El depósito logístico de Lobraus en el puerto de Montevideo es un proyecto controversial desde hace varios años. Este mes la Administración Nacional de Puertos (ANP) comunicó a la empresa de capitales brasileños su intención de rescindirle el contrato por incumplimientos. Lejos de aceptar la resolución, la compañía defendió su posición y enumeró varios motivos que la perjudicaron. Entre ellos, mencionó el viaducto construido en 2022, los nuevos escáneres de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la extensión del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie para Terminal Cuenca del Plata (TCP).
El ambicioso proyecto quedó reducido solamente al depósito de mercadería y eso motivó las molestias de autoridades de los dos últimos gobiernos.
En los últimos años el cortocircuito se reavivó. En octubre de 2022 la ANP intimó a la compañía para cumplir con sus obligaciones contractuales de la construcción de la totalidad del proyecto. Días más tarde Lobraus amenazó con iniciar una demanda contra el Estado por incumplimiento de la concesión.
En noviembre de 2023 la empresa solicitó autorización para operar mercaderías peligrosas. Luego de varias actuaciones, en julio de este año, la autoridad portuaria resolvió denegar la petición.
Pero el conflicto no quedó ahí. Una resolución del Directorio de la ANP del 6 de agosto notificó a Lobraus sobre el inicio formal de la rescisión del contrato, vigente hasta 2046, por una serie de incumplimientos.
Mientras preparaba sus descargos, Lobraus presentó un nuevo pedido a la ANP. En una nota del 20 de agosto, a la que accedió El Observador, solicitó la financiación en 12 cuotas del canon mensual de US$ 38.513 (más otros conceptos por US$ 8.592) debido a “la imposibilidad de hacer frente al pago, causada por la situación financiera de la empresa”.
Además planteó que -hasta que no se resolviera la financiación- la empresa no fuera suspendido del sistema operativo de la ANP por falta de pago para poder continuar con los trabajos habituales en el depósito de almacenamiento.
Un día después, la compañía respondió a la resolución oficial. En el texto pidió dejar sin efecto la decisión ya que no podía decretarse la rescisión de una concesión dentro del puerto de Montevideo por un “pretendido incumplimiento justificado por diversos eximentes de responsabilidad”.
Recordó que en una reunión de mayo de 2023 representantes del Ministerio de Transporte y de la ANP comentaron, de manera categórica, que no querían que se construyera la torre de edificios como estaba previsto en el contrato inicial.
“No hay incumplimiento cuando el mismo es consentido y requerido por las autoridades competentes”, dijo el escrito.
“No puede fundarse una rescisión de la concesión a una empresa que ha operado eficazmente, durante muchos años y de la que dependen 70 familias, sobre la base de que no han completado las obras pactadas cuando las autoridades le dicen a Lobraus que no quieren la inversión”, agregó.
Katoen Natie, el viaducto, los escáneres y la pandemia
Uno de los motivos que argumentó Lobraus como eximente de responsabilidad para completar el proyecto fue el contrato firmado entre el gobierno y Katoen Natie para la extensión de la concesión de TCP (terminal especializada en contenedores, propiedad de esa multinacional con participación estatal) hasta 2081.
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Suba de tarifas en TCP
Diego Battiste
La compañía brasileña expuso que trabaja con carga de Montecon (empresa dedicada a la movilización de contenedores en las áreas públicas del puerto de Montevideo). Relató que previo al contrato Montecon trabajaba con el 70% de los contenedores que ingresaban al puerto y TCP con el 30% restante.
El acuerdo incluyó decretos que otorgaban a la terminal especializada la prioridad para el atraque de los barcos portacontenedores. Y eso generó que los porcentajes variaran. El texto argumentó que la reducción de contenedores operados por Montecon también incidió negativamente en el volumen de carga movilizada por Lobraus.
“El contrato produjo un efecto negativo en nuestra ecuación económica-financiera y obviamente es imputable a la ANP”, aseguró.
Otro aspecto que marcó fue la construcción del viaducto del puerto de Montevideo. Indicó que la empresa sufrió una severa contaminación acústica (por el ruido de perforadoras, grúas y martillos eléctricos) y ambiental (por la permanente polvareda que afectó la operativa habitual).
También dedicó un capítulo a los nuevos escáneres adquiridos por la DNA. Expuso que los equipos deben ser localizados en sectores que no representen un obstáculo para las empresas privadas y que la ubicación debe tomar en cuenta las obras que todavía debe llevar adelante Lobraus.
El cuarto aspecto enumerado fue la pandemia. Señaló que el covid-19 redujo las exportaciones e importaciones y eso afectó la rentabilidad de la compañía, algo que se enmarca en la teoría de la imprevisión como eximente de responsabilidad.
Con esos motivos Lobraus solicitó que la ANP dejara sin efecto la resolución de rescisión y que además se le otorgue una prórroga –solicitada anteriormente-.
Idas y vueltas de la interna portuaria
Más allá de las explicaciones de la firma brasileña, los desacuerdos con la ANP se arrastran desde hace años. En 2017 el anterior gobierno empezó a seguir de cerca a Lobraus. El ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo en una comisión parlamentaria que el proyecto tenía problemas y no se ajustaba a la propuesta original.
En 2018, la ANP intimó a la empresa para que presentara información adicional. Se aportaron más datos y siguió corriendo el tiempo. Pero surgió un imprevisto: las autoridades recibieron el trazado de la vía férrea para el tren que transportaría celulosa de la segunda planta de UPM hasta el puerto de Montevideo. El depósito de Lobraus estaba ubicado en una zona que impedía el paso del ferrocarril.
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Administración Nacional de Puertos
Foto: Leonardo Carreño.
Entonces se le planteó que reubicara el proyecto. Lobraus aceptó con una condición: que se le abonara una serie de gastos realizados hasta ese momento por US$ 1 millón. Luego de varias negociaciones, la ANP aceptó el pago de US$ 667 mil. Pero los desacuerdos continuaron hasta la actualidad.
Cesión de la concesión
En 2019, Lobraus emitió Obligaciones Negociables (ON) para el desarrollo de su proyecto portuario. La primera serie fue por US$ 5 millones y fue adquirida por varios inversionistas. Las ON pasaron luego a PTP, empresa argentina que es una de las principales operadoras de la hidrovía Paraná- Paraguay. Lobraus no pudo hacer frente a las obligaciones con los inversionistas y ahora PTP reclama la cesión de la concesión otorgada, según informó este martes el programa Nada que perder de M24.
