Contexto
¿Qué establece la resolución del Gobierno?
La resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordena que todos los presos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), tanto condenados como procesados, participen en tareas de limpieza y mantenimiento de los espacios propios y comunes de las cárceles. Las actividades tendrán un límite de cinco horas diarias y no serán remuneradas.
¿Cuál es el objetivo de esta medida?
Según el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, la medida busca reducir los tiempos de ocio de los internos y fomentar hábitos que contribuyan a su reinserción social. Además, se pretende erradicar la llamada "cultura tumbera", promoviendo un ambiente más ordenado y menos violento en las cárceles.
¿Cómo se implementará la obligación?
El SPF será responsable de elaborar los planes y cronogramas específicos para estas actividades, además de controlar su cumplimiento. Los materiales necesarios para las tareas serán proporcionados por el mismo servicio penitenciario.
¿Qué ocurre si un preso se niega a participar?
Los internos que no cumplan con estas tareas enfrentarán sanciones que restringirán beneficios como el acceso a trabajos remunerados o la posibilidad de cambiar de celda. Sin embargo, estas sanciones no afectarán las visitas familiares.
¿Qué fundamentos legales respalda la decisión?
La resolución se ampara en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser "sanas y limpias". También cita los artículos 1 y 108 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que buscan la reinserción social de los internos.
¿Qué opinan las autoridades sobre el impacto esperado?
Julián Curi destacó que la medida es una herramienta clave para que los internos "reparen el daño causado a la sociedad" y "compensen los recursos invertidos por el Estado". Asimismo, subrayó que mantener a los presos ociosos "es el peor castigo que puede tener la sociedad" al dificultar su reinserción.
Cómo sigue
El Servicio Penitenciario Federal deberá establecer y supervisar los cronogramas de trabajo para garantizar la implementación uniforme de esta medida en todas las cárceles federales.
Por otro lado, se evaluará el impacto de esta obligatoriedad en la convivencia carcelaria y en los índices de reincidencia.
A futuro, se espera que esta iniciativa forme parte de un programa más amplio que articule políticas de trabajo y educación en el sistema penitenciario para reforzar los objetivos de reinserción social.
