Si acordáramos en considerar a la asunción de Javier Milei como su primer acto de gobierno, podría decirse que en aquel gesto inicial de un discurso fuera de (y de espaldas a) la Asamblea Legislativa y "de frente" al pueblo hubo un indicio fuerte en la gestión del actual presidente de cierta vocación por la relectura de las tradiciones políticas e institucionales de la Argentina. Y la clave de esta relectura estaría en la interpretación del recorrido previo del país, que de acuerdo a la visión del presidente se encuentra en una situación tal que necesita reformas de la estatura de una refundación.
Los gestos se han combinado —desde entonces y con frecuencia— con las palabras y los símbolos, razón por la cual en muchas de las iniciativas gubernamentales se ha notado una tendencia por disputarles a los sectores que el mileísmo ubica en sus antípodas ideológicas (el kirchnerismo como variante más actual de un peronismo de izquierda y la propia izquierda) el capital simbólico de las interpretaciones no sólo del pasado reciente de la Argentina, sino de su historia completa.
A la insistencia retórica del presidente Milei por la vuelta a la tradición liberal que asocia con los años de mayor prosperidad de la Argentina hacia la época del primer centenario de la Revolución de Mayo —es decir, la doctrina de Juan Bautista Alberdi, la Constitución de 1853, la obra política de la llamada Generación del '80— se le han sumado otras manifestaciones en las que también se nota un deseo por el show político e ideológico, sólo que en un sentido opuesto al que solía ejecutar el kirchnerismo: la presentación del Salón de los Próceres de la Casa Rosada con un busto del presidente Carlos Menem o la propuesta de cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner por el de Palacio de la Libertad son apenas dos ejemplos de varios otros.
Esta decisión por la disputa ideológica contrasta notablemente además con el estilo comunicativo de la gestión de Mauricio Macri (por nombrar a un presidente reciente al que se le puedan detectar ciertas afinidades básicas con el mileísmo), mucho más volcada en palabras y acciones a la gestión de gobierno sin apenas mostrar interés por los grandes duelos dialécticos con sus opositores.
La convocatoria con toda la pompa a la firma de este Pacto de Mayo, que pudo al fin formalizarse luego de la aprobación de la Ley Bases en el discurso por el Día de la Bandera el pasado 20 de junio y se concretará en la vigilia de la celebración de la Independencia el 9 de julio, es entonces el ejemplo más reciente —y el más importante— de toda esta sucesión de iniciativas con las que el mileísmo se propone pelear el apartado histórico de su batalla cultural.
Los pactos preexistentes
Ahora bien, ¿en qué tradición se inscribe exactamente este Pacto de Mayo, cuáles son sus referencias históricas y cómo se inscriben en la tradición que el gobierno libertario pretende recuperar? Hay desde luego una tradición en la historiografía liberal que va de la Revolución de Mayo a la organización nacional posterior a la batalla de Caseros, y también la referencia a los "pactos preexistentes" del preámbulo de la Constitución Nacional.
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Entre ellos pueden citarse el Pacto del Pilar de 1820, cuando tras la caída del gobierno central en Buenos Aires las provincias acuerdan la forma federal para mantener sus autonomías y reconocerse en unidad; el Pacto Federal firmado en 1831 entre Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos que, además de establecer alianzas ofensivas y defensivas entre las provincias involucradas, implicaba la intención de organizar al país bajo el sistema federal cuando fuera propicio y estuvieran dadas las condiciones de paz; el Acuerdo de San Nicolás, convocado por Justo José de Urquiza en 1852 con vistas a una constitución y una organización nacional una vez depuesto el régimen rosista; finalmente, el Pacto de San José de Flores, como antecedente a la unificación de la provincia de Buenos Aires con el resto de la Confederación Argentina.
La politóloga Alexandra Morales señala sin embargo una gran diferencia entre los acuerdos decimonónicos en una Nación emergente y el Pacto de Mayo actual: “Los de aquellos acontecimientos históricos fueron pactos y acuerdos revolucionarios, cuyos participantes estaban convencidos y coincidían en la idea de que ese era el camino en la construcción de un nuevo Estado, libre y soberano. Por el contrario, en este pacto de Milei es difícil identificar esos ideales comunes, o incluso algunos puntos de acuerdos que se hayan definido en conjunto”. Y añade además: “Más de uno de los gobernadores que acompaña lo hace bajo la presión de la supervivencia económica o en pos de algún beneficio para su provincia; por lo que difícilmente estemos frente a un compromiso real o a un cambio profundo que se vaya a sostener a lo largo del tiempo”.
Habría entonces un déficit en la voluntad y posibilidad auténticamente reformista de este nuevo Pacto o, en todo caso, su viabilidad sólo podría demostrarse en el futuro, cuando la realidad política imponga sus condiciones y puedan entonces verificarse el grado real de cumplimiento de esta propuesta. En este sentido, varios analistas recordaron otro gran acto llevado adelante también en Tucumán y también un 9 de Julio: la declaración de la llamada "independencia económica" decretada por el primer gobierno de Juan Perón, en 1947. Aquel solemne acto no se privó de modificar ciertos términos del preámbulo de la Constitución, quizás como primer paso a la reforma constitucional instrumentada por el peronismo en 1949. En cualquier caso, del grado de verdad o relevancia de la declamada independencia económica en aquel momento y en años sucesivos, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones.
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El general Perón y la declaración de la "independencia económica" de 1947, en Tucumán
Más consenso y menos escenografía
Sobre el grado de posibilidad real de un acuerdo social y político que logre traducirse efectivamente en reformas relevantes y verificables en la realidad del país también se expresó en un artículo la historiadora Patricia Olguín, investigadora del CONICET: "Los puntos enunciados del Pacto [de Mayo] evocan los principios económicos de la constitución liberal redactada por Alberdi en 1853, como la inviolabilidad de la propiedad privada, y se adscriben a los fundamentos de la teoría económica neoclásica sobre el rol reducido del Estado y el manejo ortodoxo de las finanzas públicas, al eludir al equilibrio fiscal 'innegociable', mediante una drástica reducción del gasto público".
No es entonces la primera vez que la Argentina se propone una reforma económica que implique un fuerte ajuste, como continúa explicándolo Olguín: "[El Pacto de Mayo] delinea los títulos de una reforma estructural en los planos económico, político e institucional, que se enfocarían en la apertura comercial, la formalización del empleo, la sustentabilidad del . sistema previsional y el sistema de representación política. Políticas inspiradas en algunas de estas ideas fueron aplicadas en otras coyunturas críticas de la economía argentina (1890, 1930, 1989/1990), pero en todos los casos resultaron de un proceso de negociación entre Nación y provincias que se tradujo en un entramado normativo que le dio sustento".
Es decir que, detrás de toda la gestualidad declamatoria de este Pacto que propone Javier Milei, la cuestión de fondo es la búsqueda de un consenso real que allane el camino a las reformas. En cualquier caso, agrega Olguín, "la sostenibilidad de la reducción del gasto público -quizás el objetivo más nítido de la política económica actual- a niveles internacionalmente aceptables, y, más aún, la posibilidad de encarar una reforma integral del Estado exige lograr nuevos consensos entre Nación y provincias. Cada jurisdicción tendrá que decidir qué recursos está dispuesta a transferir para lograr ese objetivo". Y cierra: "La experiencia histórica de Argentina muestra que sólo cuando estos consensos fueron alcanzados fue posible implementar reformas sustanciales duraderas".
