El Partido Popular (PP) llevará el próximo martes al Senado, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el debate sobre los problemas registrados en 2024 con las pulseras de control telemático de agresores machistas. La formación aprovechará la convocatoria, inicialmente prevista para tratar una moción sobre la defensa de la dignidad de las mujeres y el aumento de las agresiones sexuales, para abordar la fallida descarga de datos de ubicación de los agresores con orden de alejamiento.
Petición de explicaciones y dimisión
El PP ha solicitado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparezca en la Comisión para dar explicaciones, pedir perdón y dimitir. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "haber dejado desprotegidas a las víctimas e impunes a los agresores", y sostuvo que la dimisión sería la única salida digna para Redondo.
Participación de consejeros y otras cuestiones de violencia machista
En la sesión del martes participarán consejeros populares con competencias en igualdad, quienes podrán intervenir libremente y por el tiempo que consideren necesario, según el reglamento de esta Comisión. Además de las pulseras, se tratarán otras cuestiones como la necesidad de una ley integral contra la trata de perso nas y el aumento de las agresiones sexuales. El PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, ha utilizado previamente esta Comisión para debatir asuntos polémicos como la ley de amnistía o la financiación singular de Cataluña.
Críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió que se depuren responsabilidades por los fallos en las pulseras, calificando la situación de muestra de “muy poco feminismo y transparencia”.
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Isabel Díaz Ayuso, este domingo en el Congreso del PP en Madrid.
Ayuso denunció que los hechos han dejado a muchas mujeres desprotegidas, y aseguró que el relato oficial contiene "vacíos, huecos y mentiras". La presidenta autonómica subrayó la necesidad de investigar a fondo cómo fue posible que tantas mujeres quedaran en riesgo y exigió medidas para garantizar responsabilidades y corregir la gestión.
Este debate se produce en un contexto de creciente tensión política y social sobre la protección de las víctimas de violencia machista y la eficacia de los mecanismos de control de agresores en España.
