Proponen eliminar los monoambientes, la tipología en crecimiento que ya supera las 2.200 unidades construidas
El senador Gustavo González busca prohibir el "ambiente único" al considerar que el modelo actual prioriza la rentabilidad sobre el derecho a una vivienda decorosa. En 2025, el gobierno del Frente Amplio hizo cambios en Vivienda Promovida, pero no introdujo modificaciones en las modalidades de construcción ni en las exigencias de tipologías mínimas
Pexels
Más de 2.200 monoambientes fueron promovidos bajo el régimen de Vivienda Promovida (ex Vivienda de Interés Social) y hoy su precio promedio supera los US$ 92.200. En ese contexto, el senador del Partido Socialista, Gustavo González, presentará un proyecto de ley que busca modificar sustancialmente la regulación de la vivienda en el país.
Cabe precisar que la iniciativa no pone el foco en el valor de mercado de las unidades, sino en su falta de condiciones de habitabilidad, ya que considera que las dimensiones y el diseño actual vulneran derechos fundamentales y la propia Constitución de la República.
La iniciativa propone, en la práctica, la desaparición legal del concepto de monoambiente al exigir divisiones físicas obligatorias para el área de descanso en todas las nuevas construcciones.
El legislador fundamenta su iniciativa en la necesidad de recuperar los estándares de la Ley Nacional de Vivienda de 1968, que fue modificada para favorecer el desarrollo de unidades de apenas 25 metros cuadrados. Según González, el modelo actual responde a una lógica mercantil que prioriza la rentabilidad por encima del derecho a la vivienda, según afirmó en una entrevista con el programa Cinco Sentidos de Canal 5 esta semana.
Nuevos estándares y el fin del "ambiente único"
La propuesta legislativa establece límites estrictos para todas las futuras obras. El proyecto exige un mínimo de 35 metros cuadrados para cualquier unidad habitacional básica. Sin embargo, el cambio fundamental es que toda unidad deberá contar con al menos un dormitorio separado del resto de la casa. Esto implica que el proyecto no busca simplemente agrandar los espacios, sino prohibir técnicamente el modelo de "ambiente único", obligando a que el área de dormir esté físicamente dividida del sector de cocina y convivencia.
Además, el texto introduce una escala según el núcleo familiar: por cada dormitorio adicional se deberán sumar 15 m² a la superficie mínima exigida. Según explicó el senador en su canal de YouTube, el criterio apunta a que, a mayor cantidad de integrantes del hogar, mayor sea también la superficie habitable. “Eso sería lo mínimo que estoy dispuesto a soportar", detalló el senador.
Respaldo técnico: El cuestionamiento de la academia
La iniciativa de González coincide con una reciente investigación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Udelar. El estudio, realizado por las arquitectas Alina del Castillo y Graciela Lamoglie, identifica un punto de quiebre en abril de 2020: en esa fecha, una modificación reglamentaria incorporó formalmente la promoción de monoambientes de entre 25 y 40 metros cuadrados.
El informe da cuenta de que las viviendas promovidas son, en general, unidades pequeñas, con predominancia cada vez mayor de un dormitorio y un aumento en el porcentaje de monoambientes.
Desde esa modificación y hasta diciembre de 2024, del total de viviendas aprobadas en ese período para todo el país (22.706), estas dos tipologías representaron el 61% de la producción (13.942).
El desglose revela que 11.674 son de un dormitorio y 2.268 (10%) son monoambientes, con una concentración crítica en zonas como Centro y La Blanqueada. El estudio académico sostiene que, si bien hay un aumento de hogares unipersonales, esto no justifica el apoyo estatal con exoneraciones a un tipo de vivienda que no provee condiciones de habitabilidad adecuadas.
A esto se suman los datos oficiales de precios. Según el último informe de la Agencia Nacional de Vivienda, el precio promedio de los monoambientes en el régimen de Vivienda Promovida se ubicó en US$ 92.208 en el año móvil cerrado a agosto de 2025.
20250903 Vista de la ciudad de Montevideo, edificios, apartamentos, mercado inmobiliario, real estate, venta, alquileres, vivienda promovida, inmuebles.
Foto: Inés Guimaraens
Transitoriedad y uso comercial encubierto
Las investigadoras de la FADU advierten sobre la "impronta de transitoriedad" de esas unidades. Al no permitir el afincamiento de familias o diversos grupos de convivencia, se impide la construcción de tejido social y sentido de vecindad, fundamentales para una ciudad integrada y democrática, explican.
Asimismo, el informe denuncia que, al no haber control sobre el destino final, muchos monoambientes exonerados de impuestos terminan destinados a usos no residenciales, como oficinas o consultorios. El estudio también cuestiona la incoherencia del sistema, ya que estas tipologías no son admitidas en otros programas públicos, como el cooperativismo de vivienda. Además señala que estas unidades son las más demandadas para el alquiler transitorio por plataformas.
Impacto social y legal
Para González, la situación actual es insostenible. El senador cuestiona duramente los argumentos del sector inmobiliario y señala que, en la realidad, muchas familias terminan habitando estos espacios reducidos por falta de opciones. González también puso en duda la adecuación de estas unidades para la crianza y el desarrollo de niños. Sostuvo que la proliferación de estas unidades contradice el mandato constitucional que garantiza el derecho de todo habitante a una vivienda decorosa.
Descentralización de la inversión, pero con los mismos estándares
En 2025, el gobierno del Frente Amplio implementó cambios normativos en el régimen de Vivienda Promovida, pero estos no introdujeron modificaciones en las modalidades de construcción ni en las exigencias de tipologías mínimas, manteniendo vigente la libre construcción de unidades de ambiente único.
El cambio central consistió en un "redireccionamiento" estratégico liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que asumió la gestión del programa a través de la nueva Dirección Nacional de Incentivos a la Inversión. El objetivo actual es descentralizar la inversión —que hoy se concentra en un 90% en Montevideo, Canelones y Maldonado— para orientarla hacia departamentos con mayores problemáticas de empleo y pobreza.
Apoyo político y avance parlamentario
González confirmó que la iniciativa ya ha comenzado su recorrido institucional y que fue planteada en la bancada, donde varios senadores y senadoras del Frente Amplio manifestaron su acuerdo con la propuesta. El legislador espera que el texto pase pronto a la Comisión de Vivienda, contando ya con el apoyo manifiesto de varios integrantes de su bloque político.
