Una fundación presentó una denuncia penal contra una red criminal vinculada al chavismo que persigue a exiliados en Argentina. La causa está a cargo del juez Sebastián Ramos.
Presentaron en Argentina una denuncia penal para que se investigue al régimen de Nicolás Maduro por persecución y hostigamiento contra venezolanos exiliados.
Una Fundación presentó en Argentina una denuncia penal para que se investigue la supuesta operación de una organización criminal dirigida desde Venezuela, acusada de realizar tareas de persecución y hostigamiento contra ciudadanos que se exiliaron tras romper vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.
El caso quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.
La denuncia, firmada por el legislador porteño Yamil Santoro y el abogado José Magioncalda, junto al responsable del área investigativa de la Fundación Apolo, Nicolás Silvera, y con patrocinio legal de Ignacio Falcón, fue presentada con el objetivo de que se investigue la presunta comisión de delitos de asociación ilícita agravada, encubrimiento y amenazas agravadas. En el escrito, a su vez, se argumentó que los hechos podrían constituir también crímenes de lesa humanidad en la medida en que estarían motivados por “razones políticas”.
Según informó la revista Quorum, los hechos descriptos se remontan al 2017, cuando Mery Erazo, madre de José Zambrano, decidió abandonar su puesto en una secretaría de jerarquía dentro del Ministerio de Cultura de Venezuela por miedo a represalias internas.
Erazo trabajaba en una dependencia dirigida por Adam Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, en un área considerada sensible por su posible involucramiento en la malversación de fondos públicos hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El régimen, sostuvieron los denunciantes, habría impedido su renuncia y bloqueado su salida del país para evitar posibles “filtraciones” de información que comprometieran a las autoridades.
La denuncia relata que Erazo se refugió primero en Ecuador junto con su hijo José Zambrano y su nuera. A esa migración se sumaron después David Zambrano (segundo hijo) e Ivanna Zambrano (hija), trasladándose en distintas etapas a Chile, Colombia y más tarde a Estados Unidos. En cada país, según se detalló, miembros de la familia habrían sido víctimas de intimidaciones directas, amenazas escritas y telefónicas, y seguimientos físicos.
Según los denunciantes, “está claro que el régimen pensó que Erazo se apropió de papeles que podrían llegar a demostrar la malversación, aunque esto nunca fue probado”. En ese marco, en el escrito hablaron de la recepción de “amenazas y amedrentamientos” del presunto grupo coordinado por el chavismo a través de “cartas físicas” y “mensajes de texto vía redes sociales” donde acusaban a Erazo de robar tales documentos.
La estadía de José Zambrano en la Argentina es central en la denuncia. El joven llegó al país con su esposa en enero de 2018 y vivió en Buenos Aires hasta mayo de 2024. Durante ese tiempo, habría sido blanco de hostigamientos constantes. En 2022 recibió una carta manuscrita en su domicilio que decía: “Sabemos el horario donde paseas a tu perra”. Ante esto, Zambrano denunció el episodio en una comisaría y luego presentó una exposición ante el Ministerio Público Fiscal.
Posteriormente, los llamados intimidatorios y amenazas en redes sociales aumentaron, incluyendo mensajes que detallaban información personal y actualizada de sus movimientos.
La denuncia afirmó que Zambrano fue incluido en una “lista negra públicamente conocida” del régimen venezolano dentro del marco de la llamada “Operación Tun Tun”, una serie de operativos iniciados por el dirigente chavista Diosdado Cabello para capturar y neutralizar opositores políticos. La inclusión en esta lista le fue confirmada a Zambrano por un conocido venezolano que le envió el documento donde constaba su cara junto a sus datos personales.
Para los integrantes de la Fundación Apolo, el Estado venezolano “se valió de criminales que actúan en forma organizada” para amedrentar, acosar y seguir a Zambrano y su familia con el fin de “negarle el derecho humano más elemental que existe: el derecho de vivir en paz y en democracia”. Una demostración de que “hay grupos de personas organizadas que se dedican a cometer delitos contra los ‘enemigos’ de un régimen dictatorial y se encuentran esparcidos en toda Latinoamérica, incluyendo Argentina”.
Uno de los puntos más graves planteados en la denuncia tiene que ver con el acceso que esta presunta red criminal habría tenido a información migratoria protegida. El escrito destacó que Zambrano y su pareja decidieron irse a través de una visa “por razones humanitarias” a los Estados Unidos luego de padecer “constantes amenazas dirigidas contra él y su familia”.
La Fundación Apolo planteó que las experiencias de la familia Zambrano no constituyen, en rigor, un hecho único y aislado. En el texto se mencionaron antecedentes como el caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, secuestrado en la ciudad de Santiago de Chile en febrero de 2024 y asesinado días después perpetrando un crimen que, según el Ministerio Público chileno, habría tenido motivaciones políticas y vínculos con el régimen venezolano.
En términos jurídicos, los miembros de la asociación civil apoyaron su presentación en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto de Roma y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), firmada por Argentina en el año 2002. El texto sostuvo también que los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar este tipo de acciones cuando se ejecutan en su jurisdicción.
La causa está en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar en la investigación y, eventualmente, imputar a los responsables. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la protección de los derechos humanos de los exiliados políticos en Argentina y en la región.
Ramos ya investiga una denuncia basada en el principio de justicia universal por delitos de lesa humanidad en Venezuela y en ese marco ordenó la captura internacional de Maduro, su segundo Diosdado Cabello y funcionarios de su gobierno.