Contexto:
¿Qué ha ocurrido con la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz?
El PP ha solicitado una revisión por parte de la Comisión Europea sobre la contratación de David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz. Según el PP, existe la sospecha de que se le creó un puesto "ad hoc" en el Área de Cultura de dicha institución pública, lo que vulneraría los principios de imparcialidad e igualdad en el empleo público establecidos por la legislación europea.
¿Cuál es el vínculo entre la contratación de David Sánchez y el exasesor Luis Carrero?
La Guardia Civil ha descubierto que Luis Carrero, quien fue asesor del presidente Sánchez y posteriormente contratado en la Diputación de Badajoz, mantuvo 329 comunicaciones con David Sánchez entre 2022 y 2024. En uno de esos intercambios, Carrero se ofrece como colaborador para el hermano del presidente en el Área de Cultura, lo que refuerza las acusaciones de tráfico de influencias y posible trato de favor.
¿Qué fundamento tiene el PP para pedir la intervención de la Comisión Europea?
El Partido Popular se apoya en varios artículos del Tratado de la Unión Europea, específicamente en los artículos 9 y 10, que exigen principios de igualdad, imparcialidad en la administración pública y prevención de conflictos de interés. También se cita el artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE, que establece la importancia de la transparencia y la imparcialidad en el acceso al empleo público.
¿Qué preguntas plantea el PP a la Comisión Europea?
El PP ha pedido a la Comisión que investigue si la contratación de David Sánchez, beneficiado de manera directa por su vínculo familiar con el presidente del Gobierno, constituye una violación del principio de imparcialidad administrativa. Además, cuestionan qué medidas tomará la Comisión para garantizar que España cumpla con los estándares europeos en cuanto a la transparencia y la igualdad de acceso al empleo público.
¿Qué otras implicaciones podría tener esta investigación?
En paralelo a la petición del PP, la jueza encargada de la investigación por prevaricación y tráfico de influencias ya ha señalado que volverá a interrogar a David Sánchez. Este proceso podría derivar en mayores implicaciones legales si se comprueba que hubo irregularidades en la contratación o tráfico de influencias entre los involucrados. Además, la situación pone presión sobre el Gobierno español para demostrar que cumple con los estándares de buen gobierno, tal y como exigen los valores democráticos de la UE.
Cómo sigue:
La petición de investigación ante la Comisión Europea podría dar lugar a una evaluación detallada del caso, lo que implicaría que la Comisión pida explicaciones al Gobierno español sobre el proceso de contratación en la Diputación de Badajoz. Si se confirma que las normas europeas sobre imparcialidad y transparencia fueron vulneradas, la Comisión podría recomendar medidas correctivas y sanciones para evitar futuras irregularidades. Además, el proceso judicial que se sigue en paralelo sobre David Sánchez podría ampliar las implicaciones legales y políticas del caso, lo que podría generar un mayor escrutinio público y una creciente presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.
