CFK recurrió a la Cámara Federal de Casación Penal para intentar frenar el avance sobre bienes y dinero. En ese marco y a contrarreloj, su defensa presentó recursos en los que argumenta que todos sus bienes tienen origen legítimo y por ende no pueden ser afectados a decomiso alguno.
Por un lado, contestó la intimación de decomiso que vence el miércoles y reclamó al TOF2 que se declare incompetente para llevarlo adelante. Y por otro, apeló ante la Cámara Federal de Casación el cálculo de actualización sobre el monto avalado por el Tribunal y reclamó que se declare la “nulidad absoluta”.
Bajo arresto domiciliario y condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta, la ex presidenta argumentó que su patrimonio y el de su familia, los Kirchner, es “absolutamente” legítimo y por ello carece de bienes que deban ser restituidos al Estado Nacional.
Además, planteó que en el tema patrimonial, el fuero federal es incompetente y, en todo caso, debería intervenir el fuero Civil y Comercial Federal.
¿Cuáles son los argumentos de Cristina Kirchner?
Según informó la revista Quorum, la ex presidenta manifestó en un escrito en primera persona y firmado junto a sus abogados Carlos Beraldi y Ary Lllernovoy que: “Debo manifestar que no tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables. En otras palabras, no tengo ‘bienes que sirvan a esos fines’ y que consecuentemente puedan ser ejecutados, tal como se desprende de la intimación que aquí respondo”.
“Lejos de ello, toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”, aseguró CFK. Y agregó: “Esta afirmación no es una elucubración defensista, sino se sustenta en pronunciamientos judiciales pasados en autoridad de cosa juzgada”.
“No puedo dejar de señalar que, seguramente, debo ser la persona que más veces fue denunciada e investigada a lo largo de la historia argentina. Durante este largo proceso de persecución que vengo padeciendo, y que lleva ya más de veinte años, distintas sentencias firmes demostraron el origen legítimo de los bienes que integraron el patrimonio de Néstor Kirchner y la suscripta”, indicó la ex presidenta.
¿Qué pasa si CFK no paga?
Pasada la mañana del miércoles, la caja de ahorros abierta a disposición de la Justicia en el Banco Nación seguía en cero.
Si nadie paga, será el inicio de un nuevo capítulo en el camino del que se considera un hecho inédito en Comodoro Py: el avance judicial sobre propiedades, cuentas bancarias y dinero ya cautelado para cumplir con el decomiso multimillonario a la ex presidenta y a los otros condenados por administración fraudulenta.
¿Cómo y cuándo se hará? Todo está bajo estudio de los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. En paralelo, analizan planteos contra esa medida que reciben de los condenados y que también deben resolver, como el que concretó la ex presidenta.
Un camino inédito
El monto resuelto corresponde al decomiso ordenado en la sentencia del 6 de diciembre de 2022, que originalmente era de 84.835 millones de pesos y fue actualizado por peritos de la Corte Suprema, basándose en el IPC del INDEC. Hasta la fecha, no se registró ningún depósito, lo que obligará a iniciar un proceso inédito en Comodoro Py: la ejecución de bienes embargados para cubrir la deuda.
La condena en Vialidad incluyó seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex presidenta, junto con la responsabilidad solidaria de los demás condenados -entre ellos Lázaro Báez, José López y Julio De Vido– para pagar el decomiso.
A diferencia de este caso, en la Ruta del Dinero K, el TOF4 impuso a Báez una multa de seis veces el monto del lavado de activos, unos 329 millones de dólares, además del decomiso de bienes y la condena a 10 años de cárcel.
Allí la ejecución ya está en marcha, mientras que en Vialidad recién comienza, con el desafío de localizar activos suficientes para cubrir una cifra récord.
El procedimiento incluirá el rastreo de propiedades, cuentas bancarias y sociedades vinculadas, tanto en Argentina como en el exterior.
¿Cómo se fijó el monto?
El Tribunal resolvió avanzar con la ejecución de una de las penas económicas más significativas dictadas en la historia judicial reciente de la Argentina. Mediante una extensa resolución, los jueces ratificaron la validez de la metodología de actualización del monto a decomisar, calculada por peritos de la Corte Suprema de Justicia y lo fijaron en 684.990.350.139,86 pesos.
El decomiso se dispuso como consecuencia de la “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”, advirtieron los jueces y se intimó “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”.
Cabe mencionar que la defensa de la ex presidenta planteó otra cifra: 42.000 millones de pesos, es decir, sólo un 6% del monto exigido por la Corte. El dictamen pericial alternativo presentado por su equipo introduce una diferencia que no es solo numérica: refleja dos visiones opuestas sobre cómo calcular el perjuicio económico al Estado.
¿Qué hará la Justicia si los condenados no pagan?
Como primer paso, se libró oficio electrónico al Banco Nación para la apertura de una cuenta judicial a nombre del Tribunal para ponerla a disposición durante 10 días de aquellos condenados que resuelvan materializar el pago.
Pero, ante la alta posibilidad de que no se concrete el depósito en efectivo, se ordenaron ya una serie de medidas para garantizar su cobro efectivo, incluyendo la ampliación de embargos sobre bienes inmuebles y nuevas directivas al Ministerio Público Fiscal (MPF) para que salga a buscar y tasar patrimonio.
En cuanto al rol del Ministerio Público Fiscal, el tribunal reiteró que goza de plena autonomía para llevar adelante medidas investigativas y diligencias necesarias para ubicar y resguardar bienes, sin necesidad de autorización judicial previa.
Corresponde que la fiscalía “avance en la identificación y localización precisa de los bienes referidos, a fin de garantizar las pretensiones manifestadas” y una vez hecho esto se evalúe el dictado de nuevas medidas cautelares al respecto.
La resolución también dispone la ampliación de todos los embargos sobre bienes inmuebles hasta cubrir el nuevo monto actualizado. Para ello, se instruyó a los registros correspondientes a que actualicen las anotaciones registrales, ordenando su prórroga o reinscripción definitiva en caso de haber caducado.
