El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta un panorama complejo en relación con las tarifas y los subsidios al transporte público. A partir del 1 de septiembre de 2024, se implementarán cambios significativos en la política de subsidios que afectarán a los usuarios de colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires, lo que ha generado un fuerte debate entre las diferentes jurisdicciones y preocupación en las empresas de transporte.
El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, confirmó la eliminación del subsidio que sostenía el descuento del boleto integrado de la Red SUBE en las líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de CABA y la Provincia de Buenos Aires. Este descuento permitía a los usuarios acceder a una reducción en el costo del segundo y tercer viaje realizado dentro de un plazo de dos horas.
La medida, anunciada por la Secretaría de Transporte encabezada por Franco Mogetta, se justifica en un intento de “ordenar” los subsidios y evitar lo que consideran un “favoritismo” hacia algunas jurisdicciones, buscando promover el federalismo y la igualdad de condiciones en todas las regiones del país. Sin embargo, la decisión ha generado tensiones con los gobiernos locales de la Ciudad y la Provincia, que señalan el impacto negativo que esto tendrá en los bolsillos de los usuarios, especialmente en aquellos sectores más vulnerables.
Las opciones de Ciudad y Provincia
El gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, fue uno de los primeros en manifestar su descontento con la medida. Desde la provincia se argumenta que la eliminación del subsidio perjudicará a miles de bonaerenses que dependen del transporte público para sus actividades diarias. Según el ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’onofrio, la administración de Kicillof había inicialmente aceptado cubrir los costos del sistema para las líneas de colectivos provinciales, pero decidió no asumir los costos del boleto integrado, alegando “cuestiones políticas”.
La consecuencia directa de esta decisión es que los pasajeros de las líneas provinciales (aquellas que no cruzan de jurisdicción) ya no podrán acceder a los descuentos de la Red SUBE, debiendo pagar la tarifa completa en cada viaje. Esta situación afectará a más de 450 mil usuarios bonaerenses por día, según las estimaciones oficiales.
Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires, a través de su jefe de Gobierno, Jorge Macri, también expresó preocupación por la medida. La administración porteña deberá hacerse cargo de los subsidios de las 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de la ciudad. Estas líneas, que no cruzan ni el Riachuelo ni la avenida General Paz, hasta ahora eran subvencionadas parcialmente por el Gobierno Nacional.
El impacto económico para la Ciudad será considerable, ya que se estima que mantener estos subsidios requerirá una inversión de aproximadamente 5.000 millones de pesos por mes. Sin embargo, desde la Secretaría de Transporte de la Nación se ha insistido en que este es un paso necesario para que las jurisdicciones asuman responsabilidades sobre sus servicios públicos, tal como ocurre en otras provincias como Mendoza y Santa Fe.
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Advertencia de las empresas de transporte
Ante estos cambios, las cámaras empresarias de transporte de colectivos del AMBA han manifestado su preocupación por la continuidad del servicio. Las empresas advierten que, de no garantizarse la cobertura de los subsidios o ajustarse las tarifas, la prestación del servicio podría verse gravemente afectada.
Según Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la diferencia entre el costo real de operación y el subsidio recibido por las empresas es insostenible. Con un costo estimado en 1.400 pesos por viaje y un subsidio promedio de 860 pesos, las empresas enfrentan un déficit significativo que podría llevar a la interrupción del servicio si no se toman medidas correctivas.
Aunque recientemente se autorizó un aumento del 37,5% en las tarifas, las empresas sostienen que esta actualización no es suficiente para cubrir los costos operativos, especialmente ante la inflación y la necesidad de inversión en nuevas unidades. El temor a un paro de transporte en los próximos meses es cada vez más palpable.
Las líneas nacionales y la tarifa social
A pesar de la eliminación de subsidios en las líneas de jurisdicción provincial y porteña, el Gobierno Nacional ha aclarado que mantendrá el subsidio en 113 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, de las cuales 103 operan en el AMBA y 10 en el interior del país. Estas son las líneas que cruzan más de una jurisdicción en su recorrido, como es el caso de las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, entre otras.
Además, se confirmó que la Tarifa Social, que ofrece un descuento del 55% en el boleto para sectores vulnerables, continuará vigente en todas las jurisdicciones del país. Este beneficio impacta a más de 5,3 millones de personas, incluyendo jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones sociales, entre otros.
El fin de los subsidios al transporte en algunas jurisdicciones del AMBA marca el inicio de un período de incertidumbre para los usuarios y las empresas de transporte. Mientras las autoridades provinciales y municipales intentan gestionar las consecuencias económicas de esta decisión, los pasajeros se preparan para afrontar un aumento en sus gastos diarios de transporte.
La falta de acuerdo entre las distintas jurisdicciones y el Gobierno Nacional subraya las dificultades de coordinar políticas públicas en un área tan densamente poblada y con necesidades tan diversas como el AMBA. En un contexto de alta inflación y tensiones políticas, el transporte público se convierte una vez más en un campo de batalla donde el costo de las decisiones se siente directamente en el bolsillo de los ciudadanos.
