Un proyecto de ley presentado en el Parlamento propone crear un subsidio de vivienda joven y arraigo estudiantil para cofinanciar el costo del alquiler de familias jóvenes de bajos ingresos y estudiantes del interior que cursen estudios terciarios o universitarios.
La iniciativa, presentada por la diputada del Partido Nacional, Myriam Silva, establece que el subsidio será administrado por el Fondo de Solidaridad, que también tendrá a su cargo la validación de los beneficiarios mediante el intercambio de información con el Registro Civil, instituciones educativas y el Banco de Previsión Social.
El proyecto prevé dos grupos de beneficiarios
Por un lado, podrán acceder familias jóvenes con al menos un integrante menor de 35 años, con hijos menores a cargo o embarazo certificado, cuyos ingresos nominales del núcleo familiar se ubiquen entre 6 y 25 Unidades Reajustables (UR).
Por otro, podrán solicitar el beneficio estudiantes menores de 30 años provenientes del interior del país que deban trasladarse a otra localidad para cursar estudios terciarios o universitarios y cuyos ingresos se encuentren entre 6 y 20 UR.
En ambos casos, los beneficiarios no podrán ser propietarios de bienes inmuebles en el territorio nacional.
De cuánto sería el subsidio
La propuesta establece que el Estado cubrirá el 35% del valor del alquiler para las familias jóvenes y el 45% para los estudiantes del interior.
El beneficio se otorgaría por un plazo de 24 meses y podría renovarse mientras se mantengan las condiciones de ingresos. En el caso de los estudiantes, además, deberán acreditar la aprobación del 40% de los créditos anuales, mientras que para las familias también se contempla la renovación ante el nacimiento de un nuevo hijo.
Cómo se financiaría
Según el proyecto, el fondo para financiar el subsidio se integraría con tres fuentes de recursos:
- el 15% de lo recaudado por la Contribución Adicional al Fondo de Solidaridad;
- lo recaudado por un impuesto a las viviendas urbanas que permanezcan desocupadas durante más de un año sin causa justificada;
- partidas específicas que se asignen en las leyes de Presupuesto Nacional y de Rendición de Cuentas.
Incentivos para propietarios y garantías
La iniciativa también propone que los propietarios que alquilen inmuebles bajo este régimen queden exonerados del 100% del IRPF correspondiente a los ingresos obtenidos por esos contratos.
Además, dispone que el Estado, a través de la Contaduría General de la Nación o del Servicio de Garantía de Alquileres, otorgue de forma prioritaria la garantía de alquiler a los beneficiarios del subsidio.
El texto prevé que, en caso de aprobarse la ley, el Poder Ejecutivo disponga de un plazo de 90 días para reglamentarla y establecer topes máximos al valor de los alquileres según la zona geográfica, con el objetivo de evitar distorsiones en los precios del mercado.
Los argumentos del proyecto
En la exposición de motivos, la iniciativa sostiene que el acceso al alquiler representa una de las principales dificultades para los jóvenes de menores ingresos, especialmente en Montevideo, y afirma que esa situación incide tanto en la posibilidad de formar un hogar como en la continuidad de los estudios.
El texto señala que el subsidio busca, por un lado, aliviar la carga económica de las familias jóvenes para que puedan destinar una mayor proporción de sus ingresos a la crianza de sus hijos y, por otro, facilitar que estudiantes del interior permanezcan en el sistema educativo al reducir el costo del alojamiento.
La exposición de motivos también fundamenta que el Fondo de Solidaridad sea el administrador del programa por considerar que cuenta con la capacidad técnica y los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento de los estudiantes.
Respecto al financiamiento, el proyecto sostiene que la propuesta busca un modelo redistributivo mediante recursos provenientes de la Contribución Adicional al Fondo de Solidaridad y complementarlo con incentivos fiscales para promover la oferta de viviendas en alquiler.
“La ley propone un modelo donde el éxito de unos financia el comienzo de otros. A través de la Contribución Adicional, los profesionales con mayores ingresos y años de ejercicio sostienen el techo de las nuevas generaciones. Asimismo, se incentiva al mercado privado mediante exoneraciones fiscales (IRPF)”, dice el proyecto a estudio de la Comisión de Vivienda y Territorio de Diputados.
