El Gobierno de Javier Milei, en una medida que defiende como vital para su política de "déficit cero", vetó de forma total tres leyes recientemente sancionadas por el Congreso. Se trata de los proyectos que incrementaban el monto de las jubilaciones y su bono, que reincorporaban la moratoria previsional por dos años, y que declaraban la emergencia en discapacidad. El Poder Ejecutivo justificó estas acciones por su "costo fiscal".
Los operadores políticos del Gobierno aprovecharon los diez días hábiles previstos en la Constitución como límite ya sea para la promulgación o el rechazo, para negociar los votos en el Congreso. En ese marco, el clima en los despachos libertarios es de optimismo. En los pasillos del Congreso se extinguen poco a poco las dudas sobre las posibilidades del oficialismo de blindar los vetos.
La oposición contra las cuerdas
A pesar de las declaraciones públicas, la realidad del conteo de votos presenta un escenario complejo para la oposición. Desde los distintos campamentos que configuran el variopinto paisaje de la oposición a Milei admiten, por ahora fuera de micrófono, que no tienen los votos necesarios para insistir con ninguno de los tres proyectos vetados.
Por eso aún no le pusieron fecha cierta a la sesión en la que se tratarán los vetos, y este miércoles llevarán al recinto otra bateria de proyectos opositores.
Los corrillos de pasillo chocan con las declaraciones de algunos legisladores. Por caso, el diputado nacional por Unión por la Patria, Eduardo Toniolli, expresó esta mañana su deseo de "derrotar" el veto presidencial. El hombre del Movimiento Evita de Santa Fe confía en que el número de votos a favor de las leyes originales "pasó ampliamente los dos tercios", el umbral necesario para ratificar la posición del Congreso y rechazar un veto. Además, anhela que al menos en el aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad, logren rechazar el veto, aunque reconoce más dificultades para la moratoria previsional.
Por otra parte, Toniolli, en diálogo con la AM 750, también criticó la "perversidad" en la forma en que el Presidente anunció el veto, y lo acusó de querer llevar al país a "principios del Siglo XX, donde no había industria, no había derechos sociales ni sistema de seguridad social".
Los números en la Cámara de Diputados
La aprobación original de estas leyes en la Cámara de Diputados mostró un amplio respaldo opositor, e incluso contó con el apoyo de habituales aliados del oficialismo, lo que refleja la complejidad del escenario:
Por ejemplo, el aumento a las jubilaciones sumó 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. En tanto, la moratoria previsional obtuvo 111 votos a favor y 100 en contra.
Por su parte, la Emergencia en discapacidad reunió 148 votos positivos, alcanzando los dos tercios de los presentes, una cifra "clave" para el Poder Ejecutivo.
El fantasma de Kueider
El diputado Toniolli también advirtió sobre la posibilidad de que "no aparezcan los Kueider", aludiendo a la preocupación de que gobernadores puedan ceder votos a cambio de "obra pública o fondos frescos", como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Lo cierto es que la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía avanzan en propuestas para brindar mayores fondos a los gobernadores sin necesidad de pasar por el Congreso. Por eso, en la sesión en la que se debatirán los vetos la mira volverá a estar puesta sobre los bloques que responden a los gobernadores.
Pero en ese marco, las dudas van más allá de las leyes que ya fueron sancionadas y vuelven al recinto tras ser rechazadas por el Ejecutivo. poe ejemplo que pasará con proyectos de los gobernadores para eliminar fondos fiduciarios y coparticipar el impuesto a los combustibles, así como modificar el esquema de los ATN. Existe la posibilidad de que el oficialismo no enfrente una insistencia de la oposición sobre los vetos, ni la aprobación de los proyectos de los gobernadores.
La negociación que se advierte compleja, por estas horas parece saldada. El Gobierno busca asegurar votos para los vetos y, al mismo tiempo, establece acuerdos con diferentes gobernadores, especialmente de cara al cierre de alianzas electorales. En este último grupo se encuentran los gobernadores que se sumaron por ahora al nuevo sello Grito Federal y que gobiernan Mendoza, Chaco, Entre Ríos, San Luis y San Juan.
