En el primer año de la gestión Milei, el personal de la administración pública nacional, sus entes descentralizados y las sociedades estatales disminuyó alrededor de un 13%. Para 2025 las expectativas son aún mayores. Por eso, el Poder Ejecutivo redobla sus esfuerzos para que se aceleren los recortes en todas las empresas públicas, poniéndolas a punto para sus eventuales privatizaciones y que dejen de ser una carga para el Tesoro Nacional.
Esta tarea es supervisada por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) al mando de Diego Chaher, quien a su vez forma parte del riñón de Santiago Caputo, el todopoderoso asesor presidencial que estuvo en el ojo de la tormenta durante la semana, luego de que se conociera un fragmento sin editar que muestra su interrupción durante una pregunta incómoda al Presidente en plena entrevista con Jonatan Viale tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.
Pese al hecho, el área del mendocino tiene metas inamovibles, ya que al estar bajo la órbita del Ministerio de Economía siente cada vez más la presión del otro Caputo, “Toto”, que desde el año pasado viene ahogando a las sociedades estatales con una reducción significativa de sus partidas presupuestarias.
Los ejecutivos de las empresas públicas designados por el propio Gobierno reniegan de la dureza de Carlos Guberman, secretario de Hacienda y responsable de proveer los fondos, pero saben que de no cumplir los objetivos esas reducciones se volverán aún mayores. Muchos temen quedar sin fondos, otros denuncian por lo bajo que solo les dan para pagar sueldos, según pudo saber El Observador de fuentes oficiales.
Al momento de asumir su cargo, el ex interventor de los medios públicos afirmó que “son todas deficitarias” las empresas estatales. En concreto, según el último informe presentado por Economía, en 2024 se necesitaron más de $2,77 billones para su normal funcionamiento.
En su llegada a la ATEP, Chaher se anotaba el cierre y posterior transformación de TELAM, la cablera estatal acusada por los libertarios de ser manipulada por el kirchnerismo con fines partidarios. Tan solo un par de días atrás, Chaher se anotaría un nuevo poroto, la primera privatización total durante el gobierno de Milei: IMPSA, dedicada a la fabricación de equipos para la generación de distintos tipos de energía. Su comprador fue ARC Energy, una empresa estadounidense.
Lo que viene
El Belgrano Cargas se encuentra en pleno proceso de privatización, el Gobierno espera finalizar con esta meta antes de que termine el primer trimestre del año. Tal como indica el decreto que inició su privatización, las etapas son “la desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio, bajo la modalidad de remate público para la venta del material rodante, y a través de la celebración de contratos de concesión de obra pública para las vías y sus inmuebles aledaños”.
La Casa de la Moneda que se encuentra intervenida ya desvinculó a más de 250 personas, incluyendo al ex gerente general Eduardo de Montmollin puesto por esta gestión y proveniente del larretismo. Recientemente le quitaron el monopolio de las patentes, luego del faltante de las mismas, abriendo el juego a privados. Pero esto no es todo, se prevé que la quita de competencias que hasta ahora eran potestad exclusiva de la Casa continúe, al igual que una nueva tanda de despidos en los meses restantes de intervención.
Otro caso para atender es el sector nuclear, que se prepara para acelerar el plan firmado por el Presidente, tanto la CNEA como las empresas ligadas al rubro prevén fuertes recortes en sus dotaciones. Tal cual adelantaron autoridades que sobrevivieron al gobierno anterior, la CNEA reducirá su planta en al menos un 20% a lo largo del 2025.
Las empresas del rubro que llevan semanas bajo amenazas constantes de paro tampoco escapan a la motosierra. Nucleoeléctrica, operadora de las Atuchas y constructora del CAREM, redujo su planta en más de 100 empleados a lo largo del año anterior y marcha a paso firme con su privatización desde la sanción de la ley bases, indicaron las fuentes consultadas.
Por su parte, Dioxitek cerró el 2024 con más de 50 despidos pero alcanzando una producción récord. La empresa de apenas 200 empleados planea llevar a cabo otras 30 desvinculaciones en el primer trimestre y ponerse a tiro de su hermana mayor, Nucleoeléctrica, respecto a la privatización.
El Banco Nación ya realizó su conversión a Sociedad Anónima, que fue objeto de discusión por el fallo en contra del juez Ramos Padilla, pero desde la entidad bancaria confían que podrán sortear el obstáculo alegando que el decreto no incumple con la ley y que la postura del juez tiene un trasfondo político.
Otro caso es el de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Tanto el gobierno paraguayo como el de Brasil quieren comprar la EBY por USD 20 mil millones, para que pase a ser operada por Itaipú, la otra empresa binacional que administra la central hidroeléctrica de las naciones interesadas en adquirir Yacyretá.
La semana pasada, el Gobierno decretó la transformación de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima.
Esta es otra de las nueve empresas estatales incluidas en la Ley Bases como sujetas a privatización o concesión pero adelantan que el camino hacia su venta no será inmediato dado a que primero buscarán sanear su estructura financiera y operativa. Cuenta con 2142 empleados, un promedio de dos horas de trabajo y más del 90% de su solvencia dependiente de adelantos del Tesoro.
