El caso del fentanilo contaminado, que dejó en el país al menos 96 muertos, generó preocupación en los argentinos, que en su gran mayoría lo vincula a lazos con el narcotráfico o el crimen organizado y a la corrupción política y judicial.
Así surge de un informe de Poliarquía Consultores realizado en forma online entre el 13 y 15 de agosto sobre 600 casos de personas mayores de 18 años residentes en centros urbanos de más de 10.000 habitantes, con un margen de error de +/- 4% para un nivel de confianza del 95%.
El trabajo determinó que el 68% de los encuestados considera que existen vínculos entre los laboratorios involucrados en la causa del fentanillo contaminado y redes de narcotráfico o crimen organizado.
Mientras que dos de cada tres argentinos creen que los dueños de los laboratorios tuvieron protección política o de funcionarios para operar sin controles estrictos.
Y una proporción similar piensa que esa protección política o judicial para frenar la investigación sigue vigente.
La responsabilidad institucional
El 31% de la sociedad consideró al Ministerio de Salud de la Nación como el principal responsable de la crisis del fentanilo adulterado y solo el 7% considera que actuó bien; mientras que un 29% señala que todos los actores involucrados comparten la responsabilidad. En tercer lugar aparecen los hospitales que administraron el medicamento, seguidos por los laboratorios que fabricaron el producto.
Además, el 41% calificó como poco o nada confiable el rol de supervisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), mientras que un 23% no sabe, posiblemente por desconocimiento del organismo.
En tanto, 52% percibió al sistema judicial como ineficaz en la investigación del caso.
Las percepciones personales
La mitad de los encuestados admitió que evitó o consideró posponer un tratamiento médico en hospitales o clínicas.
Además, el 71% declaró estar informado sobre la crisis del fentanilo contaminado y ocho de cada 10 personas -especialmente entre mujeres y grupos de mediana y mayor edad- mostró su preocupación por la seguridad de los medicamentos utilizados en hospitales y clínicas desde que se conoció el caso.
Y el 87% considera que el tema debería estar en entre las prioridades de la agenda del Congreso y del Gobierno nacional.
