El paquete de leyes de seguridad impulsado por el Ejecutivo comenzará a debatirse esta semana.
Los ministros Cúneo Libarona y Bullrich impulsan el proyecto de baja de la edad de imputabilidad.
El oficialismo buscará monopolizar la agenda de la actividad parlamentaria con el foco en la seguridad. En ese marco, la Cámara de Diputados comenzará a debatir el próximo miércoles el proyecto impulsado por el Ejecutivo que promueve la baja de la edad de imputabilidad a 13 años.
El proyecto que fue presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, busca establecer un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
En la antesala del debate el oficialismo se muestra confiado. Encuestas en mano, desde los despachos del oficialismo, aseguran que la inseguridad sigue al tope de las preocupaciones de la gente. “La puerta giratoria” y el kirchnerismo para buena parte de la sociedad son sinónimos y evocar la doctrina garantista del ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni unifica el discurso entre el PRO, los libertarios y una parte de la UCR.
En términos legislativos, la oposición arranca bien parada el debate. Pero, desde el bloque libertario son cautelosos. Saben que la construcción de mayoría puede tardar más de lo deseado y cruzarse con temas económicos, algo que la bancada que responde a Milei intentará conseguir.
El texto remitido por el Ejecutivo comenzará a tratarse en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda este miércoles a las 12.30 en el segundo piso del Anexo “C”.
La conciencia y la responsabilidad de los menores ronda el espíritu de toda la norma que remarca como uno de sus objetivos “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”
Dentro del texto se garantiza que durante todo el proceso “el adolescente imputado gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional” y establece, en conformidad con la doctrina vigente que “el juez y el representante del Ministerio Público Fiscal deberán velar en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por los delitos cometidos por los adolescentes”.
El texto establece de forma taxativa que cuando la pena prevista para el acto delictivo sea de entre 3 y 6 años de prisión, y no haya antecedentes se podrá reemplazar la pena de prisión por una amonestación; prohibición de contacto con la víctima o prohibición de conducción de vehículos, entre otras.
Dentro del marco punitivo propuesta que prohibida la reclusión o prisión perpetua y se establece un máximo para las condenas de 20 años.
Durante el miércoles la Cámara baja también comenzará a debatir en Comisiones el proyecto denominado “ley antimafias”. La norma que también impulsa el Poder Ejecutivo busca modificar el código penal y dar nuevo marco al abordaje integral sobre el crimen organizado.
El Gobierno ratificará el camino para imponer el debate sobre la inseguridad a tope de la agenda la próxima semana. Más allá del trabajo en Comisiones que seguirá con intensidad en la Cámara baja, el 7 de agosto el oficialismo llevará al recinto los proyectos sobre regularización de tenencia y entrega voluntaria de armas de fuego, y la ampliación del registro de delitos contra la integridad sexual.