La asamblea de obligacionistas de Produits de France SAS —convocada por Crowder, la plataforma uruguaya de crowdfunding que realizó la emisión— se reunió el viernes pasado para resolver los pasos a seguir, luego de que la empresa gastronómica incumpliera pagos a inversores el pasado 31 de enero y la Justicia decretara el concurso voluntario de acreedores el 6 de febrero.
Uno de los puntos que estaba en consideración era ejecutar la garantía, pero esa opción reunió el 48,5% de los votos; el resto fueron votos negativos y abstenciones, por lo que no alcanzó la mayoría necesaria.
Actualmente la empresa hace uso del plazo de cura de 45 días —hasta el 17 de marzo— previsto en una cláusula del documento de emisión, un período durante el cual puede regularizar el incumplimiento sin que se active la exigibilidad de la deuda.
Si eso no ocurre, se activará automáticamente el fideicomiso de garantía para acceder al flujo de cobranza procesado con tarjetas de débito y crédito Visa y destinarlo al repago, total o parcial, del capital remanente de las Obligaciones Negociables.
Según supo El Observador, una posibilidad es que antes que expire el plazo de 45 días la Liga de Defensa Comercial (Lideco), síndico designado por la Justicia, presente alguna propuesta a los inversores. Eso ameritaría otra asamblea.
La firma Produits de France SAS —conocida por sus marcas Saint Germain y Piazza Italia— había incumplido su obligación de pago de intereses y capital correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables realizada en octubre de 2024, según informó la plataforma de financiamiento colectivo Crowder a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central.
En dicha emisión participaron unos 300 inversores y se colocó deuda por aproximadamente 5.240.000 unidades indexadas (UI), equivalentes a unos US$ 874.000, con una renta fija bruta en UI del 8% anual, a un plazo de 54 meses y con vencimiento en abril de 2029.
Hasta el momento, la firma había realizado entre tres y cuatro pagos de capital e intereses y debía efectuar uno nuevo el último día hábil de enero de 2026, de acuerdo con el calendario que prevé abonos trimestrales.
La eventual activación de la garantía podría afectar la operativa diaria de la empresa. Por eso, algunas de las alternativas en análisis apuntan a compatibilizar el repago a los inversores con la continuidad del negocio.
El desenlace dependerá tanto de la capacidad de la empresa para presentar un plan de viabilidad creíble como de la disposición de los obligacionistas a acompañar una reestructura. En las próximas semanas serán claves las negociaciones entre las partes y las resoluciones que se adopten en el marco del proceso judicial.
