La administración actual, liderada por Javier Milei, ha iniciado una auditoría de las pensiones no contributivas por invalidez. Según los datos oficiales, 1.215.548 personas reciben este beneficio. Un análisis realizado por la Agencia Nacional por Discapacidad reveló que, de una muestra de 3000 pensiones, el 80% no cumplía con los requisitos necesarios para ser otorgadas. Ante esta situación, el Gobierno está considerando llevar el asunto a la justicia y endurecer los criterios de acceso a estas pensiones.
El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha calificado la situación como una “irresponsabilidad”. La pensión no contributiva por invalidez corresponde al 70% de una jubilación mínima, lo que actualmente equivale a $144.851,77. Si a esto se le añade un bono de $70.000, la prestación total superaría los $200.000.
La auditoría comenzó a mediados de marzo y ha puesto de manifiesto un incremento notable en el número de beneficiarios durante ciertos períodos. Por ejemplo, entre 2003 y 2007, bajo la gestión de Néstor Kirchner, el número de beneficiarios aumentó de 79.581 a 225.411. Durante el primer mandato de Cristina Kirchner, la cantidad se triplicó, alcanzando los 707.068. Al finalizar la presidencia de Mauricio Macri, la cifra disminuyó, pero luego aumentó nuevamente a 1.215.548 durante la administración de Alberto Fernández.
Distribución geográfica de las pensiones
El análisis también muestra diferencias geográficas en la distribución de los beneficiarios. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hay 302.794 pensionados por invalidez, mientras que en Chaco, aproximadamente uno de cada diez habitantes recibe esta pensión.
El Gobierno se enfrenta ahora a tres desafíos: completar la auditoría de todas las pensiones, modificar la reglamentación que regula el acceso a las pensiones no contributivas por invalidez y considerar acciones legales contra las administraciones anteriores por supuestas irregularidades en la concesión de estas pensiones.
En cuanto a la legislación, se han identificado dos medidas que podrían ser revocadas o modificadas por la actual administración. La Resolución 70/2023 eliminó la necesidad de declarar “incapacidad total y permanente” en el certificado médico, y el Decreto 7/2023 cambió la definición de invalidez laboral, eliminando el requisito de que la incapacidad laboral debía ser de un 76% o más. Estas normativas están siendo revisadas por el Gobierno actual en su esfuerzo por reformar el sistema de pensiones no contributivas por invalidez.
