El presidente Javier Milei encabezó esta noche un mensaje emitido en cadena nacional para anunciar un paquete de medidas destinado a endurecer el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y a sancionar con mayor severidad a las empresas petroleras que operan sin autorización argentina en la zona.
Acompañado por todo su Gabinete, el mandatario confirmó la firma de un decreto para agilizar los procesos sancionatorios contra esas compañías, un DNU para financiar una base naval integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de ley que crea un Consejo de Seguridad Nacional.
«Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto», planteó Milei al arrancar su mensaje. Además sostuvo que los isleños, al ser una «población implantada en un territorio usurpado», carecen de derecho a la autodeterminación, una posición que endurece la postura diplomática que históricamente sostuvo la Argentina sobre la cuestión.
El paquete de medidas
El anuncio se montó sobre tres pilares: un decreto, un DNU y un proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso con carácter urgente.
- Decreto reglamentario: agiliza y endurece las sanciones de la Ley 26.659 e incorpora DDJJ obligatorias en trámites hidrocarburíferos y en el RIGI para bloquear el acceso a sus beneficios a empresas que operen en Malvinas sin autorización argentina.
- DNU de Defensa: destina fondos adicionales para construir la base naval integrada en Tierra del Fuego y ampliar las capacidades de telecomunicaciones.
- Proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional: modifica la Ley 26.659 para endurecer penas —incluido el juicio en ausencia— y extenderlas a los proveedores de las empresas sancionadas; crea el Consejo de Seguridad Nacional, que coordinará a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía; y pide al Congreso facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas ante amenazas a la soberanía.
- Ofensiva diplomática previa: la Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados con proyectos en las islas.
Milei enmarcó estas medidas en lo que describió como una nueva relevancia geopolítica del país y citó cifras propias de su gestión: 18 resoluciones y declaraciones de organismos internacionales en apoyo al reclamo argentino, y más de 60 propuestas formales presentadas ante acciones unilaterales del Reino Unido en los últimos tres años.
La lectura del guiño de Trump
Este discurso llega apenas tres días después de que Donald Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la postura histórica de neutralidad de Estados Unidos sobre la disputa de soberanía. Consultado en el Despacho Oval por la cadena BBC, el mandatario estadounidense fue bastante más cauto de lo que después trasladó el Gobierno argentino: «Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas», respondió, sin comprometerse a ningún cambio concreto. La frase se leyó en clave de presión sobre Londres antes que como un respaldo a Buenos Aires: según habían informado medios británicos, el Pentágono evalúa usar la cuestión Malvinas como palanca para que el Reino Unido eleve su gasto militar, en línea con el objetivo de que los socios de la OTAN destinen el 5% del PIB a defensa hacia 2035.
Aun con esa cautela, en el Gobierno argentino leyeron la ambigüedad de Trump como una ventana de oportunidad. La relación personal entre Milei y el mandatario estadounidense, cultivada durante tres años de alineamiento explícito con Washington, alimenta la expectativa oficial de que esta administración esté dispuesta a tensionar la histórica neutralidad norteamericana en la disputa. El propio Presidente lo planteó así en su discurso: «Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable».
El trasfondo petrolero
El detonante inmediato del anuncio fue el proyecto Sea Lion, un yacimiento offshore de la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros del archipiélago, que opera un consorcio integrado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%). Descubierto en 2010, recibió en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para su primera etapa, con un desembolso proyectado de 1.800 millones de dólares, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el inicio de la extracción hacia 2028. Las reservas recuperables se calculan en 819 millones de barriles, y las empresas planean comenzar a perforar en los próximos meses.
Para la Cancillería, se trata de una explotación unilateral de un recurso no renovable en un territorio en disputa, algo que la ONU pide evitar desde hace 50 años a través de las resoluciones 2065 y 31/49 de su Asamblea General. Ni Rockhopper ni Navitas son nuevas en la mira del Estado argentino: la primera fue inhabilitada para operar en el país durante 20 años en 2012, y la segunda recibió una sanción equivalente en 2022. Lo que cambia ahora no es la voluntad de sancionar, sino la celeridad de los procedimientos y su cruce con el RIGI, la herramienta de promoción de inversiones que el propio Gobierno impulsó como uno de los pilares de su gestión económica.
Milei conectó ese frente con una agenda de seguridad nacional más amplia, que suma a la Antártida como próximo escenario de disputa por recursos estratégicos, y pidió una tregua política interna para sostener una misma posición frente al reclamo. Al margen de las consecuencias concretas que el paquete normativo presentado por el Presidente pueda tener, el anuncio representa el giro más marcado de la diplomacia argentina hacia Malvinas en los últimos años: pocas veces un mensaje presidencial había negado de manera tan explícita el derecho a la autodeterminación de los isleños y, al mismo tiempo, desplegado herramientas militares, judiciales y económicas contra un proyecto de explotación en curso.
