El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que busca promover el acceso al trabajo de personas con mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral, a través de un sistema de subsidios a la contratación y otras medidas de apoyo.
La propuesta, denominada Ley de Empleo Integral, plantea reorganizar las políticas de empleo vigentes, poniendo el foco en colectivos específicos y simplificando los incentivos para empresas.
El instrumento central es un sistema de subsidios que cubrirá entre el 25% y el 80% del salario, dependiendo de las características de la persona contratada. La implementación implicaría una asignación de recursos en el entorno de los $ 407 millones (unos US$ 10 millones anuales).
Qué colectivos incluye y qué incentivos prevé
El proyecto establece subsidios a empresas privadas que contraten personas pertenecientes a determinados colectivos. Los porcentajes varían según la situación de desempleo y vulnerabilidad.
Jóvenes (15 a 29 años)
- 15 a 24 años (más de 3 meses desempleados):
hasta 33% del salario (mujeres) y hasta 25% (varones)
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25 a 29 años (más de 6 meses desempleados):
hasta 33% (mujeres) y hasta 25% (varones)
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En situación de vulnerabilidad:
hasta 66% (mujeres) y hasta 50% (varones)
Además, se establecen límites de jornada y la prohibición de horarios rotativos para este grupo.
Mujeres jefas de hogares monoparentales
- Desempleo mayor a 6 meses:
hasta 33% del salario
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En situación de vulnerabilidad:
hasta 66% del salario
Personas mayores de 50 años
Personas afrodescendientes
Personas privadas de libertad o liberadas
Incluye personas privadas de libertad, con medidas alternativas o liberadas hasta tres años.
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Subsidio:
hasta 80% del salario
Personas trans
- Subsidio:
hasta 80% del salario
Personas con discapacidad
- Subsidio:
hasta 80% del salario
El proyecto establece además que no perderán la pensión por invalidez durante la contratación y elimina requisitos que dificultaban el acceso al régimen.
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Cómo funcionan los subsidios
Los subsidios se calculan como un porcentaje del salario y tienen un tope de 3,7 BPC mensuales ($ 25.397).
Los contratos duran entre 6 y 12 meses y, en pequeñas empresas, los beneficios pueden extenderse hasta 18 meses con reducción gradual.
El proyecto también establece cupos de contratación según el tamaño de la empresa. En el caso de empresas de hasta 19 trabajadores, se habilita la contratación de hasta un trabajador bajo este régimen. Para aquellas que tienen entre 20 y 49 trabajadores, el límite es de hasta el 20% de la plantilla. En empresas de 50 o más trabajadores, el tope se fija en hasta el 15% del total de empleados. El objetivo es evitar la concentración de subsidios y promover una distribución más equitativa del instrumento.
Vencido el plazo, el contrato se extingue sin derecho a indemnización.
Si una persona cumple más de una condición, se aplica el subsidio más alto previsto.
Implementación y alcance
El Ministerio de Trabajo tendrá un rol central en la ejecución y difusión de la herramienta, con el objetivo de ampliar su uso en todo el país.
La normativa establece además condiciones para las empresas, entre ellas la prohibición de despedir o enviar al seguro de paro a trabajadores de la misma categoría en los días previos o durante la contratación, con el objetivo de evitar la sustitución de empleos existentes.
El proyecto amplía además los grupos beneficiarios respecto a la normativa vigente e incorpora medidas para facilitar el acceso de micro, pequeñas y medianas empresas, que han tenido dificultades para utilizar estos instrumentos.
La iniciativa también incluye apoyo a emprendimientos, acceso a formación profesional y mecanismos para compatibilizar trabajo y estudio.
Una herramienta dentro de una estrategia más amplia
Las autoridades señalaron que el proyecto no busca resolver por sí solo los problemas de empleo, sino funcionar como una herramienta adicional dentro de una política más amplia orientada a mejorar el acceso al trabajo y generar nuevas oportunidades laborales.
