El líder de Camioneros, Hugo Moyano, aceptó un aumento del 5,5% para el trimestre diciembre-febrero y permitió que se homologara la paritaria. Inicialmente pedía un 15% y la oferta final de los empresarios era del 8%.
Sorprendentemente, uno de los sindicalistas más firmes aceptó firmar un aumento que sigue las indicaciones del Ministerio de Economía. Hugo Moyano aceptó una suba del 5,5% para el trimestre de diciembre a febrero en tres etapas (2,2%, 1,8% y 1,5%), por debajo de la propuesta empresarial del 8% trimestral (3%, 2,5% y 2,5%). Esta última oferta había sido rechazada por el Gobierno, que no quería homologar ningún acuerdo que superara el 1% mensual previsto para 2025.
El acuerdo, que es el resultado de negociaciones discretas y será oficializado en breve, refleja un importante gesto político de Moyano hacia la administración de Javier Milei, en medio de la negativa de otros gremios a aceptar los límites salariales establecidos por Economía.
Una vez que tanto el sindicato como las cámaras empresariales aprueben el acuerdo por escrito, la Secretaría de Trabajo lo homologará rápidamente. El pacto incluye un bono de $600.000, dividido en cuatro cuotas, y una contribución extraordinaria para la obra social de $16.000 por trabajador. Sin embargo, Camioneros aceptó “evaluar” los casos de empresas que no puedan abonar el bono o necesiten ajustar el pago.
Cómo fueron las negociaciones
Moyano comenzó las negociaciones exigiendo un 15% trimestral (5% mensual), pero los empresarios rechazaron la cifra y, tras una fuerte presión sindical, presentaron una última oferta de 8%. El sindicato estuvo dispuesto a aceptarla, pero el Ministerio de Trabajo, siguiendo las instrucciones del ministro Luis Caputo, advirtió que no homologaría acuerdos que superaran el 1% mensual.
Este fue un acuerdo clave, no solo porque involucraba a un sindicato con gran poder, sino también porque su desenlace afectaría las negociaciones entre el Gobierno y la CGT, cuyas figuras de diálogo trabajaron discretamente entre los funcionarios libertarios para flexibilizar la pauta de Economía.
La última audiencia entre sindicalistas y empresarios tuvo lugar el 19 de diciembre pasado. Fue breve y tensa, debido a la insistencia de los funcionarios laborales en aprobar aumentos superiores al 1% mensual para los primeros meses de 2025.
Amenazas de paro
Ante esto, el sindicato de Moyano anunció “medidas de acción directa”, que en realidad consistieron en asambleas informativas en los lugares de trabajo. A la mañana siguiente, Trabajo decretó la conciliación obligatoria y, desde entonces, no hubo más audiencias oficiales, aunque sí negociaciones confidenciales que concluyeron con el acuerdo alcanzado.
Sindicalistas y empresarios tenían plazo hasta el 3 de enero, con una prórroga de 5 días más, para alcanzar un acuerdo dentro de la conciliación obligatoria. De no lograrse un acuerdo, ambas partes quedaban libres para tomar las acciones que consideraran necesarias, lo que podría haber desencadenado un conflicto con un gremio tan influyente como Camioneros, el cual podría haber influido en otras paritarias.
Una vez más, fue clave la intervención de Cordero, quien facilitó que Economía aceptara el acuerdo del 5,5%. Además, el gesto de Moyano de reducir sus demandas iniciales del 15% refleja su apoyo a la política salarial del Gobierno.
En abril pasado, Cordero también ayudó a Moyano cuando su aumento del 45% para marzo y abril estuvo a punto de no ser homologado, ya que superaba la pauta oficial. Tras ajustar las cifras, se aprobó el acuerdo, aunque el aumento no se reflejó de inmediato, extendiéndose hasta junio sin incrementos en mayo.
La rigidez de Economía en aprobar aumentos superiores al 1% para ajustar a la baja la inflación ha complicado varias negociaciones salariales, incluso afectando acuerdos ya firmados, como el de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA).
El sindicato que dirige Héctor Daer, cotitular de la CGT, firmó un aumento salarial del 11,4% para el periodo octubre-diciembre en tres etapas (4%, 3,8% y 3,6% en diciembre), sobre los salarios básicos vigentes a septiembre. Aunque la mayoría de las empresas pagaron este aumento, Trabajo se niega a homologarlo, ya que no está alineado con las metas de baja inflación planteadas para los últimos meses del año.
El Gobierno intenta que se reformule el acuerdo para que esté en línea con las proyecciones de Economía, mientras que sindicalistas y empresarios comenzarán a reunirse en febrero para evaluar un posible ajuste salarial por inflación, también sujeto al límite del 1% que busca imponer Luis Caputo.