A pesar de la falta de consenso global, el sindicato destacó como “avances muy importantes” una serie de puntos, entre los que sobresale la “desvinculación de las AFAP” como administradoras de las cuentas personales de ahorro.
Fuentes sindicales consultadas por El Observador indicaron que no se darán más detalles hasta que se termine de confeccionar y se presente el documento final, del que todavía se “están discutiendo detalles”. En la misma línea, otros integrantes del Diálogo Social se excusaron de emitir comentarios sobre los puntos específicos de acuerdo y desacuerdo.
Lo que es seguro es que este texto de propuestas funcionará como un insumo con el cual el Poder Ejecutivo podrá elaborar posteriormente distintos proyectos de ley para remitir al Parlamento.
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Cambios en las AFAP y rol del Estado
Con respecto al régimen de jubilaciones y pensiones, lo que planteó el PIT-CNT a sus sindicatos el pasado fin de semana está en sintonía con algunas ideas que ya había expresado tiempo atrás, en entrevista con El Observador, el economista Hugo Bai, representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y encargado de coordinar la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social.
La intención del gobierno es mantener el pilar de ahorro individual, pero introducir cambios para "mejorar" su funcionamiento y reducir costos para los afiliados. Entre las opciones que se evalúan, se maneja la idea de centralizar algunas funciones que hoy realizan las AFAP.
Esa eventual reorganización podría implicar que el Estado —a través del Banco de Previsión Social (BPS) u otro organismo— pase a administrar las cuentas individuales. Según supo El Observador, los fondos se podrían gestionar mediante un fideicomiso de características similares al de los “cincuentones”.
En tanto, las AFAP se concentrarían únicamente en invertir y rentabilizar esos fondos. Bajo este esquema, las administradoras privadas competirían únicamente para lograr inversiones eficientes.
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Foco en rentabilidad, no en centralización
La Asociación Nacional de AFAP (Anafap) sostiene que las mejoras del sistema previsional no pasan por cambiar la administración de las cuentas, sino por aumentar la rentabilidad de las inversiones y el ahorro acumulado mediante ajustes en el régimen de activos. Afirma que reducir costos administrativos o centralizar la gestión tendría un impacto acotado: menor al 1% en la jubilación total.
La gremial identifica oportunidades en la diversificación de inversiones. Señala que una mayor apertura hacia renta variable global y cambios regulatorios en los activos habilitados podrían elevar la prestación promedio del pilar de ahorro en torno al 20% o 21%, planteando que ese debería ser un eje central del análisis.
También destaca el vínculo directo que las AFAP mantienen desde hace casi tres décadas con más de 1,7 millones de afiliados, a través de estados de cuenta, atención personalizada y proyecciones de jubilación. En ese marco, advierte que una eventual centralización debería evaluar si el sector público puede sostener ese nivel de atención a menor costo o si derivaría en un esquema más generalizado y distante.
Por otro lado, Anafap sostiene que la mejora prometida al trabajador con la eliminación de estructuras comerciales sería prácticamente inexistente. Esto implicaría que los costos actuales pasarían a un organismo estatal, que tendría que financiarlos con impuestos, tasas u otros mecanismos, o en su defecto con más déficit.
Y afirma que Uruguay ya tiene una de las comisiones más bajas de la región y que las eficiencias de escala ya fueron desarrolladas. A su vez, señala como temas pendientes la mejora en los esquemas de inversión y problemas en el mercado de rentas vitalicias, donde identifica un monopolio de hecho.
La asociación advirtió en un comunicado que, con la propuesta, el afiliado dejaría de ser cliente para pasar a ser usuario de un organismo estatal único, perdiendo capacidad de elección y de reclamo directo. Se considera que esto implica un cambio en la naturaleza del sistema, pasando de un esquema competitivo y supervisado a uno monopólico estatal.
En esa línea, afirmó que la medida constituye una estatización y cuestionó que la experiencia en la gestión estatal de la seguridad social respalde un mejor desempeño. Además, vinculó la propuesta con una agenda ya rechazada en 2024 por más del 61% de los votantes.
El economista Ignacio Munyo expresó este miércoles, en declaraciones a Radio Carve, que el régimen de AFAP ha sido un pilar clave para la sostenibilidad financiera del sistema jubilatorio uruguayo y recordó que su creación, en el marco de la reforma de 1996, contribuyó a fortalecer la credibilidad macroeconómica y al acceso al grado inversor, facilitando el financiamiento en mejores condiciones.
