Cincuentones a la agenda de derechos

La mayoría del Frente Amplio, liderada por el ministro de Trabajo, esta de nuevo en la intifada contra las AFAP. No importa que las piedras no hagan mella a la solidez de los fondos de ahorro previsonal, que no son otra cosa que administradoras de haberes para el retiro de miles de uruguayos. Lo que sí importa es la señal de hostilidad de los sindicatos y buena parte de la izquierda contra las AFAP, ahora expresada en un proyecto de ley para solucionar la situación de los hoy cincuentones perjudicados por el diseño de la necesaria e inevitable reforma jubilatoria de 1996. En lo inmediato impidió el colapso del sistema, pero, de todos modos, aquel esfuerzo no pudo eliminar la dinamita debajo del puente. Ahora el escenario apocalíptico volvió, como promete Schwarzenegger en Terminator con su famoso latiguilo: l'll be back (regresaré).

La intención del gobierno y el propio ministro es buena. Se trata de amparar a la primera generación de futuros jubilados que serán damnificados por fallas de diseño, que no reconoce aportes anteriores a la mutación del mecanismo previsional. Esa situación significa una discriminación lisa y llana en relación a otros que, más adelante, podrán disfrutar de mejores asignaciones con igual esfuerzo.

Es claro que eso será posible siempre y cuando se suba la edad mínima de 60 a 65 años en atención al aumento de la expectativa de vida y a la necesidad de financiar jubilaciones por más tiempo. La discusión está centrada en la forma en que el BPS puede financiar la jubilación de aquellos que decidan desafiliarse de las AFAP en procura de mejorar la mensualidad jubilatoria. La fórmula del Poder Ejecutivo que defiende el ministro de Trabajo supone transferir los fondos de las AFAP al BPS de aquellos que opten por desafiliarse.

Entonces, ese organismo, cuyo déficit actual equivale a 8 puntos del IVA, debería encargarse de abonar las jubilaciones durante mas de 40 años. Los técnicos del banco estiman esa erogación en US$ 2.500 millones, pero el Ministerio de Economía estima esa cifra en US$ 3.700 millones, un cálculo parecido al de las AFAP.

El vice del MEF, Pablo Ferreri, planteó una alternativa que consiste en reconocer los aportes previos a 1996 bajo la premisa de un costo de US$ 1.200 millones. Lejos de despertar el inmediato entusiasmo, la iniciativa que permitiría ahorrar entre US$ 1.000 millones y US$ 2.000 millones fue rechazada por la mayoría de los sectores frenteamplistas, donde golpear a las AFAP está primero. Algunos sectores, entre ellos el mujiquismo, están dispuesto a examinar otra propuesta si la hace suya el Poder Ejecutivo.

Por eso fue que el astorismo planteó una reunión con el presidente Tabaré Vázquez. La posibilidad de arribar a una solución al menor costo debería examinarse con criterio profesional.

Pero hay otro aspecto crucial que debería eliminarse o modificarse si a la postre triunfa el proyecto original. Consiste en que los cincuentones definan ahora, a base de proyecciones, mantenerse o desafiliarse de las AFAP, cuando faltan más de ocho años para el retiro. Es casi obligar a esos ciudadanos a jugar a la lotería en vez de reconocerles el derecho a optar próximo a la jubilación. Este aspecto es central y merece considerarse dentro de la agenda de derechos que felizmente ahora protege a los discriminados de siempre.

Cualquiera sea la definición más vale aprender la lección. Tan grande es la tentación al toqueteo del sistema y tan persistente el discurso adverso hacia los fondos previsionales que lo mejor es protegerse. La herramienta es el ahorro temprano, que las más de las veces se logra con sacrificio. Lo único seguro, al final de una vida de trabajo, es lo que logramos por nosotros mismos.