El ex presidente Alberto Fernández hizo su primer movimiento en el expediente que investiga si durante su administración existió “una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales”. Esta operación se habría realizado a través de la intermediación de la aseguradora Nación Seguros, y un grupo de intermediarios habrían obtenido comisiones significativas. Después de designar a una abogada de confianza, la penalista Mariana Barbitta, el ex Jefe de Estado apeló la inhibición de sus bienes y recusó al juez Julián Ercolini por temor a parcialidad, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.
La presentación se realizó anoche ante el propio Ercolini, quien en las próximas horas deberá responder al pedido de apartamiento. Se supo que la abogada Barbitta lo invitó a excusarse pero dejó el planteo de recusación. Según ella, Alberto Fernández lo había denunciado durante su gestión.
Alberto Fernández y Julián Ercolini trabajaron en la Universidad de Buenos Aires bajo la misma cátedra del ex Procurador Esteban “Bebe” Righi. “Hemos mantenido una extensa y muy cercana relación de amistad estrecha”, afirmó el ex mandatario. Antes de asumir la presidencia, Fernández había criticado a los jueces de Comodoro Py 2002 por su actuación en causas contra referentes kirchneristas y había dicho que muchos de ellos iban a tener que “dar explicaciones”. Entre ellos estaba Ercolini, quien había enviado a juicio a Cristina Kirchner por la causa Vialidad.
A finales de 2022, el entonces presidente instruyó al Ministerio de Justicia a radicar una denuncia penal contra los jueces, fiscales y funcionarios que compartieron un viaje a Lago Escondido. Esa denuncia ya quedó cerrada luego de que se sostuviera que hubo inteligencia ilegal.
La decisión de la recusación de Alberto Fernández contra Ercolini, si el magistrado no la acepta, estará en manos de uno de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal que será elegido por sorteo. El tribunal está integrado por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.
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La abogada Mariana Barbitta es la escogida por Alberto Fernández para su defensa
Precisamente, la activación de Fernández en el expediente ocurrió cuando la Cámara Federal recibió las apelaciones de algunos imputados por la inhibición de bienes. Allí, dispuso que el juzgado informara a todos los involucrados. Entre ellos estaba el propio Alberto Fernández, que recibió la notificación en el departamento de Puerto Madero que ocupó hasta antes de llegar a la presidencia en diciembre de 2019.
La defensa de Alberto Fernández
Una de las grandes incógnitas era qué defensor elegiría. Barbitta es una reconocida penalista del fuero que lideró AMPA (Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina). Defendió al ex titular del Ejército César Milani cuando lo juzgaron por la desaparición del soldado Agapito Ledo -fue absuelto-, al ex juez Federal de Corrientes Soto Dávila por proteger a narcotraficantes, y al ex mediocampista de Boca, Mauricio “Chicho” Serna, en la causa en la que se lo acusa de ser testaferro de un narcotraficante colombiano.
El planteo de la defensa de Alberto Fernández llega cuando el juez Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo se encuentran analizando toda la documentación secuestrada, esperando el resultado de los entrecruzamientos telefónicos y analizando el contenido de los celulares y computadoras que quedaron afectados a la causa. Justamente, el amigo de Alberto Fernández y ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano está pidiendo que le devuelvan uno de esos equipos, añadieron las fuentes. También se están analizando, a través de la PROCELAC, las declaraciones juradas de los implicados y el listado de sus bienes.
Por el momento, el juez decidió la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario por el escándalo de los seguros. La misma medida se aplicó para otros ex funcionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en la causa: Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San Germán, entre otras. Con esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tendrán accesos a sus cajas de seguridad.
