advirtió sobre la “falsa creencia de que la Corte Suprema puede funcionar con solo tres jueces”, lo cual calificó como un “espejismo institucional que puede causar un daño incluso mayor que el que ya ha causado la demora en integrar el Tribunal”.
“El funcionamiento con conjueces dista de ser el ideal. Se resuelven casos, sí, pero no en la cantidad y el ritmo que exige la Corte”, señaló. Y advirtió que la lentitud “afecta en concreto la actividad del Tribunal y, fundamentalmente, la vida de nuestros conciudadanos, que ven demorada la resolución de las disputas que someten a su decisión”.
