En los pasillos del Estado se escucha un zumbido sordo. No es el murmullo del pueblo, ni la bronca del manifestante, ni siquiera el eco de los que todavía esperan. Es el sonido de la máquina burocrática funcionando sola, como una criatura que gira sobre sí misma. Mientras tanto, el cuerpo del Estado, ese cuerpo que debería sostenernos, está roto. Se rompió por negligencia, por desidia, por inercia. Y en esa fractura, se cuela la muerte.
El caso del fentanilo contaminado no es simplemente un error, ni siquiera un escándalo. Es la expresión quirúrgica de un sistema que ha perdido su sensibilidad. Casi cien personas murieron por una sustancia que debía aliviar. En lugar de anestesiar el dolor, lo multiplicó. Y lo peor es que no hay un culpable claro. Como en una tragedia griega sin héroes, todos son parte y nadie es responsable. Un laboratorio privado, una agencia estatal, un hospital público, una cadena de decisiones que se diluyen en un mar de siglas y referencias.
¿Quién responde cuando nadie responde? ¿Quién da la cara cuando la culpa se terceriza hasta desaparecer? HLB Pharma sigue operando, con permisos y habilitaciones en regla, como si nada hubiera pasado. La ANMAT detectó irregularidades, pero el informe se conoció tarde. La justicia cuando investiga baila al ritmo de otras melodías (hay otros flautistas detrás de la justicia). Los expedientes son laberintos. Y las familias… las familias reciben explicaciones en forma de resoluciones: resolución 34/2025, que modifica la resolución 118/2022, que a su vez enmienda la 64/2019. El lenguaje de las excusas se ha vuelto una jerga de hermeneutas. Para acceder a la verdad hay que rendir examen de derecho administrativo y ser doctor en chicanas leguleyescas.
En el medio, la gente. No la gente como masa abstracta, sino personas concretas. Un padre que perdió a su hija. Una enfermera que aplicó un fármaco creyendo que estaba haciendo el bien. Un juez que decide entre lo que dice ese protocolo de la burocracia kafkiana que son los pasos a seguir y la norma a aplicar para que el asunto esté administrativamente a derecho y lo que le grita su conciencia. No sabemos si su conciencia social, moral, partidaria, ideológica… Al final "el protocolo burocrático", gana. Siempre gana. Porque en este sistema, lo que no está escrito no existe, y lo que está escrito se interpreta según la biblioteca de turno. La justicia es sólo un cuento de niños para que los ciudadanos nos portemos bien y dentro de un cierto marco de acción.
Muerte con forma de trámite
Hay quienes quieren ver este caso del fentanilo contaminado como una confirmación de sus creencias. Para unos, es la prueba de que el Estado no sirve y debe retirarse. Para otros, es el argumento perfecto para reclamar más Estado, más controles, más presencia. Pero mientras discutimos el tamaño del Leviatán, sus extremidades siguen paralizadas sobre las gargantas de la gente. La discusión se eleva al plano teológico: ¿cuál es la esencia del Estado? ¿Cuál es su fe verdadera? Y mientras tanto, los ciudadanos mueren a merced del debate, como si fueran bajas colaterales en una guerra de hermeneutas. Como si estuviéramos atrapados en una versión legalista de las disputas entre Derrida y Gadamer, donde cada muerte se discute como una glosa más en la babel de la tragedia argentina. Donde los nuevos escolásticos son estos muchachos que interpretan los meandros de la normativa con devoción casi mística.
Aquí asoma la paradoja más cruel: la muerte, en estos casos, no tiene rostro de crimen. Tiene forma de trámite. La muerte no entra con armas, sino con sellos. No se oculta en una esquina oscura, sino en una oficina iluminada con tubos fluorescentes. La muerte se firma. Se archiva. Se notifica. Y cuando llega la pregunta inevitable ¿cómo pasó esto?, la respuesta llega en forma de expediente.
Hannah Arendt escribió sobre la banalidad del mal: el horror no necesita de monstruos, basta con burócratas obedientes. Y Zygmunt Bauman nos advirtió que en la modernidad líquida la responsabilidad se diluye hasta volverse intangible. El caso del fentanilo contaminado condensa ambas intuiciones: negligencias encadenadas, amparos implícitos, laboratorios más laxos bajo el supuesto resguardo del poder político. No hay un asesino, pero hay un sistema entero que fabrica irresponsables.
Este drama no se da en el vacío. Llega justo en medio de un giro copernicano en la concepción del Estado argentino: de un Estado presente, que pregona protección, a un Estado liberal, que pregona responsabilidad individual. Un Estado que antes decía "yo cuido", frente a otro que ahora dice "que paguen los responsables". Entre ambos discursos se despliega la tragedia de los que quedan indefensos: ni protegidos ni realmente libres, apenas librados a su suerte. Vivos en un mundo peligroso.
El cuerpo roto del Estado no es una metáfora poética. Es una constatación material. El Estado no es sólo un conjunto de instituciones. Es un pacto. Un acuerdo de cuidado. Cuando ese pacto se rompe, el resultado no es sólo desconfianza: es dolor. Y ese dolor, como el fentanilo contaminado, se multiplica sin control.
Los familiares no quieren una tesis sobre el rol del Estado. Quieren verdad. Quieren consuelo. Quieren saber por qué un sistema supuestamente diseñado para protegerlos se vuelve indiferente ante la muerte. Y no hay palabra burocrática que alcance para eso. Ningún "protocolo burocrático" previó el humanizante consuelo.
