El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, mantuvo reuniones separadas con los ministros de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires para avanzar en la adhesión al nuevo régimen que impulsa el Gobierno para que los argentinos utilicen los llamados “dólares del colchón”.
El encuentro con los funcionarios porteños —el ministro Gustavo Arengo y el jefe de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Gustavo Krivocapich— tuvo lugar a primera hora y fue calificado como “buena reunión” con una “actitud propositiva”. Sin embargo, desde el Ejecutivo local solicitaron tiempo para “analizar los detalles” del convenio de intercambio de información fiscal, y pusieron como condición que la iniciativa sea ratificada en la Legislatura porteña, donde el oficialismo es minoría y aún debe avanzar en la aprobación de un blanqueo similar para 2024. Esta exigencia refleja la complejidad política que enfrenta la implementación del plan en un distrito donde la oposición al Gobierno nacional es fuerte y fragmentada.
Por la tarde, Pazo recibió al ministro bonaerense Pablo López y al director de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard. Allí la posición fue más firme: el gobierno de Axel Kicillof mantuvo su rechazo a la adhesión hasta que el plan tenga respaldo legal, afirmando que “cualquier esquema de blanqueo debería contar con la aprobación de una ley nacional que garantice seguridad jurídica para contribuyentes y recaudadores”. Esta postura no sólo pone en evidencia las dificultades para avanzar con el plan en la provincia más poblada del país, sino también la necesidad de que se superen los escollos legales y normativos para brindar certeza a todos los actores involucrados.
Seguridad jurídica, la gran demanda
El debate principal gira en torno a la falta de un marco legal claro para la implementación del Plan de Reparación de Ahorros, que promueve que los argentinos puedan usar dólares no declarados para adquirir bienes registrables sin controles estrictos. Desde ARBA expresaron que el plan actual representa un “blanqueo sin ley”, ya que no se han modificado normativas fundamentales como el régimen penal tributario, el código fiscal ni las reglas de prevención de lavado de activos.
El director Girard advirtió que “hasta ahora no hay nada a lo que adherir, porque lo anunciado solo crea un régimen simplificado de Ganancias como condición para un blanqueo que carece de respaldo legislativo”. Insistió en que el Estado puede reclamar deudas tributarias por fondos no declarados hasta cinco años después, y destacó la necesidad de normativas claras para evitar incertidumbre y proteger tanto a los contribuyentes como a los funcionarios encargados de la recaudación.
Desde ARCA confirmaron que los proyectos para modificar estas leyes serán enviados al Congreso próximamente, aunque aún no hay fecha definida. El organismo además advirtió que las provincias que no firmen el convenio perderán el acceso a información fiscal relevante, incluyendo datos de facturación y consumos superiores a $50 millones, lo que genera una presión importante para lograr la adhesión, pero que al mismo tiempo despierta reticencias por la ausencia de un respaldo legal.
Cruces políticos y tensiones territoriales
Las reuniones con Buenos Aires y Ciudad llegaron en medio de un fuerte clima político, tras acusaciones cruzadas entre el Gobierno nacional y los distritos, y episodios como el desplante del presidente Javier Milei al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri durante el Tedéum del 25 de mayo.
En la provincia, Kicillof criticó el plan al calificarlo como “blanqueo encubierto” y afirmó que seguirá con controles para la evasión. En respuesta, Pazo describió la postura bonaerense como una “mentalidad soviética”, aumentando la tensión entre ambos niveles de gobierno. Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene conversaciones fluidas con otras provincias, y ya logró la firma del convenio con Catamarca, que se convirtió en la primera jurisdicción en adherir formalmente al plan.
En la Ciudad de Buenos Aires, si bien la gestión de Macri mostró disposición a colaborar, puso como condición el análisis pormenorizado del convenio y su ratificación legislativa, advirtiendo que aún hay pendientes de coordinación con ARCA y otros temas administrativos. La situación refleja la complejidad de la relación política en el distrito y la necesidad de acuerdos que respeten las autonomías y normativas locales.
Detalles del régimen y próximos pasos
El plan incluye la creación de un régimen simplificado de Ganancias, que elimina la obligación de informar consumos y variaciones patrimoniales para contribuyentes que adquieran bienes registrables por más de $50 millones, siempre que ingresen a este sistema para evitar controles adicionales. Quedan excluidos quienes tengan ingresos del exterior.
Un tema pendiente es cómo se controlará la coherencia entre las compras declaradas y la facturación reportada para el impuesto sobre los Ingresos Brutos de cada jurisdicción. También queda claro que los bienes adquiridos estarán sujetos a impuestos nacionales sobre Bienes Personales y tributos provinciales como el automotor e inmobiliario.
Ante la falta de respaldo legal, tanto Ciudad como Provincia piden crear una ley que otorgue “seguridad jurídica” para los ciudadanos y las administraciones fiscales. En CABA se propuso además conformar una mesa de trabajo para analizar el convenio y otros temas pendientes con ARCA, en un marco de diálogo que aún busca definiciones concretas.
