Investigadores analizaron tres escenarios de crecimiento anual de vehículos eléctricos y su impacto en la red eléctrica nacional.
Uruguay avanza hacia un modelo de transporte más limpio. En los últimos años, los autos eléctricos empezaron a ganar espacio en el mercado nacional, impulsados por beneficios fiscales, políticas públicas y el atractivo de una movilidad sin emisiones directas.
Pero esta transformación, que promete reducir la dependencia del petróleo y mejorar la calidad del aire, trae consigo un desafío clave: ¿el sistema eléctrico está preparado para abastecerlos?
Una investigación técnica titulada “Analysis of the Energy Impact of Electric Vehicle Integration in Uruguay”, desarrollada por investigadores de la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Brasil), analizó distintos escenarios de crecimiento de autos eléctricos entre 2025 y 2040, con el foco puesto en los impactos energéticos que podrían generarse si esa expansión es acelerada.
El trabajo, elaborado por Gabriel Brugues Soares, Oswaldo Hideo Ando Junior, Joylan Nunes Maciel y Jorge Javier Gimenez Ledesma, proyecta tres escenarios de crecimiento anual del parque automotor eléctrico. Uno con una tasa de aumento natural del 1% por año, otro moderado del 3% y uno acelerado del 10%, todos acumulativos, comenzando en 2025 y extendiéndose hasta 2040.
Esto implica que, año tras año, la cantidad de vehículos eléctricos se multiplicaría a distintas velocidades según cada caso. Aunque el porcentaje pueda parecer bajo, en el escenario más acelerado el aumento sería exponencial, llegando a generar una carga energética que podría multiplicar por más de 56 veces el nivel inicial de consumo eléctrico para transporte.
En el escenario de crecimiento más intenso, los autos eléctricos requerirían, al cabo de 15 años, una cantidad de electricidad un 5.627% mayor que la registrada al inicio del período proyectado. Esa cifra surge del análisis de la energía consumida por un vehículo eléctrico promedio (0,195 kWh por kilómetro) y su comparación con la que se necesitaría en 2040 si el ritmo de adopción fuera del 10% anual acumulativo.
Este aumento no solo refleja el crecimiento del parque eléctrico, sino también su impacto directo sobre la demanda energética nacional. La cantidad de energía necesaria implicaría una expansión significativa de generación, distribución y puntos de carga en todo el país.
El escenario intenso no dista demasiado de la realidad. Sobre todo teniendo en cuenta la fuerte adopción que tiene Uruguay sobre estos coches en un contexto de un país con trayectos cortos y una buena matriz energética.
Si le ponemos cifras a esto: en la primera mitad de 2024, los países latinoamericanos con más vehículos eléctricos en términos absolutos eran Brasil, México, Costa Rica, Colombia y Chile. Sin embargo, al analizar las cifras en relación a la población, Uruguay lidera el ranking en América del Sur en cantidad de vehículos electrificados por habitante, seguido de Brasil y Chile, según datos de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), informados por El Observador.
Este liderazgo relativo hace que Uruguay esté entre los primeros países de la región en tener que afrontar los efectos técnicos de una transición acelerada en la movilidad.
Aunque el país se destaca por su matriz energética, que en un 97% proviene de fuentes renovables como la energía eólica, solar, hidroeléctrica y biomasa, el estudio advierte que esto no garantiza la capacidad para sostener un crecimiento acelerado en el uso de autos eléctricos.
El sistema eléctrico uruguayo depende del SIN, el Sistema Interconectado Nacional. Esta red es la encargada de transportar y distribuir la electricidad generada en todo el país, conectando las centrales con hogares, industrias, servicios y comercios. Está diseñado para abastecer la demanda habitual de la población, pero si miles de autos comienzan a cargarse todos los días, durante horas, la infraestructura actual podría saturarse.
El estudio señala que, para evitar este riesgo, se necesitarán inversiones en generación adicional, refuerzo de líneas de transmisión, y una planificación urbana que contemple cargadores domésticos y públicos. Por ejemplo, un cargador estándar de 3,7 kW necesita unas 5,4 horas al día para recargar un vehículo promedio. Multiplicado por miles de usuarios, ese patrón diario podría generar picos de consumo difíciles de sostener.
Aunque el informe no establece una cifra exacta de inversión, sí destaca que será necesario ampliar la infraestructura eléctrica en múltiples niveles. Entre ellos, generación renovable adicional, subestaciones, sistemas de almacenamiento de energía, cargadores públicos y mejoras en las redes de distribución urbana.
A su vez, la planificación deberá incluir la gestión del consumo para evitar que todos los vehículos se carguen en el mismo horario, algo que podría provocar cortes de suministro o necesidad de importar energía desde países vecinos.
Más allá del impacto en el sistema eléctrico, el estudio también resalta los beneficios ambientales de esta transición. Reemplazar autos a combustión por eléctricos reduce las emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales gases responsables del cambio climático.
Esa reducción de emisiones puede convertirse en un activo económico: los créditos de carbono. Cada tonelada de CO que no se emite puede registrarse como un crédito, que puede venderse en mercados internacionales. El informe calcula cuántas emisiones podrían evitarse según el escenario adoptado y cuántos créditos podría acumular el país, teniendo en cuenta los factores de emisión actuales del sistema eléctrico uruguayo.
La conclusión de los autores es clara: Uruguay tiene condiciones excepcionales para avanzar en movilidad eléctrica. Una matriz energética renovable, incentivos existentes, y una proporción de adopción por habitante que lo ubica entre los líderes regionales.
Pero esa ventaja no elimina la necesidad de actuar. Para que la transición sea viable, será necesario coordinar políticas energéticas, de transporte y urbanas. La expansión de vehículos eléctricos no puede avanzar de forma aislada. Debe estar acompañada por inversiones estratégicas y una planificación que garantice que los beneficios ambientales no se conviertan en problemas técnicos.
