La corrupción sigue siendo una asignatura pendiente en España, como muestra el reciente escándalo de supuestos pagos ilegales a cambio del otorgamiento de obra pública, que sacudió al PSOE y puso al Gobierno de Pedro Sánchez contra las cuerdas.
El último informe Panorama de las Administraciones Públicas 2024 de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) asegura que España continúa sin implementar un plan estratégico de lucha contra la corrupción, a pesar de los compromisos adquiridos con el organismo internacional.
España figura entre los cinco países miembros —junto a Islandia, Irlanda, Noruega y Canadá— que nunca tuvieron en vigor un plan integral para controlar los riesgos de corrupción y auditar de forma sistemática todo el sector público.
El informe, basado en encuestas a altos funcionarios públicos, apunta que en España no existe una estrategia global que abarque a todos los poderes del Estado —legislativo, ejecutivo, judicial y administrativo— ni a los entes públicos, empresas estatales y subcontratas.
Canadá, aunque en la misma categoría, cuenta con iniciativas regionales debido a su estructura federal.
El informe destaca el trabajo de Alemania, Japón y Australia
En contraste, países como Alemania (desde 2004), Japón (desde 2006) o Australia (desde 2013) cuentan con planes nacionales en vigor, aprobados por ley y sin fecha de caducidad.
La OCDE subraya que una estrategia anticorrupción eficaz debe ser adoptada por el conjunto del Gobierno y no limitarse a medidas sectoriales o internas.
El informe critica que, en España, a pesar de contar con organismos especializados —como la Oficina de Conflictos de Intereses, la IGAE, el Consejo de Transparencia o el Tribunal de Cuentas—, no existe una entidad central con visión integral ni mecanismos objetivos para medir los avances.
Además, aunque España presenta buenos resultados en materia de regulación de integridad (100%) y auditoría interna (78%), la implementación práctica es muy inferior: un 37% y un 33%, respectivamente.
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El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.
Apuntan a la falta de recursos y vaivenes políticos
Este déficit de cumplimiento no es exclusivo de España. A nivel global, incluso en países con planes activos, solo el 50% de las medidas se aplicaron en 2024.
Las causas más comunes de este incumplimiento son la falta de recursos, la debilidad de las estructuras de ejecución o los vaivenes políticos. Solo países como Estonia y Chile destacan por implementar más del 80% de sus planes.
La publicación del informe llega en un momento delicado para la imagen institucional española, coincidiendo con nuevas derivaciones del Caso Koldo.
Este escándalo apunta a la supuesta implicación del exministro José Luis Ábalos y del renunciado secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en el cobro de comisiones ilegales.
Hasta ahora, el Gobierno no anunció ninguna medida concreta, más allá de una auditoría externa prometida por el presidente Pedro Sánchez dentro del PSOE.
Por último, el informe recoge la percepción ciudadana sobre la corrupción en las instituciones.
Aunque la confianza en las administraciones no es de las más bajas de la OCDE, sí se refleja una mayor desconfianza hacia los políticos que hacia los funcionarios.
El 41% de los encuestados cree probable que un alto cargo acepte un puesto en el sector privado a cambio de favores, frente a un 37% que considera probable que un funcionario acepte un soborno.
