Las comunidades de propietario en España, a partir del 3 de abril, obtendrán mayor control sobre el alquiler de pisos turísticos, un cambio clave que altera la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).
Esta reforma tiene como objetivo regularizar la creciente actividad de alquiler vacacional, ofreciendo a las comunidades un mayor poder para decidir sobre la presencia de estos alojamientos en sus edificios.
El nuevo marco legal de la Ley de Propiedad Horizontal en España
La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal establece que los propietarios que deseen convertir una vivienda en un piso turístico deberán contar con la aprobación explícita de las comunidades de vecinos.
En este sentido, será necesario contar con el voto favorable de tres quintas partes del total de los propietarios, lo que representa no solo una mayoría, sino también la mayoría de las cuotas de participación en la comunidad.
Con esta medida, se otorga a las comunidades una herramienta para gestionar la proliferación de pisos turísticos, que a menudo generan tensiones debido al ruido y la saturación de las zonas comunes, afectando la convivencia entre los vecinos.
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Cómo impacta esta decisión en los propietarios
Los propietarios de viviendas que ya operan como pisos turísticos antes de esta reforma podrán continuar con su actividad, pero deberán cumplir con las nuevas normativas locales y garantizar la obtención de las licencias necesarias para operar de forma legal.
Sin embargo, aquellos que no cuenten con la aprobación comunitaria y no respeten las decisiones de la junta de propietarios podrían enfrentarse a sanciones económicas que pueden llegar hasta los 600.000 euros, dependiendo de la comunidad autónoma.
Este cambio también contempla un aumento de la regulación sobre las cuotas de los propietarios que alquilen sus viviendas con fines turísticos. Las comunidades podrán imponer un incremento de hasta el 20% en las cuotas ordinarias para aquellos propietarios de pisos turísticos, lo que se justifica como una compensación por el mayor uso de las zonas comunes y las molestias derivadas de la actividad turística.
Con este nuevo marco, se pretende equilibrar los intereses de los propietarios, inquilinos y turistas, garantizando que la actividad turística se realice de manera ordenada y respetuosa con el entorno.
