El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes que el acuerdo entre su partido y el PSOE para delegar la competencia en materia de inmigración a la Generalitat representa la asunción de cuestiones que son "competencias que normalmente ejercen los estados".
Así lo manifestó en rueda de prensa, tras el registro en el Congreso de una propuesta de ley orgánica que permitirá a Cataluña gestionar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la devolución de aquellos extranjeros con prohibición de entrada. Según Puigdemont, la medida permitirá administrar "todo lo que tenga que ver con la vida de una persona que llegue a Cataluña".
Cataluña controlará la inmigración
El acuerdo, presentado como la Ley Orgánica para la Delegación de Competencias en Materia de Inmigración, contempla además que los Mossos d'Esquadra gestionen la seguridad en puertos y aeropuertos, en cooperación con la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Desde Junts, Puigdemont ha calificado la delegación como "integral" y ha señalado que con esta nueva atribución, Cataluña estará "mucho más preparada para su futuro como nación".
Puigdemont pude traspasos económicos
El líder independentista ha advertido que la asunción de estas competencias "no será fácil ni rápida", ya que requerirá traspasos de personal, económicos y de bienes.
Asimismo, recordó que seis meses después de la entrada en vigor de la ley, la Generalitat "tendrá que empezar a actuar", por lo que instó a "aprovechar el tiempo" hasta entonces para preparar la transición.
La policía y la Guardia Civil lo rechazan
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha calificado la cesión de competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña como un "mercadeo político" y ha advertido que esta medida "choca frontalmente con el marco legal vigente".
A través de un comunicado, la AUGC expresó su "preocupación y rechazo" ante el acuerdo entre el PSOE y Junts, que permitirá a los Mossos d'Esquadra gestionar la seguridad en puertos y aeropuertos, así como tener presencia en las fronteras en cooperación con la Policía Nacional y la Guardia Civil. También criticó que la Generalitat asuma el control de los CIE y la devolución de extranjeros.
"Esta medida choca frontalmente con el marco legal vigente, ya que la competencia en materia de inmigración es exclusiva del Estado y está encomendada a la Policía Nacional y la Guardia Civil", advirtió la AUGC, subrayando que el control de fronteras, la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración irregular "son funciones esenciales del Estado que no pueden ser objeto de mercadeo político".
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En la misma línea, el sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, expresó su "profunda indignación" ante lo que calificó como un "bochornoso acuerdo" entre el PSOE y Junts. Además, exigió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su complicidad ante lo que consideran "un ataque frontal al Estado de derecho", una vulneración de la Constitución y "un paso más en el desmantelamiento de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña".
