El reciente fallo de la justicia argentina que ordena juzgar in absentia a diez ciudadanos iraníes y libaneses por el atentado contra la AMIA en 1994 representa un avance histórico en la búsqueda de justicia; también desencadenará consecuencias geopolíticas y de seguridad que el país no puede permitirse ignorar.
Argentina fue blanco del terrorismo internacional cuando Irán, a través de Hezbolá, ejecutó dos atentados en Buenos Aires: la voladura de la embajada de Israel en 1992 y el ataque al edificio de la AMIA en 1994. Ambos crímenes dejaron un saldo total de más de 100 muertos y cientos de heridos. A eso se suma el asesinato del fiscal Alberto Nisman en 2015, ocurrido la víspera de su testimonio ante el Congreso, en el que denunciaba el presunto encubrimiento del rol iraní en esos atentados. Aunque este último caso no fue formalmente atribuido a Irán, la coincidencia temporal y el contexto alimentaron durante años fundadas sospechas.
Hoy, tras la humillación de Irán en la reciente ofensiva estadounidense sobre sus instalaciones nucleares, el régimen se encuentra limitado en sus posibilidades de respuesta directa. Pero cuenta con una extensa red de agentes, simpatizantes y recursos clandestinos en América Latina que cultivó durante décadas. Desde la provisión de pasaportes venezolanos a ciudadanos iraníes hasta la presencia de células de financiamiento y logística en la triple frontera y en zonas como Iquique, Margarita y Colón, existe una infraestructura disponible para fines represivos.
El juicio en ausencia, aunque justo y legítimo, no pasará inadvertido para Teherán. Lejos de quedar en una dimensión simbólica, amenaza con exponer el vínculo directo entre funcionarios iraníes y uno de los peores atentados en la historia de América Latina. Es esperable, entonces, que el régimen considere este proceso como una provocación o como una amenaza reputacional. En ese escenario, es razonable anticipar represalias. ¿Hacia dónde? Existen tres blancos lógicos: la comunidad judía argentina, los jueces y fiscales involucrados en el proceso, y eventualmente la infraestructura estatal vinculada al sistema judicial o a la cooperación internacional en inteligencia.
Argentina debe anticiparse. Y para ello no alcanza con medidas de seguridad tradicionales. Es imprescindible desplegar herramientas modernas de detección y prevención de amenazas, en particular mediante inteligencia artificial. Hoy existen sistemas capaces de analizar comunicaciones, patrones de movimiento, redes sociales y operaciones financieras con algoritmos que identifican comportamientos sospechosos incluso antes de que se concrete una acción. A su vez, esta herramienta vincula señales débiles y dispersas que, vistas de forma aislada, pasarían desapercibidas para un analista humano. Este juicio marca un antes y un después. Es un acto de soberanía judicial que honra a las víctimas, pero también una advertencia encubierta a quienes atenten contra la memoria y la verdad. Para que no haya nuevas víctimas, Argentina necesita estar un paso adelante. Inteligencia, protección y tecnología deben ser parte de una estrategia integral de defensa. No se trata de paranoia, sino de prevención inteligente.
Las cosas como son
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