Lo que importa
El “fallo Levinas” dispone que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad intervenga en las revisiones de las sentencias dictadas por los tribunales nacionales con sede en Buenos Aires.
La resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como “fallo Levinas”, ha generado un intenso debate sobre la autonomía judicial porteña.
El “fallo Levinas” dispone que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad intervenga en las revisiones de las sentencias dictadas por los tribunales nacionales con sede en Buenos Aires.
Según informó la revista Quorum, esta medida ha sido cuestionada por diversos sectores del sistema judicial, que advierten sobre sus posibles consecuencias en la organización del Poder Judicial y en la seguridad jurídica de los litigantes.
La Ciudad de Buenos Aires ha buscado históricamente una autonomía plena en materia judicial. Decisiones judiciales recientes han fortalecido la posición del TSJ porteño como instancia de apelación en causas de la justicia nacional.
Sin embargo, el procurador Eduardo Casal solicitó suspender la aplicación del fallo, argumentando que podría impedir al Ministerio Público Fiscal cumplir con sus funciones legales y constitucionales en procesos que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En un posteo en redes sociales, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, sostuvo que “los fallos están para cumplirse” y destacó la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía del Poder Judicial porteño, según lo establecido en la Constitución nacional.
En el mismo sentido se manifestó Martín Ocampo, procurador de la ciudad de Buenos Aires, quien dijo que la solicitud de su par de Nación no sólo carece de sustento jurídico válido, sino que ignora los principios esenciales del federalismo argentino y la autonomía de la Ciudad.
“El argumento del supuesto ‘perjuicio’ para el Ministerio Público Fiscal por la transferencia de competencias jurisdiccionales a la Ciudad refleja una resistencia infundada a los mecanismos de adaptación institucional que exige el sistema federal. La pretensión de suspender esta adecuación estructural bajo el pretexto de inhabilidad procesal es, en realidad, un intento de perpetuar una situación que obstaculiza el avance hacia la autonomía plena de la Ciudad”, planteó.
“Resulta indudable que a la luz de los avances logrados la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires aún sigue sin poder efectivizarse, por lo que las autoridades políticas y judiciales deben ejecutar los máximos esfuerzos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el reciente fallo de la Corte Suprema. Garantizar la autonomía de la Ciudad corresponde a los principios del federalismo”, agregó el también jefe del radicalismo porteño.
El debate continúa entre los distintos actores judiciales y políticos involucrados. Mientras el Gobierno de la Ciudad aboga por el cumplimiento del fallo y la consolidación de su autonomía judicial, sectores del sistema judicial nacional expresan preocupaciones sobre las implicancias de esta decisión. La aplicación del fallo sigue en discusión, y se espera que en los próximos días haya más pronunciamientos y acciones al respecto.