El proyecto será enviado al Parlamento la próxima semana e incluye cambios para agilizar trámites, promover la competencia, apoyar a las mipymes y fomentar la inversión.
El Poder Ejecutivo presentó este miércoles el proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que este proyecto de ley es el resultado del trabajo de cuatro ministerios y será remitido al Senado la semana próxima.
Según explicó, los objetivos son generar más empleo, más inversión, reducir los precios y disminuir la burocracia en Uruguay. Para ello, se propone un conjunto de microreformas.
Oddone señaló que la iniciativa también recoge aportes surgidos de más de 40 reuniones con cámaras empresariales, sindicatos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, además de una consulta pública que recibió más de 150 propuestas.
La ley contiene más de 240 artículos distribuidos en cuatro capítulos: agilización de trámites en la administración, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia y reducción del costo de vida, e innovación y aceleración de la inversión.
El primer eje de la propuesta apunta a reducir la burocracia mediante la creación de registros unificados dentro de la administración pública. Según explicó el ministro, esto permitirá que la información presentada por ciudadanos y empresas pueda ser compartida entre organismos, evitando trámites y documentación duplicada.
Otro de los cambios previstos es la incorporación de los llamados “silencios positivos”. De esta forma, cuando la administración no responda dentro de los plazos que se establezcan en la reglamentación, la solicitud presentada se considerará aprobada.
La iniciativa también crea una plataforma de información positiva para el acceso al crédito. El objetivo es que, además de los antecedentes financieros tradicionales, pueda incorporarse información sobre el cumplimiento de pagos de servicios y otras obligaciones.
En materia de comercio exterior, se propone la figura del autodespacho aduanero para empresas calificadas, que podrán realizar determinados trámites con personal propio.
El proyecto incluye además medidas de “desempapelamiento”, como la aceptación obligatoria de certificados notariales electrónicos, la digitalización de trámites aduaneros y la presentación en formato digital de actas y estados contables.
También prevé modificaciones en los registros sanitarios y técnicos. La vigencia general de los registros pasará de cinco a diez años y las renovaciones podrán realizarse mediante declaraciones juradas cuando no hayan cambiado las condiciones originales.
A su vez, se elimina la obligatoriedad de traducir documentación técnica presentada en inglés y portugués para determinados trámites, y se habilita la realización simultánea de procedimientos que actualmente deben completarse de forma secuencial.
Dentro del capítulo orientado a la reducción del costo de vida, el proyecto plantea medidas para facilitar la competencia y promover la existencia de múltiples importadores de un mismo producto.
Según explicó Oddone, el objetivo es flexibilizar algunos mecanismos de registro que actualmente favorecen la existencia de distribuidores exclusivos. Como ejemplo, mencionó el caso de productos sanitarios que ya cuentan con autorización y cuya importación podría ser realizada por más de una empresa sin necesidad de volver a presentar toda la documentación técnica.
El ministro sostuvo que esta medida busca evitar prácticas monopólicas y fomentar una mayor competencia en el mercado. Entre los ejemplos mencionados por las autoridades figura el análisis de esquemas de distribución exclusiva en algunos mercados, como el de la pasta dental.
El proyecto también fortalece la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Según explicó Oddone, el organismo contará con mayor autonomía funcional y de recursos, al tiempo que se reforzarán sus capacidades de investigación y control. La iniciativa también amplía las herramientas para supervisar procesos de concentración económica y requerir información a las empresas.
La iniciativa también incorpora medidas vinculadas a la innovación, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y la aceleración de inversiones, en el marco de los objetivos de aumentar la competitividad y promover el crecimiento de la actividad económica.
Según destacó Oddone, representan el 99% de las empresas del país y concentran el 65% del empleo.
Entre las medidas incluidas figura la denominada graduación tributaria, que busca eliminar los saltos entre categorías impositivas para que el crecimiento de una empresa no implique cambios bruscos en su carga tributaria.
También se prevé una plataforma unificada para realizar trámites ante la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS), permitiendo que la información se cargue una sola vez y sea compartida entre ambos organismos.
Además, el proyecto crea un sistema integrado de gestión gratuito para micro y pequeñas empresas, que incluirá herramientas de facturación, cobranza electrónica, administración de inventarios, gestión de proveedores y control de cuentas a cobrar y pagar.
A su vez, se reducen los costos asociados al registro de productos para las mipymes.
En materia de innovación, la iniciativa promueve el desarrollo de las empresas fintech mediante la creación de entornos regulatorios controlados para proyectos innovadores y emprendimientos en etapas iniciales.
También incorpora un régimen de finanzas abiertas, con el objetivo de facilitar la interoperabilidad entre instituciones financieras y permitir que los usuarios puedan compartir su información entre distintos proveedores de servicios financieros.
Por otra parte, el proyecto impulsa mecanismos de financiamiento productivo mediante cambios en el régimen de fondos de inversión cerrados, ampliando las actividades en las que podrán operar y buscando canalizar recursos hacia sectores distintos al inmobiliario.
Oddone señaló que el propósito general de estas medidas es mejorar la competitividad de la economía uruguaya mediante la reducción de costos, trámites y rigideces que afectan a las empresas y a los ciudadanos.
Consultado sobre las eventuales resistencias que puedan generar algunas de las medidas, el titular de Economía señalo que se trata de un proyecto que genera un conjunto de oportunidades, pero también mueve un equilibrio.
“Hay una zona de confort en la que muchos agentes están, que este proyecto pretende remover, ¿para qué? Para ir a un estado de relacionamiento entre el Estado y los agentes más eficiente, más moderno, y eso va a provocar discusiones”
