La gestión integral por la región catalana de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y que los Mossos d'Esquadra (policía local) colaboren con Policía y Guardia Civil en las fronteras de puertos y aeropuertos catalanes son otros dos aspectos controvertidos de la proposición de ley registrada conjuntamente por PSOE y Junts a primera hora de este martes.
El pacto migratorio es uno de los puntales de la cooperación entre los dos partidos, que mantienen una ronda de negociaciones en Suiza, y se activó una semana después de que los liderados por Carles Puigdemont retiraran su propuesta de una cuestión de confianza parlamentaria a Pedro Sánchez.
Podemos: "Un pacto racista"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, lamentó que los socialistas alcancen un acuerdo con un partido antiinmigración que compite con la ultraderecha (Aliança Catalana) y el secretario de organización, Pablo Fernández, lo llamó directamente "pacto racista".
Para salir adelante en la Cámara Baja la ley orgánica necesitará 176 votos a favor, la mitad más uno de los escaños del hemiciclo, y si Podemos une su rechazo a los de PP, Vox y UPN alcanzarían los 175 negativos, que lo impedirían.
Núñez Feijóo: "Una humillación sin precedentes"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este martes en Barcelona, al visitar el MWC, que supondría una humillación sin precedentes y profundizaría en el desmantelamiento del Estado, mientras la secretaria general, Cuca Gamarra, llamó a Sánchez "pelele" de Puigdemont por este nuevo pacto.
"Están entregando España a plazos", sostuvo la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, mientras el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, lo tildó de "pacto criminal" contra la unidad nacional de España; y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cree que estaría "al margen de la ley".
Lo mismo creen las asociaciones de guardias civiles y policías, que pidieron que dimita el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras considerar inconstitucional el traspaso de estas competencias, algo en lo que no están de acuerdo desde Sumar, según señaló Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, en TVE.
El respaldo de Yolanda Díaz
Díaz explicó que la competencia seguirá siendo del Estado, aunque se delegue la gestión a la comunidad autónoma, por lo que se respeta tanto la Constitución, que lo prevé en el artículo 150, como el marco europeo.
No obstante, no adelantó si Sumar dará un sí en el Congreso a la iniciativa acordada por su socio de gobierno, aunque desde este grupo algunos diputados indicaron que tratarán con enmiendas de enriquecer el texto, que ven como un buen punto de partida.
ERC tampoco precisó cómo votará, y mientras Pere Aragonès, expresidente del Govern, dijo en TV3 que tener más competencias para el país siempre es positivo, el portavoz del grupo en el Congreso, Gabriel Rufián, tuiteó que es necesario que esas competencias "se utilicen bien".
Bildu, BNG y CC sin definición
En un análisis de la proposición de ley, sin definir todavía su postura, se encuentran otros partidos, como EH Bildu, BNG y CC.
Puigdemont, en una rueda de prensa telemática, valoró que el Gobierno de Cataluña pueda adquirir "una competencia que normalmente ejercen los estados", lo que hará que esa región esté "mucho más preparada para su futuro como nación".
El expresidente catalán llama a aprovechar el tiempo para prepararse, toda vez que la ley fija seis meses tras la entrada en vigor. Las competencias las asumiría un Gobierno en manos esta legislatura del PSC, con Salvador Illa al frente.
Illa no hizo una referencia expresa al pacto durante un discurso sobre la Sindicatura de Cuentas, pero sí valoró que las competencias siempre serán ejercidas con el máximo rigor y responsabilidad. "Cualquier avance competencial y mejora del autogobierno es siempre bienvenido", definió.
Ni la ministra portavoz, Pilar Alegría, ni la titular de Migraciones, Elma Saiz, indicaron en la rueda de prensa en la Moncloa posterior al Consejo de Ministros si el pacto allana el apoyo de Junts a los presupuestos del Estado, como tampoco lo aclaró Puigdemont.
Saiz destacó el respeto a la Constitución de una delegación de competencias del Estado a una comunidad y matizó que no se cede el control de fronteras a los Mossos, porque el cuerpo catalán cooperará y colaborará con la Policía y la Guardia Civil.
Ninguna otra comunidad pidió esta competencia, según dijo Saiz en Madrid, al tiempo que la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, del PNV, sostuvo que examinan con gran interés el acuerdo entre PSOE y Junts, y que lo tendrán "muy en cuenta" para analizar la petición de nuevas competencias.
FUENTE: Con información de agencias
