El adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre implica la disolución de las Cortes Generales y la inmediata paralización del calendario legislativo. Esta decisión deja en el aire y provoca el decaimiento de una amplia batería de reformas y proyectos normativos de marcado carácter social que impulsaba el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar, abarcando materias que van desde la protección a la infancia y la igualdad hasta la legislación migratoria.
Las iniciativas de Igualdad que caen por la disolución de las Cortes
El Ministerio de Igualdad encabeza uno de los paquetes legislativos más afectados por el fin abrupto de la legislatura. Entre los textos que decaen destaca la Ley de Violencia Vicaria, que superó su primer examen en el Congreso el pasado 30 de septiembre. Esta norma tipificaba la violencia vicaria como un agravante de género, establecía la privación automática de la patria potestad a los padres condenados por maltrato y prohibía de forma explícita a los penalizados por este delito hablar sobre el crimen por un periodo de hasta 20 años.
Asimismo, tampoco saldrán adelante otras dos iniciativas clave:
Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos: Se encontraba pendiente de su aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros tras ser adaptada para alinearse con la Directiva Europea de Trata, según argumentó la ministra Ana Redondo el pasado junio.
Ley contra las prácticas de conversión LGTBI: Había completado ya su tramitación en el Congreso de los Diputados y se hallaba en curso dentro del Senado.
Parálisis en la reforma constitucional para blindar el aborto
En el ámbito constitucional, el adelanto de los comicios bloquea de manera definitiva la reforma del artículo 43 de la Constitución Española. Esta modificación, que se encontraba en plena tramitación parlamentaria, tenía como objetivo blindar el derecho al aborto dentro del texto constitucional.
Proyectos paralizados en Derechos Sociales y financiación familiar
El departamento de Derechos Sociales sufre igualmente el decaimiento de normas estratégicas, entre las que sobresale la Ley de Familias, atascada en su fase parlamentaria en el Congreso.
A esta paralización se suma el impacto de la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), condición indispensable que frena la implantación de la prestación universal por crianza, una de las demandas prioritarias de Sumar. A su vez, la Ley de Servicios Sociales —impulsada originalmente por Ione Belarra y asumida posteriormente por el ministro Pablo Bustinduy— decayó sin haber logrado regresar al Consejo de Ministros.
El impacto en Infancia y Juventud: redes sociales y derechos de menores
El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ve interrumpido el avance de varias normas orientadas a la protección de los menores de edad y a la participación juvenil:
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Protección en entornos digitales: El proyecto de Ley Orgánica para la protección de los menores en entornos digitales queda frenado en fase de ponencia en el Congreso. Su meta principal era restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
Reforma de la LOPIVI: La modificación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada en primera vuelta en mayo, no completará su tramitación. El texto contemplaba la garantía de escucha al menor y el distanciamiento de los progenitores acusados de maltrato.
Otras normas en borrador: Decaen la futura Ley de familias acogedoras —prevista para impulsar la acogida y adopción tras el periodo estival— y la Ley de Juventud, cuyo borrador se negociaba con el PSOE con la propuesta de rebajar el derecho a voto a los 16 años.
Situación de la legislación sobre Asilo y la Ley de Extranjería
El adelanto electoral impacta de forma directa en las iniciativas del Ejecutivo dirigidas a adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo. En este marco, no verán la luz ni la nueva Ley de Asilo ni la reforma de la Ley de Extranjería, dos anteproyectos aprobados únicamente en primera vuelta por el Consejo de Ministros. Tampoco se concretará el decreto que estudiaba el Gobierno para agilizar las solicitudes de asilo en Ceuta, el cual planteaba prescindir del examen previo de ACNUR.
Por el contrario, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería —orientada a fijar el reparto obligatorio de menores no acompañados en situaciones de contingencia migratoria— continuará aplicándose. Aunque se tramitaba como proyecto de ley en el Congreso, el Decreto-Ley mantendrá su vigencia tal y como fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al haber sido convalidado previamente por la Cámara Baja.
