El pasado jueves 26 de junio, una jornada federal de movilización se desplegó por las universidades públicas de Argentina, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes y no docentes, y la Federación Universitaria Argentina (FUA). En este marco, se llevaron a cabo marchas en varias ciudades del país, donde estudiantes, docentes y trabajadores exigieron un presupuesto adecuado para las universidades públicas y la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, detrás de esta movilización se esconden cifras alarmantes que evidencian la gravedad de la crisis que atraviesa el sistema educativo y científico.
La situación de las universidades: un desajuste que consideran insostenible
El informe de presupuesto de la UBA también revela datos preocupantes sobre la distribución de los recursos y la falta de ajustes adecuados frente a la inflación. En 2024, el presupuesto total de la UBA fue de $590.000 millones, con un 85% destinado a salarios y solo un 15% a los gastos operativos. Este 15% incluye áreas esenciales como servicios públicos, becas, programas de investigación y mantenimiento, pero es insuficiente para hacer frente a la constante suba de los costos, especialmente en un contexto inflacionario.
Otro dato relevante que indica el informe es que el presupuesto por alumno en la UBA es considerablemente bajo en comparación con otras universidades de América Latina. Por ejemplo, el presupuesto por alumno de la Universidad de San Pablo (USP) en Brasil es 15 veces mayor al de la UBA, y el de la UNAM en México es 8 veces más alto. Esta disparidad refleja la falta de recursos que afecta directamente a la calidad educativa y los servicios que la UBA puede ofrecer.
En cuanto a los salarios, también menciona que los docentes y trabajadores no docentes sufrieron una drástica pérdida de poder adquisitivo. Mientras que la inflación acumulada desde noviembre de 2023 asciende a un 250%, los salarios solo aumentaron un 95%, lo que representa una pérdida real de más del 40% de poder adquisitivo. Este desajuste sigue afectando tanto a los docentes, cuyos salarios básicos están por debajo del salario mínimo vital y móvil, como a los trabajadores no docentes y becarios de investigación, que también enfrentan una reducción considerable en sus ingresos debido a la inflación.
Además, se detalla cómo el Hospital de Clínicas, que depende de la UBA, también está siendo gravemente afectado por la falta de actualización presupuestaria. Según la UBA, la función salud de la universidad no recibió ajustes desde abril de 2024, a pesar de que los costos en el sector salud aumentaron a un ritmo mucho más rápido que el presupuesto asignado. Este congelamiento causó problemas en la atención a los pacientes y en la formación de futuros profesionales de la salud, ya que el hospital es uno de los principales centros de enseñanza y atención médica en el país.
Caída en el Presupuesto Universitario: un riesgo para la educación y la ciencia
Por segundo año consecutivo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) alertó sobre una baja pronunciada en el presupuesto destinado a las universidades públicas. A pesar de un aumento del 29% aprobado por el Poder Ejecutivo, el presupuesto de 2025 para el Programa de Desarrollo de la Educación Superior es el más bajo en casi dos décadas.
Este ajuste representa una caída del 9% respecto al año pasado y un 32% desde 2023, afectando gravemente el funcionamiento de las universidades. Además, la inversión por estudiante llegó a su nivel más bajo desde 2005, con apenas $2,1 millones, un 53% menos que hace una década, ajustado por inflación.
La situación en el Hospital de Clínicas: un reflejo de la crisis universitaria
En paralelo a la lucha por la Ley de Financiamiento Universitario, el sector salud también enfrenta una crisis derivada de la falta de actualización presupuestaria. El Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es el hospital-escuela insignia del país. Cada año, más de 9.000 alumnos de ciencias de la salud reciben formación en sus casi 40 aulas, mientras el hospital atiende a más de 360.000 consultas externas y realiza más de 8.000 cirugías anualmente.
El hospital también es reconocido por realizar campañas de atención gratuita a la comunidad y por atender a pacientes de todo el país, muchos de ellos sin cobertura social. Es, además, la única institución con la infraestructura necesaria para montar guardias de emergencia en situaciones de catástrofe, como ocurrió durante el incendio de Cromañón, el atentado a la AMIA o la masacre de Once.
Sin embargo, un informe reciente advirtió que la falta de actualización presupuestaria desde abril de 2024 está comprometiendo seriamente la atención sanitaria universitaria, agravada por la inflación y el congelamiento de fondos. La UBA denunció este congelamiento de recursos, lo que afecta tanto la formación de los futuros profesionales como la calidad del servicio que el Hospital de Clínicas brinda a la población.
Lo que dicen desde Capital Humano
Desde el sector de Capital Humano, se manifestaron sorprendidos por lo que informaron desde la UBA sobre el Hospital de Clínicas. En una declaración reciente, señalaron que, a pesar de las demandas, ya se había concretado una reunión con la Ministra Sandra Pettovello el pasado 24 de junio, en la que se le confirmó al secretario de Hacienda de la UBA que, tras el aumento del 27% para los gastos de funcionamiento, el próximo ítem en proceso de actualización es el destinado a la "función salud" del sistema universitario, incluyendo a la UBA. Según la información proporcionada, la reunión fue solicitada solo 48 horas antes y se llevó a cabo el mismo martes, lo que demuestra la intención de avanzar en soluciones a corto plazo.
La Ley de Financiamiento Universitario: un proyecto crucial
En este contexto, el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que fue presentado ante el Congreso el 28 de mayo, busca asegurar recursos suficientes para el funcionamiento de las universidades y el sistema científico del país. La ley establece como meta llegar al 1,5% del PBI para 2031, lo que permitiría una actualización automática de los gastos operativos y la creación de un fondo especial para carreras estratégicas. Sin embargo, este proyecto aún no fue aprobado, y su veto por parte del presidente Javier Milei causó preocupación en la comunidad educativa.
Mientras tanto, la falta de un financiamiento adecuado y la continua pérdida de poder adquisitivo siguen afectando la calidad educativa, científica y sanitaria. Las universidades públicas, como la UBA, buscan una solución inmediata a su situación económica para evitar un deterioro aún mayor en sus funciones esenciales.
