Lo tramitará ahora como proyecto de ley, algo que retrasará su implementación, como mínimo, medio año.
Tibidabo
A tan solo dos días de su entrada en vigor, prevista para este jueves, el Govern de Catalunya ha decidido aplazar la subida de la tasa turística, inicialmente establecida para duplicar el Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET).
En su lugar, se tramitará a través de un proyecto de ley, lo que retrasa su implementación, como mínimo, medio año. Esta decisión abre la puerta a posibles modificaciones en el texto, algo que el sector turístico llevaba reclamando desde hace meses.
Silvia Paneque, portavoz del Govern, ha anunciado la medida dentro de un paquete de acuerdos adoptados por el ejecutivo. El aumento de la tasa fue pactado en febrero con los comunes y aprobado en marzo mediante un decreto ley, con aplicación prevista para el 1 de mayo.
Sin embargo, el decreto aún no había sido convalidado por el Parlament de Catalunya, lo que generó confusión y malestar en el sector turístico, que desde el principio denunció la falta de consenso y diálogo sobre la medida.
El incremento, que se preveía aplicar a partir de este mes de mayo, había sido muy criticado por las asociaciones del sector, que alertaban sobre la falta de tiempo para adaptarse a los cambios y la ausencia de un proceso de consulta adecuado.
De acuerdo con Paneque, al tramitarse como proyecto de ley, el incremento de la tasa turística no podrá entrar en vigor hasta después de la primera liquidación posible de la tasa, es decir, dentro de medio año. Las liquidaciones de la tasa se realizan en abril y octubre, lo que significa que el impacto de la subida podría demorarse hasta el segundo semestre de 2025.
Además, el decreto ley original permitía a los municipios, especialmente al Ayuntamiento de Barcelona, duplicar el recargo de la tasa, una medida que había generado controversia entre los gestores turísticos locales.
Ayer, el vicesecretario general de comunicación de ERC, Isaac Albert, afirmó que su partido estaba dispuesto a convalidar el decreto, siempre que se tramitara como proyecto de ley, permitiendo así la participación de los grupos parlamentarios y la posibilidad de introducir modificaciones al texto.
La aplicación de un recargo elevado sobre los servicios turísticos en Cataluña ha generado preocupación tanto en los empresarios del sector como entre los turistas que visitan la región.
La medida podría afectar el flujo de turistas, especialmente en un momento en que la economía catalana depende en gran medida de la actividad turística. La forma en que se resuelva este conflicto entre el Govern y el sector marcará la dirección futura de la política turística de la región.
FUENTE: El Observador