Contexto
¿Qué denunció el Gobierno?
El Gobierno Nacional, a través del abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, presentó una denuncia por una operación de inteligencia ilegal tras la filtración de audios privados que involucran a Karina Milei, entre otros funcionarios. La denuncia, que se tramita ante el juez federal Julián Ercolini, apunta a que estos audios fueron parte de una maniobra clandestina para manipular la opinión pública y desestabilizar los indicadores económicos del país. Se invoca el artículo 43 de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, que prohíbe explícitamente el espionaje político y las actividades de manipulación de la opinión pública.
En ese sentido, el objetivo de los denunciantes sería influir en las elecciones legislativas próximas. Para ello, el Ejecutivo solicitó medidas cautelares urgentes para evitar la filtración de nuevos audios.
¿Qué dijo el fiscal Stornelli sobre la investigación?
Carlos Stornelli, fiscal federal, fue el encargado de abrir la investigación. En su dictamen, dejó en claro que no se permitirá que la pesquisa afecte la labor periodística ni que se vulneren los derechos constitucionales, como la inviolabilidad de domicilio o el derecho a preservar las fuentes. Además, destacó que la investigación se centrará en verificar la existencia de una operación de espionaje ilegal, pero subrayó que aún no hay imputaciones definidas.
Stornelli señaló que es "presumible" que los audios filtrados sean ilegales, y remarcó que podrían haber sido elaborados en "oscuros sótanos" con la intención de influir en la opinión pública. La causa está destinada a esclarecer si se trató de una operación de inteligencia clandestina.
¿Cuál es el enfoque de la causa?
La causa se centrará en investigar si existió una operación de espionaje ilegal. Según el dictamen de Stornelli, los audios podrían haber sido grabados y filtrados con fines maliciosos para alterar el escenario político, sin que hasta el momento se haya señalado a responsables específicos. El fiscal ha solicitado que se determine la posible implicación de personas o grupos detrás de estas filtraciones, aunque aclaró que aún es prematuro hacer imputaciones.
¿Qué medidas solicitó el abogado del Ministerio de Seguridad?
El abogado Fernando Soto solicitó medidas cautelares urgentes, entre ellas el allanamiento de un canal de streaming denominado Carnaval, que fue el medio a través del cual se publicaron los audios. También se pidió requisar los domicilios de periodistas involucrados en la difusión de los audios y de empresarios vinculados al medio. Estas medidas buscan frenar la publicación de nuevas filtraciones y evitar que la operación de inteligencia continúe afectando a funcionarios del Gobierno.
¿Qué implicancias tiene este caso?
La denuncia del Gobierno pone en evidencia la posibilidad de una operación de espionaje ilegal orquestada desde ámbitos no institucionales. Los audios en cuestión no solo implican a Karina Milei, sino también a otros funcionarios y exfuncionarios, lo que genera un contexto de desinformación y posible manipulación política en plena antesala de las elecciones legislativas.
Lo que viene
El avance de la investigación dependerá de los resultados que arroje el análisis de los audios y de las medidas cautelares solicitadas. En principio, la causa está orientada a identificar si hubo una operación de espionaje ilegal, sin imputaciones definitivas. Se espera que se profundicen las medidas de investigación para determinar los responsables de la filtración de los audios y su posible vinculación con actores políticos o económicos.