Desde el diseño, destacó el componente de ahorro individual como central, ya que permite a cada trabajador seguir sus aportes, tener una contraparte clara y ejercer la posibilidad de cambiar de administradora, lo que configura —a su juicio— un rasgo distintivo del sistema basado en la libertad de elección.
En ese marco, cuestionó los cambios en discusión, al considerar que implican una estatización de la gestión del ahorro previsional y un cambio estructural en el modelo. Según planteó, las AFAP dejarían de competir por afiliados y pasarían a hacerlo en licitaciones del Estado para administrar fondos, lo que transformaría la relación en un vínculo entre el Estado y gestores financieros, eliminando el rol del individuo.
Asimismo, advirtió que este esquema podría derivar en un monopolio estatal o en una fuerte reducción de la participación privada, dependiendo del diseño de esas licitaciones.
Finalmente, cuestionó que la reforma implique mejoras en las jubilaciones y sostuvo que, según los estudios presentados en el diálogo social, no habría ganancias significativas, atribuyendo el impulso del cambio a una visión sobre el rol del Estado en el sistema.
“Se está estatizando un servicio privado bajo la excusa de que va a haber ganancias de eficiencia jubilatoria, lo cual se va a traducir en mejores jubilaciones, lo que es mentira. (…) Simplemente se logra un capricho ideológico de que tiene que ser solo el Estado el que puede estar metido con el poder sobre el ahorro jubilatorio”, expresó Munyo.
“Se elimina a la persona del medio y se pasa a una relación entre el Estado y quien administre los fondos. Con este esquema, también podés quedar en la puerta de un sistema absolutamente estatal”, advirtió.
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Cambios en la edad de retiro
Otro punto que mencionó el PIT-CNT es el cambio en la edad de retiro, que supondría volver a los 60 años, pero con incentivos en las tasas de reemplazo para promover la postergación hacia edades más cercanas a los 65 años.
En la entrevista con El Observador, Bai había expresado que el gobierno evalúa habilitar el retiro a partir de los 60 años, pero utilizando incentivos en la tasa de reemplazo para diferenciar comportamientos según el perfil de cada trabajador.
La idea es que, si bien todos puedan jubilarse antes, los sectores de menores ingresos —que enfrentan mayores dificultades físicas, laborales y menor expectativa de vida— tengan condiciones más favorables para hacerlo a esa edad.
En cambio, para los trabajadores de ingresos medios y altos, se buscaría incentivar la permanencia en el mercado laboral hasta edades más cercanas a los 65 años, mediante mejores beneficios cuanto más se postergue el retiro.
Reforma de transferencias y políticas sociales
También se plantea una reformulación del sistema de transferencias sociales con tres ejes principales: unificación, ampliación y mejora de montos. Se busca integrar en un marco común instrumentos hoy dispersos —como asignaciones familiares, Tarjeta Uruguay Social y otros apoyos—, con reglas homogéneas de acceso.
A su vez, se apuntaría a ampliar la cobertura, reduciendo errores de focalización para llegar a niños, niñas y adolescentes que hoy quedan fuera, y a aumentar la suficiencia de las prestaciones para que tengan un impacto más significativo en la reducción de la pobreza.
El rediseño también incluiría cambios en los criterios de asignación: eliminar las escalas decrecientes en hogares numerosos (estableciendo montos per cápita más planos) y extender gradualmente los beneficios hacia sectores por encima de la línea de pobreza, con un esquema decreciente según ingresos.
En paralelo, se planteó revisar las condicionalidades de las asignaciones para la infancia, poniendo más énfasis en asegurar la asistencia educativa y los controles de salud, complementando las transferencias con políticas activas como becas y seguimiento de trayectorias. Por ejemplo, el PIT-CNT pidió quitar las condicionalidades, pero cámaras empresariales no estaban de acuerdo.
Cuidados y financiamiento
Según el PIT-CNT, también se propondría avanzar hacia la universalización del sistema de cuidados con una fuente de financiamiento propia.
También destaca la propuesta de crear una prestación mínima para personas mayores de 70 años sin ingresos.
En paralelo, hay otros puntos, como la ampliación de licencias paternales, la extensión de derechos para trabajadores por cuenta propia, la revisión de desigualdades normativas y cambios en la jubilación por incapacidad.
