Este jueves entró en vigor una reforma clave en la Ley de Propiedad Horizontal en España, que otorga a las comunidades de vecinos la posibilidad de prohibir los pisos turísticos en su edificio.
Esta medida, que afecta a las viviendas de uso turístico (VUT), se establece para regularizar el sector y mitigar el impacto de los pisos turísticos en las comunidades residenciales.
¿Cómo pueden las comunidades de vecinos prohibir los pisos turísticos en España?
La nueva normativa permite que las comunidades de propietarios puedan votar para prohibir los pisos turísticos, pero para que esta decisión sea vinculante, deberán cumplirse ciertos requisitos.
Mayoría cualificada: Se requiere el voto favorable de tres quintas partes del total de los propietarios, quienes a su vez deben representar las tres quintas partes de las cuotas de participación en la comunidad.
Proceso de aprobación: La decisión debe adoptarse en una junta de propietarios convocada específicamente para tratar el tema de los pisos turísticos. Este punto debe incluirse en el orden del día.
Inscripción en el Registro de la Propiedad: Para que el acuerdo sea efectivo frente a terceros, debe ser registrado oficialmente en el Registro de la Propiedad.
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Aunque la ley permite que las comunidades de vecinos prohíban los pisos turísticos en sus edificios, esta medida no afectará a aquellos pisos turísticos que ya estén operando en el momento de la entrada en vigor de la ley. No obstante, los propietarios de estos pisos tendrán que asumir un aumento de gastos comunes, que podría llegar hasta un 20% debido al mayor uso de los servicios compartidos.
El impacto en las grandes ciudades y zonas turísticas
Este cambio legislativo tiene un impacto significativo, especialmente en las grandes ciudades y zonas turísticas de España, como Madrid y Barcelona, donde la presencia de pisos turísticos ha aumentado considerablemente en los últimos años.
En muchas zonas, los propietarios de viviendas residenciales han expresado su malestar por la invasión de turistas en edificios de uso exclusivamente residencial, lo que ha generado tensiones y problemas de convivencia.
En particular, Madrid cuenta con más de 15.000 pisos turísticos ilegales, y muchos residentes han exigido que el gobierno municipal implemente medidas más estrictas para regular esta actividad. La falta de acción de las autoridades ha sido criticada por varias agrupaciones vecinales, quienes celebran la reforma como un paso hacia una solución más efectiva para la convivencia en zonas urbanas.
