El escándalo por la visita de un grupo de diputados oficialista a represores detenidos en el penal de Ezeiza sumó este domingo un nuevo dato, revelador, porque confirmó las sospechas que existían sobre cuál era el objetivo final del encuentro. La mendocina Lourdes Arrieta, una de las integrantes del grupo que visitó, entre otros, a Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti, difundió en sus redes sociales un borrador de proyecto de ley para limitar los juicios sin sentencia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina, entre los años 1976 y 1983. En la noche del sábado, Arrieta había revelado la existencia de varios grupos de WhatsApp en los que se discutía sobre el proyecto de ley que beneficiaría a los militares.
De acuerdo con el borrador del proyecto publicado por Arrieta, lo que se buscaba era modificar el Código Penal para establecer el “Derecho a ser juzgado en un plazo razonable”, limitando los procesos a 20 años “desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo”. “La doctrina establece que pasado un tiempo excesivo de tramitación de un proceso penal, aun cuando no hubiere operado la prescripción, la acción penal debe entenderse agotada por insubsistencia”, argumentan en los considerandos, y califican como “inconstitucional la prolongación indefinida de los procesos”.
Arrieta compartió además un borrador de decreto reglamentario que propone fijar en 25 años “el plazo máximo que tendrá el Estado para arribar una sentencia definitiva en la substanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona”. “El término regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuere un menor, y su cómputo se suspenderá en caso de que la Nación sufra interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes”, plantea y agrega: “Vencido este plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal por insubsistencia”.
Las conversaciones difundidas el sábado pertenecían a un grupo del que formaban parte los legisladores Alida Ferreyra, Beltrán Benedit, Celeste Ponce, Carlos Zapata, Lilia Lemoine, Alberto Arancibia; los abogados Laura Olea, Ricardo Saint Jean y el ex juez de Casación Eduardo Riggi, así como también Guillermo Montenegro, Santiago Santunient, entre otros. Según las palabras de Arrieta, el chat había sido creado por el padre Javier Ravasi.
Los documentos fueron enviados al chat por la abogada Laura Olea con el fin de imponer un “plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal”, mientras que Ravasi expresó que “el proyecto tiene como finalidad obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria, manifestando que ‘los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad”.
El borrador de la iniciativa difundido en la noche del domingo por Arrieta estipula que “el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme”. “Creemos que la política de derechos humanos es la única de las políticas que mira al pasado”, sostienen entre los fundamentos, en los que comentan que “la magnitud y cantidad de los procesos de lesa humanidad mantiene colmadas las agendas de los Tribunales Orales Federales, encargados de investigar la corrupción y narcotráfico en todo el territorio nacional”. Por esto mismo, consideran que “resulta indispensable descongestionar la labor de los tribunales federales a efectos de contribuir decididamente a una mejor administración de la Justicia”.
“Según las últimas estadísticas de la Procuraduría de Crímenes de lesa humanidad, hasta diciembre de 2022, el total de personas que han sido requeridas para su investigación por el Ministerio Público Fiscal al menos una vez en el marco del proceso de juzgamiento, es de 3640. Han fallecido juzgados y condenados todos los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, así como los Jefes de Cuerpo, de Área y las figuras jerárquicas más importantes de la represión estatal de los años 70. Más de ochocientos ex militares, policías, miembros del servicio penitenciario y civiles sometidos a esta clase de procesos han fallecido en cautiverio en el transcurso de estos años”, señalan.
La extinción por insubsistencia de la acción una vez vencido el plazo se funda, según el borrador, en “la garantía establecida por el art. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporado a nuestro sistema legal por ley 23.313".
El texto señala las pautas que surgen de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el lapso de veinte años es apropiado para los procesos, y superan los plazos “que hasta la fecha surgen de la jurisprudencia nacional e internacional, de los ciclos de vida, el plazo máximo de prescripción de la acción penal previsto en el artículo 62 inc. 2 del CP para los delitos reprimidos con pena de prisión perpetua, también con creces los tiempos ordenatorios de las normas procesales para cada etapa del proceso y el dictado de resoluciones (...)".
Luego de difundir los proyectos de ley, la diputada Arrieta denunció que sus colegas de bancada buscan lograrla "impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad". Y agregó: "No es la agenda del presidente Javier Milei. Tengo absoluta claridad que estos proyectos nada tienen que ver con los ideales de la libertad. No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei".
