Este jueves, desde las 11 de la mañana, se emitirá el fallo parcial contra el ganadero Ricardo La Regina, quien enfrenta cargos por daño ambiental grave y crueldad animal, en relación con una colonia de pingüinos de Magallanes. El evento tendrá lugar en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut y representa el primer juicio oral y público en Argentina por delitos de esta naturaleza.
El panel de jueces está integrado por María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri. La demanda cuenta con la participación de Greenpeace, la Asociación de Abogados Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural. Esta causa contó con más de 50 testigos, entre los cuales se encuentran expertos de renombre internacional, lo que suscitó un gran interés a nivel global.
La imputación establece que entre agosto y diciembre de 2021, La Regina, responsable de la propiedad familiar, habría causado la destrucción de 175 nidos de pingüinos al abrir un camino con un tractor, lo que resultó en la muerte de ejemplares en periodo de reproducción. Asimismo, se le acusa de haber instalado un cerco electrificado sin los permisos correspondientes, que electrocutó a ejemplares adultos de la especie. La fiscalía y la parte demandante, respaldadas por un informe de consultoría, argumentan que estas acciones constituyen delitos a la luz de la Ley Sarmiento, referente al maltrato animal y al daño ambiental agravado.
Los acontecimientos relacionados con el productor ganadero tuvieron lugar en una zona costera adyacente a la reserva de Punta Tombo, específicamente en un área conocida como Punta Clara, que es parte de un importante espacio natural protegido, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La indagación indicó que La Regina utilizó maquinaria pesada para crear un camino en medio de una colonia de pingüinos, precisamente en plena temporada de anidación y cría.
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El camino, diseñado a lo largo de la costa, fue creado con el propósito de delimitar áreas de sucesión en la propiedad, de acuerdo con lo que indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF). Esta área es reconocida por albergar una notable concentración de reproducción de pingüinos de Magallanes.
El lunes anterior se emitieron decisiones sobre las convenciones probatorias, en las cuales la fiscalía informó que, durante el primer allanamiento, se confiscaron varias evidencias, incluyendo “un vallado metálico de 4.66 metros de color blanco y naranja y un trozo de cordón sintético y metálico del mismo color, de 3.42 metros”. Estos objetos estaban destinados a dividir la colonia de pingüinos de Magallanes, “sumado al cordón que conectaba con el boyero eléctrico”.
Por otro lado, la fiscal Florencia Gómez, quien previamente había proporcionado información a Infobae sobre el asunto, había demostrado la adquisición de una retroexcavadora y un camión. Según lo declarado por el acusado, el propósito de esta compra era “poner en valor el campo, con la intención de poner el mismo a producir". Mientras tanto, La Regina reiteró su deseo de donar una porción de sus tierras con el fin de “conseguir que se use la tierra de forma correcta y llegar a proteger a los pingüinos”, además de permitirle llevar a cabo su actividad sin interrupciones.
Durante la primera sesión, el abogado defensor de La Regina, Federico Ruffa, sugirió que se interrumpiera el proceso judicial mediante la suspensión del juicio a prueba, ofreciendo a cambio la donación de 500 hectáreas de terreno al Estado. Sin embargo, tanto la fiscalía como los demandantes desestimaron esta propuesta, argumentando que llegaba demasiado tarde y subrayaron que el juicio debía continuar.
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Durante sus argumentos finales, la fiscal solicitó la condena del acusado, afirmando: “Acá se hizo desaparecer, se inutilizó y se destruyó el hábitat del pingüino de Magallanes, se desmontó 2049 metros cuadrados”. Asimismo, destacó que hay áreas que fueron “totalmente decapitadas y compactadas”, donde se desplazaron “huevos, pichones y pingüinos que se encontraban dentro de sus nidos empollando”. Indicó que estos lugares se encuentran "irrecuperables" y reflejan un “un desprecio total sobre la biodiversidad”.
Además, expresó: “Todo lo que dañó el imputado no le correspondía, no era de su propiedad. Toda propiedad privada tiene límites morales y legales. Acá nunca se debatió el derecho a la propiedad, el eje fue que la flora y la fauna no le pertenecen al imputado, le pertenecen al Estado y a la sociedad entera”. Y señaló que La Regina conocía el ciclo reproductivo de las especies, ya que vivió allí. Y que inclusive, según declaraciones del acusado, “participó en trabajos con distintos biólogos en el lugar”.
El abogado defensor del acusado destacó: “No hay un pingüino muerto, no hay un pingüino lastimado, no hay un huevo roto. Nadie los vio, nadie los informó y ningún testigo de la fiscalía se animó a decir nada. Ninguna de las acusaciones se animaron a preguntarle a un testigo si habían visto un pingüino muerto, lastimado, electrocutado, dañado o alguna de las diferentes cosas que se hicieron correr en las acusaciones y medios públicos”.
Finalmente, Ruffa señaló que ninguno de los involucrados en la investigación “agarró una pala” para buscar pruebas de algún pingüino herido. Además, afirmó que el proceso se fundamenta en un estudio llevado a cabo por el especialista Pablo García Borboroglu, el cual desembocó en lo que él consideró “fake news y una posverdad”.
